Anice defiende el uso correcto de las fórmulas de contratación de servicios que recoge la normativa laboral
La Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice) defiende el uso correcto y lícito de todas las fórmulas de contratación de servicios que están recogidas en la normativa laboral. Así lo ha manifestado públicamente incluso en comunicados conjuntos firmados con las principales organizaciones sindicales, en los que el sector ha rechazado y rechaza tanto las falsas cooperativas como el mal uso de esta figura, y está en condiciones de avanzar para preparar una mejor regulación, dentro y fuera del convenio que regula las relaciones laborales en las industrias cárnicas.
Anice manifiesta que las cooperativas de trabajo asociado son una fórmula lícita y evaluada tanto administrativa como judicialmente y, por lo tanto, no es admisible que se intente cercenar su uso en las empresas por la vía de los “hechos consumados” sin permitir que el sector, a través de sus organizaciones empresariales, pueda manifestar su posición sobre la cuestión y las diferentes propuestas sobre las cuales ha estado trabajando.
Hay que tener en cuenta que esta fórmula legal de contratación de servicios es clave en un sector que es el primer empleador de la industria alimentaria, con casi 100.000 empleos directos y con una importante proyección internacional y dependencia de las exportaciones.
Las cooperativas de trabajo son un instrumento que proporciona flexibilidad y permiten a las empresas competir en los complejos y duros mercados internacionales, en los que consiguen generar valor con su actividad exportadora para generar en nuestro país empleo estable, balanza comercial positiva (casi 5.000 millones de euros en 2017) y riqueza económica y social no solo en la industria sino en toda la cadena cárnica, desde la producción agroganadera hasta el comercio.
Desde Anice se está trabajando desde hace meses en la búsqueda de soluciones que permitan una mejor regulación de las Cooperativas de trabajo asociado y, por lo tanto, escuchar a las organizaciones sindicales y no a las organizaciones empresariales que, en definitiva, son las que pueden aportar soluciones para progresar a futuro, constituye una irresponsabilidad, tanto política como social. Las cuestiones que han afectado o pueden afectar al sector en el futuro se deben abordar a través del diálogo social, como se ha venido haciendo hasta ahora.
Las acciones que ha planteado la Inspección de Trabajo, amparándose en una previsible “descalificación de las cooperativas”, supone un fraude de ley y una actuación viciada desde el inicio, en tanto que esta situación no está ratificada judicialmente y solo generará un problema mayor.
Por otra parte, la fórmula que están planteando las organizaciones sindicales frente a las cooperativas de trabajo asociado es una forma de generar un desempleo directo, ya que las empresas no van a poder asumir de ningún modo el incremento de costes, ni los descensos en productividad, lo que se traduciría en una caída en la actividad y el empleo de la industria cárnica de nefastas consecuencias para el conjunto del sector, incluidos los ganaderos y empresas de maquinaria y servicios, así como para la contratación, que se verá reducida de manera importante.
Por todo ello, Anice se ha dirigido al Presidente del Gobierno, exponiéndole la alarma causada en el sector por las actuaciones del Ministerio de Empleo y las consecuencias nefastas que puede tener para la industria cárnica, que representa el cuarto sector industrial del país, con una cifra de negocio de 24.000 millones de euros que supone el 22,3% de la facturación y el 24,3% del empleo de todo el sector alimentario español.
