España solicita a la CE registrar el término ‘Txakoli’ y usar otras uvas para elaborarlo
El Gobierno de España ha solicitado a la Comisión Europea (CE) introducir el término ‘Txakoli’ junto a los ya registrados ‘Chacolí’ y ‘Txakolina’ para referirse al vino que elaboran tres denominaciones de origen del País Vasco, así como poder usar otros tipos de uva para elaborarlo. Así consta en la solicitud de modificación de un término tradicional en el sector vitivinícola que ha publicado este miércoles el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).
En la actualidad, los términos registrado son ‘Chacolí’ y ‘Txakolina’ y su definición establece que se refiere a los vinos ‘Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina’, ‘Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina’ y ‘Chacolí de Álava-Arabako Txakolina’ con denominación de origen protegida elaborado fundamentalmente con las variedades de uva ondarrabi zuri y ondarrabi beltza.
Se trata de unos vinos con un grado alcohólico mínimo adquirido de 9,5% vol. (11 % vol. en el caso del vino blanco fermentado en barrica), con un máximo de 0,8 mg/l de acidez volátil real y un máximo de 180 mg/l de anhídrido sulfuroso total (140 mg/l en el caso de los vinos tintos).
Con la modificación solicitada, se pretende introducir ‘Txakoli’ como tercer modo o grafía del término tradicional por ser de uso igual de tradicional que las otras dos grafías ya registradas, como se puede comprobar por el hecho de que lo incluyan los nombres de las tres denominaciones de origen protegidas que pueden utilizarlo.
Por otro lado, la solicitud quiere dar respuesta a las necesidades del sector productor, que según se relata ve necesario el uso de otras variedades de uvas diferentes a la Hondarrabi zuri y Hondarrabi beltza con el fin de adaptarse al cambio climático y su efecto en el grado de alcohol, en la acidez y en la estabilidad de los vinos.
También se refuerza el uso de otras variedades de uva habituales y tradicionales, poniendo en valor el patrimonio vitícola que protegen.
La publicación de esta solicitud en el DOUE otorga el derecho a oponerse a la misma en el plazo de dos meses.
