La Comisión de Expertos sobre Transición Energética propone incrementar un 28,6% el precio final del gasóleo A

Antes de analizar el informe, hay que destacar que pocos días después de la publicación del estudio, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, negó que el Gobierno vaya a trasladar a los Presupuestos Generales del Estado la propuesta de elevar el precio del gasóleo que, en todo caso, no se aplicaría a determinados colectivos, como transportistas y agricultores, entre otros. Pero da la impresión de que, más pronto que tarde, la presión fiscal que recibe el gasóleo A se incrementará, tal y como se reclaman instancias europeas desde hace tiempo.

Con las medidas propuestas en el informe, las simulaciones realizadas por los expertos prevén un abaratamiento significativo de la electricidad (casi el 7% para el consumidor doméstico) y a un encarecimiento del gas y de los derivados del petróleo, especialmente del gasóleo A, mientras que la gasolina subiría menos de un 2%. Estas modificaciones de precios “son coherentes con la necesidad de electrificar la economía para avanzar hacia la descarbonización y son alcanzables a medio plazo de forma gradual”, se mantiene en el estudio.

Fuentes del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital señalaron que la Comisión encargada de la elaboración del estudio “ha trabajado en los últimos seis meses en analizar posibles alternativas de política energética, considerando su impacto medioambiental y económico y que permitan cumplir con los objetivos establecidos de la forma más eficiente posible”. El documento entregado al Ejecutivo lo hace tras recibir el respaldo de once de los catorce integrantes de la citada comisión. Tres de ellos, Jorge Aragón (propuesto por CC.OO.), Cristóbal Gallego (propuesto por Podemos) y Josep Sala (propuesto por ERC) emitieron votos particulares en desacuerdo con varias partes del mismo.

El documento (de 546 páginas, y que puede ser consultado aquí) propone diversas alternativas que analizan la combinación de las diferentes fuentes de energía (nuclear, hidráulica, térmica de carbón, ciclos combinados y fuentes renovables) “en el marco de una transición energética eficiente, sostenible y baja en carbono”. Asimismo, “evalúa el objetivo de penetración de renovables en función de diferentes niveles de interconexión con el continente europeo y la contribución de las políticas de movilidad y eficiencia energética”.

En este contexto, añaden fuentes del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, se cuantifican varias propuestas regulatorias por sus efectos sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y el coste económico de la energía consumida, “sirviendo estos cálculos de base para una discusión objetiva de los efectos de las distintas alternativas de política energética”.

El informe de la Comisión de Expertos, titulado ‘Análisis y propuestas para la descarbonización’ y del cual se puede consultar un resumen en el siguiente enlace, será presentado en el Congreso de los Diputados al Grupo de Trabajo Interministerial que trabaja en la elaboración de la futura Ley de Transición Energética y Cambio Climático, y servirá de base en la redacción del Plan de Clima y Energía que España deberá presentar ante la Unión Europea (UE).

Por tanto, establece un marco a partir del cual se construirá el armazón legislativo con el que se pretende luchar contra el cambio climático. Y aunque la experiencia ha demostrado en multitud de ocasiones que el papel lo aguanta todo y que los plazos, exigencias y cumplimientos legislativos son de muy laxa aplicación, el documento fija un rumbo que a mayor o menor velocidad se seguirá por parte de la Administración en sus distintos niveles.

Tal y como sucede en tantas ocasiones en nuestro país, los integrantes de la Comisión de Expertos han sido elegidos por los grupos parlamentarios y los denominados agentes sociales, que son los dos sindicatos mayoritarios, CC.OO. y UGT, y la Ceoe.

Los miembros de este comité son Luis María Atienza: exministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y expresidente de Red Eléctrica de España; Miguel Duvisón, actual director general de operación de REE; el expresidente de Carbunión, Oscar Lapastora; el presidente de la Comisión de Industria y Energía de la Ceoe y expresidente de Gamesa, Guilermo Ulacia; el economista Jorge Aragón Medina, designado por CC.OO.; Pedro Linares, profesor de Organización Industrial de la Escuela Técnica de Ingeniería Icai, propuesto por Ciudadanos; Cristóbal José Gallego -doctor ingeniero aeronáutico, investigador en energía eólica y miembro del Observatorio de la Energía- elegido por Podemos; el director del Ente Vasco de la Energía, Txetxu Sáenz de Ormijana, elegido por el PNV; el empresario Josep Sala i Prat, que opera en el sector de las energías renovables, propuesto por ERC; el exdirector general de Política Energética y Minas, Jorge Sanz Oliva, quien ha ejercido como presidente de la Comisión; el profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid, José Luis de la Fuente O'Connor; Ignacio Grangel, exjefe de gabinete de la Secretaría de Energía durante el periodo que estuvo encabezada por Alberto Nadal; el exsubdirector general de Energía Nuclear, Javier Arana; y Diego Rodríguez Rodríguez, exconsejero de la CNMC.

Llama la atención, y mucho, la ausencia de representantes de la industria petrolífera en esta selección de expertos. Ni la AOP ni la UPI han sido invitadas a participar en la comisión, en la que se han evaluado, también, consecuencias económicas según diversos escenarios. Teniendo en cuenta el empleo directo, indirecto e inducido que genera en nuestro país la industria refinera (una de las más eficientes de Europa), así como de la distribución de carburantes derivados del petróleo, esta falta de representación está en el ‘debe’ del estudio entregado al Gobierno.

Volviendo a la redacción del texto, en él se han simulado los impactos sobre la recaudación y sobre los precios de los diferentes productos energéticos de una eventual reforma fiscal inspirada por los principios descritos en el texto principal del informe. Como referencia, se han utilizado los datos de consumo y de recaudación del año 2015.

Esos principios básicos para la reforma fiscal energético-ambiental eficiente propuestos son tres. En primer lugar, el documento es partidario de sustituir los actuales impuestos que gravan la energía por tasas que internalicen daños ambientales asociados a la generación y consumo de energía. En este sentido, se plantean dos nuevos impuestos que gravarían tanto las emisiones de CO₂ como los daños de otras emisiones contaminantes (SO₂, NOx y partículas), que recaerían sobre las instalaciones de generación de electricidad emisoras, así como sobre los consumidores finales de carbón, gas natural y derivados del petróleo.

En segundo lugar, el informe recomienda modificar la actual financiación de las energías renovables partiendo del reconocimiento de que el mayor esfuerzo de promoción de las mismas se ha realizado a través de las renovables eléctricas. El documento considera que este enfoque es el adecuado “en la medida en que la evolución tecnológica ha demostrado que las centrales eólicas y las solares fotovoltaicas son las que tienen menores costes medios de producción”. No obstante, en el texto se admite que la mayor parte del esfuerzo de financiación de las energías renovables “corre a cargo del consumidor de electricidad, lo que podría ser cuestionado desde el punto de vista de su eficiencia, pues distorsiona el precio relativo de la electricidad comparado con cualquier energía sustitutiva”.

“En un contexto en que resulta necesario avanzar en el grado de electrificación de la economía, se propone modificar la actual financiación de las energías renovables por un recargo para todas las energías formado por dos componentes”. El primero de ellos reflejaría el sobrecoste de las instalaciones renovables más eficientes. Sin embargo, y puesto que los resultados de las últimas subastas celebradas “indican que los sobrecostes de inversión en energías renovables son nulos a los precios de mercado actuales, el primer componente del recargo también será cero en el momento actual”.

Un segundo componente complementario del anterior, que en este caso reflejaría el sobrecoste de las centrales instaladas en el pasado a un coste superior al actual, debería ser financiado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. “Sin embargo, si las restricciones de la Hacienda Pública no lo permiten, existiría la opción de financiar este coste mediante un recargo a todas las fuentes de energía final”.

En tercer lugar, continúa el informe, cada subproducto energético debe financiar sus propias infraestructuras. En el caso de la electricidad y del gas, “los consumidores financian las correspondientes infraestructuras”. Sin embargo, y este es un punto que resulta llamativo, “en el caso de las infraestructuras viarias, lograr este fin haría necesario crear un recargo al consumo de gasolina y gasóleo”. Destacamos lo llamativo de este punto porque parecería más lógico delimitar, en el caso de gasolinas y gasóleos, como “sus propias infraestructuras” el sistema logístico utilizado para hacer llegar ambas familias de productos a los puntos de venta y/o suministro, ya integrado en el precio de venta al público. Además, en el informe no se hace referencia a cómo se gravaría a los vehículos eléctricos, que también utilizan las infraestructuras viarias existentes.

El análisis elaborado por los catorces expertos incide en que “los impactos sobre la subida de gasolinas y gasóleo A están condicionados por el hecho de que para la financiación de la anualidad del coste de las carreteras se ha prescindido del uso de viñetas (tasas que deben abonar los vehículos para circular por determinadas zonas), de manera que la mayor parte del peso recae sobre el recargo por el consumo de estos carburantes. Por consiguiente, el uso de las viñetas haría que el impacto fuera menor.

Asimismo, prosigue el estudio, “hay que tener en cuenta que las infraestructuras presentan externalidades económicas y pueden ser también elementos importantes de equidad interterritorial”, lo que justificaría que una parte de las infraestructuras (tanto viarias como eléctricas y gasistas) se financien desde los Presupuestos Generales del Estado.

En el segundo capítulo del análisis entregado a Nadal, y como ejemplo, se han simulado los impactos sobre los precios de los diferentes productos energéticos de una eventual reforma fiscal inspirada en estos principios. Los principales resultados obtenidos indican que la reforma tendría un impacto positivo sobre el medio ambiente, “pues se reducen las emisiones de CO₂ (principal gas de efecto invernadero), NOx (principal causa de contaminación de las grandes ciudades), SO₂ y partículas. La magnitud del impacto medioambiental está en relación con los tipos impositivos aplicados”.

Con carácter general, se afirma, se abarataría la factura de la electricidad, pero -por el contrario- subirían las del gas natural, gasolinas, gasóleos, butano y el resto de productos derivados del petróleo. “El impacto favorable en la factura eléctrica se produce por la disminución de los peajes de acceso”, a pesar de lo cual el precio del mercado mayorista “se incrementa como consecuencia fundamentalmente del impuesto a las emisiones de CO₂”.

“Esta circunstancia podría generar beneficios sobrevenidos para instalaciones ya existentes de producción de electricidad libre de emisiones, que aconsejen ajustes en su fiscalidad en beneficio de los objetivos de la política energética”, reza el estudio.

En el escenario propuesto en el informe se produciría un incremento de los precios del resto de combustibles (gas natural y todos los productos derivados del petróleo), debido -básicamente- al recargo que soportarían para financiar las energías renovables, así como a los nuevos impuestos medioambientales planteados.

Los resultados sobre el conjunto de la economía sugieren (con las cautelas habituales en este tipo de modelos) que la reforma propuesta tiene un impacto positivo sobre las exportaciones, el PIB y el empleo. El modelo macroeconómico indica que, como consecuencia del crecimiento de la actividad económica, la Hacienda Pública incrementaría su recaudación de IRPF e IVA. Sin embargo, se ha considerado que esta mayor recaudación se verá neutralizada a través de su devolución a todos los hogares por parte del Tesoro. Como se dice coloquialmente, “lo comido por lo servido”.

En el estudio se apunta que el impacto de la variación de los precios energéticos sobre las empresas “presenta gran variabilidad, pudiendo resultar positivo o negativo dependiendo de si se trata de un sector objeto de compensaciones o no, así como del peso relativo que tengan los diferentes productos energéticos en su gasto energético total. En este sentido, las compensaciones a las industrias sometidas a competencia internacional podrían incentivar el crecimiento económico a través de las exportaciones”.

En el caso de los hogares, el impacto directo del incremento de los precios energéticos supondría, de media, un mayor gasto -y con un peso relativo superior- en aquellas familias con menores ingresos, lo que desde el punto de vista social para un error grave. Si se materializara el escenario contemplado en el modelo macroeconómico, se produciría un incremento de la renta media de los hogares que compensaría ese efecto, “de modo que el impacto neto de la simulación global es progresivo”.

Por último, el informe destaca que la sustitución de los actuales impuestos especiales por otros que graven estrictamente el daño ambiental generado por las emisiones contaminantes puede entrañar cierta complejidad y llevar un cierto tiempo. Por ello, en una simulación específica, se plantea un escenario menos ambicioso con una propuesta de modificación de la financiación de las energías renovables sin abordar la reforma fiscal completa, lo que permitiría un ajuste más suave de los precios relativos.

Asimismo, el informe recoge la posibilidad de implantar mecanismos de compensación para colectivos vulnerables, como los consumidores de gasóleo B bonificado o los transportistas profesionales (principales consumidores de gasóleo A). En estos casos debería considerarse una exención/bonificación parcial, o bien una compensación monetaria. La primera tiene como inconveniente que no traslada la señal de reducción de emisiones y, por tanto, no contribuye a los fines medioambientales de la reforma. Por tanto, “la compensación vía transferencia de renta fija es la mejor opción”.

El informe augura que en 2030 circularán por España 2,4 millones de vehículos eléctricos e híbridos enchufables (un 10% del parque móvil), una cifra aún lejana y que, aún si se cumpliera, estaría por debajo de las previsiones de los países de nuestro entorno.

Los expertos consideran que la implantación del vehículo eléctrico mejoraría, como es lógico, con una reducción de los costes y el apoyo al despliegue de puntos de recarga. Asimismo, opinan que un entorno adecuado para promover la I+D+i del coche eléctrico “sería vital, dada la relevancia del sector de la automoción en este país”.

A pesar de la extensión y profundidad del estudio, lo cierto es que en él se plantean escenarios que están lejos de cumplirse, incluso aquellos en los que se establece un horizonte temporal a medio plazo. Y algunos de los postulados son de muy difícil consecución, como cuando se afirma que la descarbonización del transporte de mercancías “alcanzaría su máximo potencial con el uso de camiones eléctricos, otros propulsados por gas para el tráfico más pesado y el traspaso de parte de la carga al tren”.

No obstante, el estudio señala las carencias que deben superarse para alcanzar algunos de esos objetivos. Por lo que respecta al transporte de mercancías por ferrocarril, España lleva años viendo cómo la cuota de mercado del tren languidece lentamente. En este sentido, la Comisión de Expertos propone “superar las barreras que frenan su desarrollo, como la falta de capilaridad de la red ferroviaria, la necesidad de invertir para eliminar cuellos de botella, el desdoblamiento de vías y su electrificación, así como el incremento del parque de máquinas eléctricas”, medidas de las que no se cuantifica ni su coste ni su horizonte temporal.

Facua tilda de “juego de trileros” la propuesta de bajar la luz y subir el precio de los carburantes

El portavoz de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, calificó de “juego de trileros” la propuesta de bajar un 6,8% el precio de la electricidad a cambio de una subida del IVA y del precio de los carburantes que -como se ha apuntado- sería de un 28,6% para el gasóleo, un 2% para la gasolina y un 6% para el gas natural consumido en los hogares.

El colectivo afirma que estas medidas “son un caramelo envenenado y critica que la subida de impuestos en carburantes perjudicará a aquellos consumidores que menos tienen, ya que son los que utilizan de forma mayoritaria vehículos que consumen combustibles fósiles”. Sánchez declaró que “al final la balanza no queda equilibrada, ya que la mínima bajada de la luz no compensa la subida de costes que supone el aumento del IVA y del precio de los carburantes”.

Tras criticar la composición del Comité de Expertos, integrado por “un grupo de expertos de ideología conservadora” Sánchez acusó al Ejecutivo de “no querer tocar al sector energético y seguir permitiéndoles que especulen con la luz”.

El portavoz de la asociación de consumidores consideró que “la única medida indispensable que debería tomar el Gobierno es la de intervenir el sector eléctrico. De esta forma podría impedirse que el lobby de las eléctricas consiga beneficios milmillonarios a costa de los derechos de los ciudadanos”, aseguró Sánchez, quien calificó de “regalo” a las eléctricas la propuesta de alargar la vida de las centrales nucleares otros cuarenta años.

La industria eólica considera que el informe no recoge todo su potencial

Tras analizar el informe publicado por la Comisión de Expertos sobre Escenarios de Transición Energética, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) (de la que forman parte, entre otras muchas empresas, Acciona; Iberdrola; Gas Natural Fenosa; General Electric; Cepsa; Galp; Shell; Vestas o Siemens Gamesa) considera que el estudio propone “medidas positivas, aunque el potencial real de la energía eólica no queda reflejado en todos los escenarios contemplados por los expertos”.

“Los parámetros asignados a la eólica en el análisis no reflejan la actualidad de la tecnología eólica en lo referente a costes y horas de producción”, informaron fuentes de la AEE. En las subastas de nueva potencia renovable adjudicadas el año pasado (2017), el CAPEX inicial era de 1,2 M €/MW (un 7,7% menos que en el informe) mientras que las horas equivalentes mínimas eran 3.000 (un 36% más que en el informe).

El escenario que más ventajas ofrece en el informe de cara al cumplimiento de los objetivos a 2030 contempla un incremento de la aportación eólica respecto al escenario base pasando de una potencia de 31.000 a 47.150 MW.

“Hubiera sido deseable que el informe tuviera en consideración la repotenciación del parque eólico español”, apuntan desde la AEE. La repotenciación, explicaron fuentes de la patronal eólica, implica que con menos aerogeneradores se logra más producción de energía (en algunos casos hasta duplicar) y la eficiencia es mayor. Todo ello redunda en un mayor cumplimiento de los objetivos europeos que se aprueben para 2030, un año en el que el 50% del parque eólico español tendrá más de 25 años.

La AEE considera necesaria una planificación para los próximos años “que garantice un ‘mix’ equilibrado y una integración ordenada y progresiva de las tecnologías renovables según su nivel de competitividad”. En el documento de visión de la Transición Energética elaborado por este colectivo empresarial, presentado para su consulta a la Comisión de Expertos, la potencia eólica instalada en 2020 alcanzaría los 28.000 MW, mientras que en la década siguiente alcanzaría los 40.000 MW de potencia instalada, escenario posible y realista.

“La visión y planificación a largo plazo comienza con las decisiones actuales. Hay tecnología y financiación, pero se necesitan políticas efectivas y concretas. La eólica está preparada y tiene las capacidades necesarias para seguir liderando el incremento de renovables en el sistema”, apostillan desde la AEE.

El estudio propone medidas para reducir las emisiones de CO₂, por lo que respalda totalmente la electrificación de la economía. Queda por aclarar el origen de la energía eléctrica, que no siempre se obtiene de fuentes renovables. No obstante, algunas compañías aseguran que la suministrada para la recarga de las baterías es de origen renovable.

Positiva valoración de Acogen

La Asociación Española de la Cogeneración (Acogen) valora positivamente el informe de la Comisión de Expertos sobre transición energética “y considera que sus escenarios de análisis y propuestas deberían constituir la base sobre la que alcanzar acuerdos de Estado para la descarbonización del país”.

Este colectivo empresarial destaca “que la industria, su competitividad y el riesgo de deslocalización, sean una constante en todos los ámbitos del informe, cuidando específicamente las características y vectores propios de la transición energética y la descarbonización industrial, así como su clara identificación de la situación actual de la cogeneración y su recomendación de que esta se impulse”.

En todos los escenarios energéticos de futuro analizados en el informe, la contribución actual de la cogeneración al ‘mix’ energético nacional “no solo se mantiene, sino que se potencia a 2030, para alcanzar el 12% de la generación de electricidad del país”. El informe resalta que la cogeneración “sigue siendo una de las áreas básicas de actuación que se contempla en política energética europea, sobre todo en la industria”, y la identifica como actor clave del difícil reto de la descarbonización del sector industrial, donde “es necesario seguir reduciendo los niveles de consumo a través de la mejora de la eficiencia energética de los procesos industriales en la implantación de medidas de ahorro y cogeneración”.

Los cogeneradores subrayan que en el estudio se destaca que “la cogeneración, en tanto que se trata de generación distribuida que aporta al sistema reducciones de pérdidas en energía y reducción de inversiones en infraestructuras, ha de poder beneficiarse de dichas aportaciones”.

UNEF destaca el papel central de la fotovoltaica reconocido por el informe

Otro colectivo empresarial que acogió con satisfacción el informe de la Comisión de Expertos fue la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que valoró positivamente el contenido del mismo, puesto que en él “se reconoce, por una parte, el papel central de la fotovoltaica en la transición energética y, por otra, que es una tecnología competitiva que, gracias al esfuerzo realizado por el sector en los últimos años, ya no necesita primas ni subvenciones”.

La previsión de un considerable aumento de la potencia fotovoltaica instalada en 2030, “que se multiplicaría por diez con respecto a los niveles actuales, supone una oportunidad clave para permitir que los ciudadanos tengan acceso a una energía más barata y para alcanzar un modelo de desarrollo más estable, en contraste con la dinámica de acelerón-frenazo-acelerón que ha caracterizado los últimos años”, declaró el director general de este colectivo, José Donoso, quien añadió que este planteamiento “permitiría consolidar las inversiones en I+D y multiplicar los empleos generados para un sector que actualmente cuenta con 11.000 trabajadores en España”, informaron fuentes de la patronal fotovoltaica.

UNEF propone eliminar tanto los obstáculos al crecimiento del autoconsumo – particularmente los de tipo administrativo y económico -, como las barreras al desarrollo de las grandes plantas, entre las que señaló “la actualización de la regulación de las condiciones de acceso y conexión a la red y la agilización de la planificación de las redes, tanto de Red Eléctrica de España (REE), como de las compañías distribuidoras”.

Por último, desde UNEF - que considera poco ambicioso el objetivo del 29,7% de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía en España para 2030, cuando el Parlamento Europeo postula un 35% -, se prevé que el desarrollo de soluciones de almacenamiento energético, en combinación con la tecnología fotovoltaica, “será más rápida de lo planteado en el documento, ya que se trata de algo necesario a la hora de garantizar una alta penetración de las renovables”.

APPA lamenta que no se tenga en cuenta la complementariedad y valor de algunas renovables

En líneas generales, el documento presentado al ministro Nadal fue valorado positivamente por la Asociación de Empresas de Energías Renovables, APPA, aunque tras analizar los detalles del mismo la patronal presidida por José Miguel Villarig, lamenta que no se hayan tenido en cuenta el valor de algunas de la renovables.

En primer lugar, destaca que los escenarios contemplados por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital no sean consecuentes con los objetivos que se están debatiendo en la Unión Europea, que establece entre el 27% y el 35% el peso de las renovables en el ‘mix’ energético total. “Llama la atención que algunos de los escenarios presentados por la Comisión no tengan esos objetivos como mínimo y, sin embargo, se planteen escenarios alejados de nuestras posibilidades como la instalación de 124.500 MW de renovables, más acordes con un ejercicio teórico que un planteamiento factible”, apuntaron fuentes de APPA.

Con respecto a la reforma fiscal propuesta por la Comisión de Expertos, APPA considera que es “un paso positivo y necesario para mandar una señal clara de precios al sector energético”. El documento reconoce de forma expresa que “no se internalizan adecuadamente los costes ambientales de la energía”. En este sentido, Villarig declaró que “es necesario que se acometa una fiscalidad ambiental conforme al principio de que quien contamina, debe pagar”. “Llevamos muchas décadas en las que la contaminación no se ha internalizado en el coste energético”, apostilló el presidente de este colectivo.

El informe final de la Comisión “no solo constata el efecto depresor que las renovables producen en el precio del mercado mayorista de la electricidad (pool), sino que le da una especial importancia al considerar que ‘es previsible la necesidad de contar con otros mecanismos retributivos complementarios’ para garantizar que determinadas tecnologías puedan recuperar los costes fijos ante la aún mayor disminución del precio de mercado de la energía eléctrica”, señalan fuentes del colectivo empresarial.

Desde APPA Renovables no se baraja la posibilidad de que las centrales renovables instaladas en el pasado se financien con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, independientemente de que se produzca una reforma fiscal en el sector energético. “Las renovables poseen costes y beneficios que no debemos disociar, de igual manera que se produce un importante ahorro en el mercado mayorista y se refleja en el sistema, los costes deben también imputarse en el mismo sistema”, aclaró el presidente de APPA Renovables.

“El desarrollo de la eólica en España ha sido un caso de éxito, por lo que la falta de objetivos más ambiciosos para esta tecnología hace pensar que no se ha valorado suficientemente la capacidad industrial nacional, el potencial exportador del país y el alto grado de desarrollo alcanzado en la I+D+i de esta tecnología”. Desde APPA Renovables se echa en falta que no se haya tenido en cuenta la complementariedad entre las distintas tecnologías renovables y el potencial de recurso eólico existente, constatado en este primer trimestre del año.

Los distintos escenarios valoran muy positivamente la contribución de la energía solar fotovoltaica en la futura Transición Energética, una tecnología que, gracias al esfuerzo inversor del pasado, hoy es competitiva. El desarrollo propuesto por el informe se refiere tanto a grandes plantas como a generación distribuida y autoconsumo. Según la propia Comisión de Expertos, para su desarrollo, es necesario contar con una regulación específica.

La biomasa, apenas tenida en cuenta

En el caso de la generación eléctrica con biomasa, llama la atención que no haya sido tenida apenas en cuenta cuando el propio informe habla de su capacidad de respaldo y considera “importante” plantear subastas específicas por tecnologías, reconociendo las distintas características de las tecnologías renovables. Esta tecnología, que tiene un potencial de 8.000 MW adicionales, aportaría al ‘mix’ nacional gestionabilidad, firmeza y ayudaría a garantizar la seguridad de suministro.

“España cuenta con un magnífico recurso renovable, lo que se traduce en un importante potencial para acometer la Transición Energética. La Comisión debería haber considerado la complementariedad de las distintas tecnologías y la capacidad industrial existente en el país como base para el desarrollo del sector”, declaró Villarig.

En el caso del transporte, el documento ignora el importante papel que deben jugar tanto los biocarburantes convencionales como los avanzados para la consecución de los objetivos de descarbonización y energías renovables previstos para 2030 en la Unión Europea, tal como recoge un reciente informe de la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena), especialmente en subsectores de difícil electrificación, como la aviación y el transporte de mercancías por carretera. Sorprende también, continúan las mismas fuentes, “la falta de consideración mostrada por la Comisión sobre el grave impacto que podrían tener sus propuestas en la supervivencia de la industria española de biocarburantes y sobre la importancia de disponer de un mix diversificado de fuentes renovables en el transporte”.

Por último, el informe no tiene en cuenta aquellas tecnologías renovables en fase de investigación y desarrollo que puedan jugar un importante papel en las próximas décadas como la minieólica o las energías marinas, que la Unión Europea considera que podrían aportar en torno al 15% de la electricidad en 2050.