La CNMC intensifica su lucha contra el fraude en la logística de hidrocarburos en 2024

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha presentado un balance de sus actividades de supervisión en el sector de los hidrocarburos durante 2024. Según el organismo, “el análisis de más de 1.500 documentos ha resultado crucial para detectar y actuar contra operadores que han cometido fraude en la distribución de carburantes”.

Desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 8/2023, una veintena de operadores han cesado su actividad en España, de los cuales 17 han sido inhabilitados por incumplimientos de la normativa sectorial. “Las compañías dedicadas a la logística de hidrocarburos están obligadas a enviarnos cierta información. Con ella, supervisamos que el acceso a las infraestructuras de productos petrolíferos (oleoductos y terminales de almacenamiento) se produce en condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias”, explicaron fuentes de la comisión.

Desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 8/2023, 20 operadores han cesado su actividad en España, de los cuales 17 han sido inhabilitados por incumplimientos de la normativa sectorial. Foto de Kris Christiaens.

El año 2024 marca un récord para la CNMC en cuanto a la cantidad de documentación analizada, alcanzando un total de 1.539 registros, según datos publicados por la entidad. Esta cifra supera ampliamente las de años anteriores, evidenciando un esfuerzo sin precedentes en la supervisión del mercado.

“Hemos observado nuevos tipos de contratos y servicios que nos han llevado a incrementar nuestra supervisión —especialmente la referente a las entradas de producto en el sistema español y operaciones de compraventa dentro de las terminales de almacenamiento”, expusieron desde la CNMC.

Entre los documentos más relevantes se incluyen cesiones de capacidad, contratos de venta y compra en tanque, así como cancelaciones de contratos:

• Cesiones de capacidad: el cliente de un almacenista cede su capacidad contratada a otro sujeto, bien por su ausencia de actividad o bien porque el nuevo sujeto es su suministrador dentro de la terminal.
• Venta en tanque: acuerdos mediante los cuales el cliente del almacenista vende su producto a un tercero dentro de la terminal de almacenamiento o en el momento de la expedición.
• Compra en tanque: la CNMC ha puesto especial interés en esta forma contractual, mediante la cual un sujeto ocupa la capacidad de almacenamiento contratada por el cliente del almacenista para venderle el producto en pequeños tramos. La complejidad de esta operación, que suele llevar asociada otros acuerdos entre las partes, exige una particular atención en cuanto a su ejecución en forma y tiempo, especialmente cuando el cliente del almacenista es un operador inhabilitado, apuntaron desde la comisión.

Los almacenistas y operadores logísticos desempeñan un papel esencial en la lucha contra el fraude. Según la CNMC, “gracias a su actividad y a la información que suministran, podemos verificar la actividad de sus clientes, detectar actuaciones contrarias a la Ley de Hidrocarburos y advertir posibles fraudes de agentes que participan en la comercialización de carburantes”. Asimismo, la entidad subrayó que estas prácticas fraudulentas “están alterando la competencia en el mercado”.

El fraude en el sector de los hidrocarburos no solo afecta la competitividad del mercado, sino que tiene un impacto directo en la recaudación fiscal. Desde 2022, se estima que las arcas públicas han dejado de ingresar más de 2.000 millones de euros debido al fraude del IVA en la distribución de carburantes, según datos de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP). Estas prácticas fraudulentas distorsionan el mercado y perjudican tanto a la sociedad como a los operadores que cumplen con la normativa.

Víctor García Nebreda, secretario general de Aeescam y Aevecar, señaló que “el fraude impacta directamente sobre las estaciones de servicio, que ven cómo sus márgenes se ven afectados por la competencia desleal de operadores que no cumplen con la normativa”.

Desde el sector, se ha insistido en la necesidad de implementar medidas estrictas para garantizar una detección temprana del fraude, así como reforzar la cooperación entre autoridades y actores del sector. “Estas medidas son esenciales para disuadir prácticas que afectan la imagen y sostenibilidad de un sector estratégico para el país”, señalaron desde la asociación.