UPI amplía sus propuestas para luchar contra el fraude en el sector

La Unión de Petroleros Independientes (UPI), colectivo integrado por Axoil, Disa, Dyneff, Esergui, GM Fuel, Kuwait Petroleum y Meroil, ha presentado por escrito al secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, sus propuestas revisadas contra el fraude en la venta de carburantes.

Las acciones preventivas contra el fraude propuestas por UPI se centran, particularmente, en reforzar los mecanismos legales en los siguientes ámbitos: “existencias mínimas de seguridad; objetivos obligatorios de biocarburantes; requisitos legales de la distribución al por mayor; control de los requisitos legales, y sanciones y coordinación administrativa”. Además, y de forma complementaria, el colectivo propone medidas regulatorias en la distribución al por menor y en la eficiencia energética.

Fuentes de UPI explican que, tras la reunión mantenida con el secretario de Estado de Energía el pasado mes de abril, “en la cual se acordó seguir trabajando sobre las propuestas presentadas en enero de ese mismo año, se han presentado unas propuestas revisadas que son el fruto de un ejercicio de reflexión y puesta a punto, realizado con el ánimo de llegar a unas medidas eficaces y viables”.

Las propuestas realizadas por el colectivo presidido por Anna Bes están constituidas por medidas concretas en el ámbito sectorial cuya adopción corresponde al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital “y que apuntan a erradicar el fraude en general y en especial, el de biocarburantes”, que en la actualidad es “el más extendido”, tras unos años en los que “el fraude de IVA ha sido el más recurrente”. Desde UPI se subraya que “la reciente Resolución de la CNMC de anotación de certificados definitivos de biocarburantes correspondientes a 2016 refleja el alto grado de incumplimiento del objetivo de biocarburantes”.

Asimismo, UPI ha querido involucrar igualmente al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, puesto que es el “responsable de la política de competencia”.

UPI confía en avanzar en las reformas legales necesarias de la regulación sectorial “antes de que en 2018, entre en vigor el nuevo objetivo obligatorio de biocarburantes, que conllevará un mayor potencial de fraude en este ámbito por las actuales diferencias de precio entre carburantes fósiles y biocarburantes, próximas a 400 euros/m³, que hacen que el fraude en los biocarburantes resulte por si solo suficientemente atractivo”.

En el ámbito fiscal, “si bien el fraude de IVA se ha moderado en los últimos meses como consecuencia principalmente de haberse intensificado el control administrativo”, UPI estima que existen posibilidades de mejorar la prevención con determinados mecanismos legales. Desde el colectivo se reitera que este tipo de fraude “es el que ofrece un mayor margen de ‘ganancia’ comparativamente con el fraude en los biocarburantes”. UPI recuerda que en septiembre de 2016 y en mayo de 2017 ya presentó sus propuestas a las autoridades tributarias, “con las que espera poder reunirse en breve”.

Por último, UPI realiza un llamamiento para que se establezcan medidas que mejoren la comunicación y coordinación entre organismos responsables (Ministerio de Industria, Energía y Agenda Digital, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y el Ministerio de Economía) “ante la necesidad de poner en marcha una estrategia común de la administración contra el fraude en la venta de carburantes, adoptando luego cada organismo las medidas que le competan”.