Energía prepara un RD que podría generar costes de hasta 50 millones de euros a la distribución minorista de carburantes

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital prepara un Real Decreto en el cual se establecen métodos de cálculo y requisitos de información en relación a la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles y la energía en el transporte.

Este texto legislativo, a cuyo borrador ha tenido acceso la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), modifica el Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el sistema nacional de verificación de la sostenibilidad y el doble valor de algunos biocarburantes a efectos de su cómputo, y se establece un objetivo indicado de venta o consumo de biocarburantes avanzados.

“Tras el análisis del borrador de Real Decreto, hemos podido conocer que lo que pretende el Ministerio de Energía es que aquellas estaciones de servicio que venden más de 500.000 litros al año tengan la obligación de auditar los datos relativos a precios y descuentos remitidos al ministerio”, informaron fuentes de la CEEES.

La patronal añade que “el borrador no establece absolutamente ninguna exención, excepto el volumen de litros vendidos. Es decir, cualquier instalación de suministro de carburantes que dispense más de medio millón de litros anuales estará sujeta a la obligación de auditar los datos relativos a precios que remiten a la administración”. Por tanto, las cooperativas y el resto de puntos de venta de carburantes deberán remitir esos datos siempre y cuando superen la citada cifra.

En la propia memoria del borrador de Real Decreto se afirma que la implantación de esta auditoría no tendrá costes para el sector. “Sin embargo”, objetan desde la CEEES, “la realidad es muy diferente. Y es que, si una auditoría contable de una sociedad puede costar un mínimo de 20.000 euros, una auditoría como la que se propone en el borrador de Real Decreto que prepara el Ministerio de Energía podría costar entre 1.500 y 5.000 euros, lo que supondría al sector un desembolso de entre 15 y 50 millones de euros al año”.

“En la situación en la que estamos los empresarios de estaciones de servicio, afrontar el abono de esas cantidades resulta insostenible”, denuncia el presidente de la CEEES, Jorge de Benito.

Ante esta prevista situación, los servicios jurídicos de la CEEES están estudiando detenidamente el borrador del Real Decreto que está preparando el Ministerio de Energía “y presentarán alegaciones al texto para defender los intereses de los empresarios españoles de estaciones de servicio”.

La CEEES añade que con estas alegaciones no solo defenderán los intereses del sector, “sino de todos los consumidores, pues, dada la precaria situación de las cuentas de explotación de las estaciones de servicio, lo previsible es que el sobrecoste que deba asumirse por llevar a cabo las auditorías que, de momento, prevé el borrador de Real Decreto, se traslade al precio de venta al público al que se venden los carburantes, pues resultará del todo inviable asumirlo por parte de las gasolineras”.

“El sistema de envío de precios de los carburantes al Ministerio de Energía es absolutamente transparente, por lo que no resulta ni necesario ni oportuno someterlo a una auditoría (que no hará más que encarecer el producto que se dispensa en las estaciones de servicio), y menos por medio un Real Decreto, diseñado para otros fines”, agrega la patronal.