La Xunta de Galicia da luz verde a la repotenciación de nueve parques eólicos

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, recordó el 3 de febrero que el Gobierno gallego dio luz verde el año pasado a los proyectos de repotenciación voluntaria de nueve parques eólicos, lo que supondrá una mejora sustancial de su eficiencia y reducirá al mismo tiempo el impacto sobre el territorio y el paisaje. Esto es así ya que supondrá eliminar 286 aerogeneradores (de los 361 que hay actualmente a 75) y aumentar en un 35% su capacidad de producción de energía renovable. Así consta en un informe del Departamento de Medio Ambiente y Cambio Climático sobre los proyectos de repotenciación eólica tramitados y que analiza su contribución a los objetivos marcados en materia de descarbonización y transición energética.

Estas mejoras se conseguirán gracias a una mayor eficiencia de los parques actuales, ya que “la repotenciación consiste en sustituir las máquinas instaladas por otras más modernas y eficientes, de modo que con muchos menos aerogeneradores se puede garantizar prácticamente la misma potencia e incluso aumentar sustancialmente la producción renovable”, indicó Alfonso Rueda.

De hecho, se estima que una vez realizadas las mejoras, estos nueve parques eólicos generarán entre 615.000 MWh/año y 828.000 MWh/año, lo que equivale al consumo eléctrico de más de 230.000 familias (más que la población de la ciudad de A Coruña).

“En cualquier caso, estos no serán los únicos beneficios medioambientales asociados a los proyectos, ya que, una vez realizada la repotenciación solicitada, los nueve parques incrementarán en más de 100.000 las toneladas de CO₂ que se evitan emitir anualmente a la atmósfera, es decir, las mismas que generarían 81.000 coches circulando durante un día”.

Un total de 98 parques eólicos autorizados por el Gobierno y con una potencia asociada de 2.555 MW están afectados en el conjunto de la Comunidad por recursos legales.

El Consejo sigue avanzando de esta manera en el proceso de descarbonización y transición energética de la Comunidad. Y lo hace, además, aplicando los mismos criterios que la UE.

Partiendo de este interés por el sector de las renovables —y de la eólica en particular— y como parte de su apuesta por la simplificación administrativa, el Gobierno gallego agilizó el proceso de repotenciación voluntaria. Desde 2024 los plazos de autorización administrativa se acortaron, pasando de años a meses, lo que demuestra que la Junta cumplió con el mandato comunitario de agilizar este tipo de trámites para garantizar que no duren más de dos años.

Así, tres de los nueve parques eólicos con proyectos de repotenciación presentaron sus solicitudes en diciembre de 2023, febrero de 2024 y marzo de 2024, respectivamente, y recibieron la autorización ambiental del Gobierno en un año o incluso menos.

En cualquier caso, tras superar el trámite ambiental de los nueve proyectos de repotenciación, el presidente de la Xunta indicó que “cuatro ya cuentan con la autorización necesaria para iniciar las obras de adecuación, y los otros cinco están pendientes de los trámites finales, por lo que se espera que sean autorizados en las próximas semanas”.

Además, Rueda destacó que la repotenciación “no es nueva en Galicia”, refiriéndose a que “cinco parques ya han completado el proceso y han conseguido reducir un 80% el número de aerogeneradores” sin reducir la producción energética.

La inversión total prevista en estos nueve proyectos alcanza los 321 millones de euros y cuentan con una subvención de más de 54,58 millones de fondos europeos.

Alfonso Rueda recordó que las emisiones netas de gases de efecto invernadero en Galicia “se redujeron en 2022 un 59,8% respecto a 1990”, año de referencia para las políticas climáticas a nivel comunitario, hecho que la convierte en la Comunidad que logró una mayor reducción en este periodo y que supera ya el objetivo marcado por la UE para finales de esta década (55%)”.

Además, también apuntó que, en la actualidad, “casi el 45% del consumo energético final en la Comunidad procede ya de fuentes renovables, por lo que también se cumple el objetivo marcado por la directiva comunitaria para el año 2030, que fija este porcentaje en un mínimo del 42,5%”.

Sin embargo, la economía está cada vez más electrificada y el nivel de demanda en términos de desafíos de descarbonización sigue aumentando. Por ello, la situación de bloqueo judicial que afecta al sector eólico gallego compromete la consecución de los objetivos a medio plazo y, de hecho, también explica por qué Galicia, una comunidad con adecuados recursos eólico en todo su territorio, pasó de ser líder nacional en términos de potencia eólica instalada a caer a la cuarta posición.

En su apuesta por las energías renovables, Galicia necesita incrementar la potencia eólica instalada actual —algo más de 3.900 MW repartidos en 190 parques— para acercarse al objetivo de alcanzar la neutralidad climática en el horizonte de 2040.

Sin embargo, un total de 98 parques eólicos autorizados por el Gobierno y con una potencia asociada de 2.555 MW están afectados en el conjunto de la Comunidad por recursos legales.

“Esta situación tiene un impacto directo en los objetivos de descarbonización de Galicia, ya que solo la ejecución de los proyectos actualmente bloqueados evitaría la emisión de 2,5 millones de toneladas de CO₂ anuales, es decir, una cuarta parte de las toneladas que Galicia debe reducir para alcanzar el objetivo de neutralidad climática”.

En este sentido, cabe recordar que el pasado mes de noviembre la Xunta decidió presentarse como parte interesada en la cuestión prejudicial que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia planteó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TXUE) en relación con la tramitación ambiental de los proyectos eólicos en Galicia, un paso que también dio en su momento el Gobierno central para defender la transposición de la directiva comunitaria que llevó a cabo en su Ley de Evaluación Ambiental de 2013.

De hecho, la Xunta espera que la resolución se produzca lo antes posible al entender que un pronunciamiento judicial de la UE aclararía y aceleraría la ejecución de los proyectos paralizados en la Comunidad, además de evitar que la inseguridad jurídica en este sector se extienda a otros países con legislación sectorial similar a la española.