La inteligencia artificial en el Sector Público. El caso del Tribunal de Cuentas

Así, la Unión Europea está a punto de hacer oficial la primera regulación de la inteligencia artificial (la IA Act) para garantizar las mejores condiciones de desarrollo y uso de esta tecnología innovadora; y entre tanto Francia, Alemania e Italia han llegado a un acuerdo sobre cómo debe regularse la inteligencia artificial, lo que agilizará este futuro Reglamento europeo.

En España disponemos desde finales de 2020 de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA), pieza fundamental dentro de la Agenda España Digital 2026 para aprovechar las oportunidades derivadas de esta tecnología, la transformación digital y la economía del dato e impulsar la modernización del modelo productivo español.

Esta estrategia se articula en diversos ejes de actuación, entre los que destacan las Redes Territoriales de Especialización Tecnológica en colaboración con las CCAA, el programa nacional de algoritmos verdes, la IA en los procesos productivos de las cadenas de valor y el proyecto de Misiones de I+D en Inteligencia Artificial para financiar proyectos de empresas en IA en sectores estratégicos.

A nivel orgánico, es la Dirección General de Digitalización e Inteligencia artificial la responsable del estudio, propuesta y ejecución de la política general y la planificación estratégica y de acción sobre la transformación digital de la economía y la sociedad.

Junto con estas grandes medidas europeas y nacionales, el Sector Público está acometiendo proyectos en sus distintas unidades e instituciones de tal forma que hoy en día ya no hablamos de planes, sino de sistemas reales de IA en funcionamiento.

En el caso del Tribunal de Cuentas, ya en 2022 se detectó la importancia de la IA y se lanzaron una serie de iniciativas para impulsar su adopción. Hay que tener en consideración que el Tribunal de Cuentas es una organización intensiva en datos, puesto que recibe anualmente la contabilidad de la ejecución presupuestaria del Sector Público español para su Fiscalización junto con toda la información detallada de los expedientes de contratación, tanto de la Administración General del Estado, como de CCAA y de Entidades Locales.

Adicionalmente, la Sección de Enjuiciamiento ejerce la función jurisdiccional respecto de las cuentas que deban rendir quienes recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen bienes, caudales o efectos públicos.

Esta función jurisdiccional exige procesar expedientes que por su naturaleza son voluminosos y se caracterizan por constar básicamente de información no estructurada en lenguaje jurídico especializado.

El plan de 2020 se inició con un análisis de los activos de información del Tribunal y una valoración de la calidad de las fuentes internas estructuradas y no estructuradas de acuerdo a una serie de criterios, tales como la completitud, la exactitud, la actualización, la consistencia, la validez, la unicidad y la accesibilidad.

Este estudio sentó la base para el desarrollo de los proyectos posteriores, que en este momento se han concretado en dos líneas de acción. La primera es todo lo relacionado con el procesamiento de lenguaje natural pues hay que tener en cuenta que gran parte de nuestra información está en documentos no estructurados, y la segunda es el procesamiento de información voluminosa contable en formato semi estructurados a efectos de fiscalización de legalidad y análisis de políticas públicas.

Como balance, todo parece indicar que la IA tiene un largo recorrido en el Tribunal de Cuentas por los grandes volúmenes de información manejados -existe un nuevo conjunto de proyectos planificados a medio plazo- y que la apuesta hecha en 2022 ha sido acertada y el comienzo de una nueva manera para la fiscalización de las cuentas y de la gestión económica de Estado.