Los ingresos por tarifas cubren el 53% del coste del sistema del transporte público urbano
El sistema de transporte público urbano en España se financia en un 53% con los ingresos por billetes, siendo necesario cubrir el 47% restante con recursos y subvenciones públicas. Son esas ayudas las que aseguran “no sólo la prestación del servicio, sino garantizar la movilidad a toda la población”, según la Asociación del Transporte Público Úrbano (Atuc) a partir de los últimos datos del Observatorio de la Movilidad Metropolitana.
El análisis muestra que la ciudad con un sistema más autosuficiente es A Coruña, donde tres de cada cuatro euros son sufragados por los ingresos de los billetes. Por su parte, la ciudad que recibe más fondos públicos en relación al coste total es Tarragona, un 63,6%, informaron fuentes de Atuc.
El informe, elaborado a partir de datos de 14 ciudades, muestra cómo Madrid es la que más ingresos tarifarios obtiene, hasta los 880,1 millones de euros, que sirven para sufragar la mitad del sistema de transporte público urbano.
En cuanto a la otra gran urbe del país, Barcelona, costea el 56,8% con lo que ingresa por billetes y abonos (sin incluir aquí datos de buses metropolitanos y tranvía). Esta cifra es prácticamente la misma que Valencia, la tercera por población, que cubre el 56,2% de sus necesidades financieras por dicha vía.
Una ley "para poner orden"
Desde Atuc se apunta que si bien, tal y como muestran los datos, la primera vía de financiación del sistema de transporte público es el ingreso por billete, la segunda es - casi en la misma proporción- a través de recursos públicos. A pesar de este peso de las ayudas públicas, España carece de un marco legal que ordene estas subvenciones y que establezca cuánto tiene que sufragar la administración central, la autonómica y la local.
Para subsanar esta carencia, España debería -en opinión de Atuc- desarrollar una Ley de Financiación del Transporte Público, “como tiene el resto de Europa”. Esta norma permitiría conocer cuántos recursos va a recibir una ciudad para financiar el sistema de transporte público con antelación y a un plazo mínimo de cinco años.
Además, la norma permitiría hacer un reparto más equitativo de las subvenciones estatales, que en la actualidad se rigen en un 85% por el déficit del billete, mientras que el 15% restante tiene en cuenta aspectos muy importantes como la demanda, la longitud de línea y los criterios medioambientales. Esto implica que haya ciudades que reciben 0,05 euros por habitantes, y en cambio otras superan los 20 euros.
Según el secretario general de Atuc, Jesús Herrero, “a pesar de que en las administraciones ha calado la idea de que el transporte público debe ser uno de los ejes de cambio para lograr ciudades más habitables para sus ciudadanos, España tiene una deuda histórica con el sector, que es desarrollar una ley de financiación que permita una mejor reordenación de los recursos y garantice la calidad en el servicio que cada vez más se nos exige”.
