El campo, ¿demasiado tiempo sin urnas?

Con la muerte de Franco en 1975, la sociedad española vio llegado el momento de iniciar un proceso democratizador en el que los agricultores y ganaderos jugaron un papel determinante, pues no solo contribuyeron a liberar al campo del peso de la dictadura, sino que a través de sus organizaciones aceleraron el cambio en el mundo rural. Con sus tractoradas demostraron que los nuevos sindicatos, especialmente las uniones integradas en la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), no solo iban en serio a por la libre defensa del sector, sin el dogal del sindicato vertical, sino que tenían la suficiente fuerza para hacerlo.

Con poco más de veinte años, uno de los jóvenes que en aquellos días impulsaron el sindicalismo agrario y la implantación de la democracia en el campo es el viticultor aragonés Joaquín Isiegas, que no tuvo duda de que el movimiento que acababa de despertar era muy interesante para la explotación familiar, ámbito en el que desarrollaba su actividad y que representaba la estructura productiva mayoritariamente implantada en su territorio.

Recuerda que, en general, había poco interés entre los agricultores y una gran fuerza de carácter ultraconservador que se oponía a cualquier apertura, pero, según cuenta, “quienes lideraban las reivindicaciones estaban muy comprometidos y lograron arrastrar a muchos”.

Así fue como él entró en la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, que acababa de constituirse, y comenzó a participar en reuniones, asambleas y tractoradas. Recuerda bien guerras sectoriales como la del maíz, la remolacha o el tomate y las que más tarde empezaron en el mundo del vino.

“La democracia estaba entre las reivindicaciones, pero era uno de los objetivos más difíciles y que más oposición despertaba”, rememora, para concluir que, en todo caso, sin ella no hubieran sido posibles las conquistas que fueron llegando, como la seguridad social agraria, “una de las luchas más importantes”, y la eliminación de las jornadas teóricas.

Sin embargo, el problema se convirtió en virtud y, según explica Antonio Herrera, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada, las organizaciones agrarias que lucharon por la democracia se convirtieron en escuelas de democracia. El esfuerzo que realizaron para acabar con los restos del sindicalismo vertical franquista y convertir esa antigua estructura representativa en sindicatos realmente libres supuso un aprendizaje que después pudieron trasladar al resto de la sociedad.

Esa antigua estructura, las hermandades de labradores, eran instrumentos de control de la dictadura sobre los que hubo de levantarse un proyecto democrático que desembocó en las elecciones de 1978.

Herrera ha estudiado los movimientos agrarios y rurales de esa época y la transición a la democracia en el mundo rural y afirma que se votó de manera más libre en las elecciones municipales de 1979 gracias a la experiencia de las que habían tenido lugar en el mundo agrario el año anterior. “Hubo un intento de control de las elecciones a cámaras agrarias por parte de los franquistas que la movilización social impidió”, señala. Y esa movilización social, que llevaron a cabo las organizaciones progresistas del campo, sirvió para educar al resto de la ciudadanía, que pocos meses después sería convocada a las urnas.

El profesor confirma, como se refleja en las vivencias del viticultor, que los sectores conservadores no estaban dispuestos a ceder poder y que la coacción política contraria a la apertura existió. Unida a esa falta de cultura democrática a la que alude Isiegas, consiguió dejar fuera de las organizaciones a un gran número de profesionales del campo.

Estos son los que, según el agricultor, más se han movilizado en las últimas semanas con demandas que no se compadecen con los deseos de la sociedad actual. “Después de 50 años, las opas han madurado y han sabido entender el contexto en que se mueven; los que estamos en ellas somos socialmente más responsables, sensatos y coherentes”, afirma.

Esto no significa que hayan dejado de reivindicar y negociar; lo han hecho y han recibido “muchísimos palos” por ello. Ahora la situación es mucho mejor y nadie lo puede negar, mantiene. Un ejemplo es su propio sector, el vitivinícola, donde se ha hecho una gran reconversión sin coste para los agricultores, todo con fondos europeos. “Si no hubieran estado las opas en las mesas de negociación, peleando incansablemente, no se hubiera conseguido”, esgrime.

En cualquier caso, es consciente de que “se consigue lo que se puede de acuerdo con la fuerza que tenemos”, en una clara alusión a quienes no han mostrado ningún tipo de compromiso con el movimiento agrario en todo este tiempo.

“Después de 50 años, las opas han madurado y han sabido entender el contexto en que se mueven; los que estamos en ellas somos socialmente más responsables, sensatos y coherentes”

Probablemente, algunos de estos aludidos habrán estado en las últimas tractoradas y formado parte de las nuevas plataformas reivindicativas que han surgido, en algunos casos, impulsadas de manera políticamente interesada por parte de organizaciones extremistas que hace un uso demagógico del sector agrario, según Marcos Alarcón, vicesecretario general de Organización de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), lo que no le hace dudar, no obstante, “de que la mayoría de los movilizados han participado de buena fe”.

Entre estos se encuentra Héctor de Prado, que es miembro de la asociación Decaleón (Defensa del Campo Leonés), una de las muchas que han surgido en esta comunidad autónoma. Cuenta que todo arrancó de una manera más o menos caótica, con portavoces oficiosos en cada comarca, y que de ahí ha emergido una organización provincial que no es un sindicato, pues “no es el alcance que queríamos dar al asunto”.

Tractores participantes en una de las protestas del campo el pasado mes de febrero de 2024 en Valladolid. Foto: Víctor Molano.

También critica su falta de transparencia, ya que, según dice, no facilitan información sobre las negociaciones que llevan a cabo con la Administración y, cuando lo hacen, es para comunicar que ya se ha alcanzado un pacto.

Ahora, esta asociación se encuentra en conversaciones con otras plataformas provinciales y barajando próximos pasos a dar. No los desvela, pero hay quien cree que podría ser, precisamente, la constitución de un sindicato para lanzarse a la arena de una representatividad sobre la que hay mucha discordia.

Como veterano defensor de la democracia, Joaquín Isiegas no ve con buenos ojos que las elecciones en el campo lleven tanto tiempo bloqueadas en el Estado y en tantas comunidades autónomas, no lo considera saludable.

Por su parte, Antonio Herrera hace otra reflexión: “las primeras tractoradas son prodemocráticas y ahora no está tan claro”.

Falta de procesos electorales, dudas sobre el carácter democrático de algunas manifestaciones… Cuestiones que hacen pensar sobre la fortaleza actual de la democracia en el campo y, en consecuencia, de la legitimidad de quienes ostentan la representación de los agricultores y ganaderos.

Héctor de Prado no duda de esta legitimidad, aunque mucha gente no haya ido a votar porque, según expresa, no se siente representada; “es lo que ha salido [en Castilla y León, donde sí ha habido elecciones recientes] democráticamente”, señala respetuosamente.

Pero en esa misma comunidad hay un sindicato (UCCL) que forma parte de Unión de Uniones, organización profesional agraria que nació en 2007 de uniones escindidas de COAG y a las que posteriormente se fueron incorporando otras.

UCCL quedó en segundo lugar en las elecciones autonómicas de 2023, puesto que mantiene Unión de Uniones, tras Asaja y a bastante distancia de UPA y COAG, en el cómputo general de votos emitidos en las cuatro convocatorias electorales que han tenido lugar desde 2019 en Madrid, Cataluña, Extremadura y Castilla y León.

A pesar de ello, no está considerada representativa en el Estado, donde la ley que regula los procesos electorales desde 2014 no se ha llegado a aplicar en lo referido a la consulta entre electores, pero sí en lo referente a la creación del Consejo Asesor Agrario, compuesto por 10 consejeros propuestos por las organizaciones profesionales agrarias más representativas.

En teoría, la representatividad habría de salir de una consulta electoral, pero como esta no se ha realizado, se mantiene la que se reconoció al amparo de una ley de 2009 ya derogada por la de 2014 y en virtud de la cual solo se estima como representativas a Asaja, UPA y COAG. A esta situación se une la existente en muchas comunidades autónomas, donde no se llevan a cabo consultas electorales desde hace incluso décadas (en algunas nunca las ha habido) y la representatividad se mantiene estancada en la que se estableció en unos primeros y casi únicos comicios.

Por ello, no es de extrañar que Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones afirme que “cada vez que la democracia no funciona, se puede poner en cuestión la representatividad”. Y añade, junto a la falta de consultas, el hecho de que, según indica, en las últimas movilizaciones se haya visto que las organizaciones que encarnan la representación del sector “no tenían control sobre los manifestantes, que incluso las repudiaban”. “La Administración también ha visto que no le calman el agua”, añade.

Cortés presume de que el primer punto de su tabla reivindicativa es democracia en el campo y de pertenecer a la única organización que realmente la persigue. Las otras, acusa, se sienten cómodas en una interlocución a tercios que, hasta ahora, también ha sido cómoda para los gobiernos, porque convocar elecciones es “revolver el gallinero”. “Lo fácil es llamar a las que están, reconocerlas, repartir el dinero… y paz”, concluye.

Desde UPA, Marcos Alarcón casi considera un insulto que se pueda dudar de la representatividad de su organización cuando desde 1982 no ha parado de crecer en afiliados e implantación territorial. Para él, lo que está en cuestión no es la representatividad, sino los mecanismos para establecerla, que no son responsabilidad de las opas, sino de las administraciones.

Explica que, mientras unas comunidades convocan elecciones, otras no lo hacen y establecen otros mecanismos. “Nosotros nos hemos adaptado a los modelos establecidos, y donde hay elecciones nos presentamos”, indica.

Con respecto al Estado, afirma que “hay quien decidió derogar una ley que estaba funcionando y aprobar una que es inaplicable”, y que lo único en vigor es una disposición transitoria que mantiene la representatividad que existía hasta la celebración de un nuevo proceso electoral, algo que, insiste, no han decidido las opas.

Aunque no considera que la situación debilite la legitimidad de la representación actual ni ponga en cuestión la existencia de democracia en el campo, sí es partidario de acabar con un “runrún” estéril, para lo que tiene una petición: “Tenemos mucho interés en que esto se resuelva por los procesos democráticos que se estime y que nos faciliten una norma aplicable que nos permita superar este debate”.

De acuerdo con UPA, lo más democrático son unas elecciones, pero no son imprescindibles, existen otros procedimientos y hay muchos países en Europa que no convocan elecciones.

Lo cierto es que, quizá, la diferencia con esos países es que en ellos nadie cuestiona la representatividad establecida, mientras en España, por la aparición de una organización (Unión de Uniones) cuyo crecimiento es indiscutible, y, en los últimos tiempos, multitud de plataformas que a lo mejor podrían llegar a componer alternativas viables, sí se pone en duda.

Álvarez no cree que sea urgente ejecutar procedimientos de medición de la representatividad y señala que es el MAPA y las organizaciones que han firmado un acuerdo con este (UPA y Unión de Uniones) los que tienen prisa.

No obstante, reconoce que existe controversia con respecto a la representatividad y que lo que buscan algunas plataformas con su crítica a las opas es “lograr una representatividad que hasta ahora no tenían”, porque, en lo que respecta a las reivindicaciones, coincide con Alarcón en que son prácticamente las mismas que las que tienen ellos. “Estos movimientos, junto con el juego que les hace el MAPA, son los que ponen en cuestión el trabajo y la representatividad de las opas nacionales actuales”, sentencia.

Sea como fuere, no cabe duda de que el campo, o una buena parte de este, desea que se establezca de nuevo el peso real de las diferentes organizaciones que lo representan o que lo pretenden. Y, como no podría ser de otra manera, habrá de hacerse de una forma nítidamente democrática para evitar cualquier duda al respecto.

Lo que no sirve es intentar legitimarse por la simple captación o manipulación de masas. Como historiador, el profesor Herrera recuerda que es lo más peligroso y que solo puede conducir a abismos. “Se están moviendo opciones sindicales y políticas que deberían hacernos reflexionar sobre esto”, advierte.

Por ello, lo más seguro en estas situaciones puede ser, sencillamente, llamar al voto, lo que también es la mejor manera de respetar el esfuerzo y las conquistas que miles de agricultores como Isiegas hicieron cuando más difícil era.