Modificación normativa incluida en la Ley contra el desperdicio alimentario
El Gobierno pondrá en marcha un nuevo sistema de representatividad agraria que suprime las elecciones al campo
La nueva norma que regula la representatividad de las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPA) finiquita el sistema de elecciones al campo, al considerar que su aplicación práctica conlleva "dificultades", y establece un nuevo sistema que podrá arrancar en tres meses.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó esta modificación normativa que se incluye dentro de la Ley contra el desperdicio alimentario y en la que se detalla cómo será el nuevo procedimiento.
La norma contiene los requisitos que las organizaciones han de cumplir para poder concurrir al procedimiento de determinación de la representatividad.
Entre ellos, se reclama que estén constituidas y reconocidas como OPA de carácter general, ámbito estatal, e implantación y actividad efectivas en al menos siete comunidades autónomas.
Determinación de la representatividad
Dicha representatividad estatal se determinará exclusivamente a partir de las certificaciones emitidas por las comunidades autónomas, de acuerdo con los sistemas de reconocimiento de representatividad establecidos o, en su caso, situaciones de implantación en cada una de ellas.
Estas certificaciones se remitirán al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que será el encargado de determinar la condición de más representatividad estatal de cada una de ellas.
Además, para conseguir ese nivel, se requerirá que la organización alcance al menos una cifra equivalente al menos al 10% del total de afiliados nacionales en el sistema Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y del propio Sistema Especial de Trabajadores Agrarios (SETA).
Concluida la tramitación, la Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación declarará, motivadamente, las organizaciones profesionales agrarias más representativas de ámbito estatal, mediante las respectivas resoluciones individuales.
Vigencia de la representatividad y nuevo sistema
La vigencia de las resoluciones en que se declare la representatividad será de cinco años desde el día de su publicación.
El Gobierno, antes de que expire la vigencia de estas primeras resoluciones, impulsará “un nuevo sistema de acreditación de la representatividad“ basado en criterios ”objetivos, precisos y establecidos mediante leyes, en los que las elecciones entre las personas en alta al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social por sus actividades agrícolas, ganaderas o forestales sea su base fundamental”.
La norma recuerda que las OPA generales de carácter estatal forman parte del Consejo Agrario y desarrollan funciones de representación institucional en defensa de sus intereses ante la Administración General del Estado y otras entidades u organismos.
Hasta ahora, las organizaciones agrarias que forman parte de este consejo son ASAJA, COAG y UPA. En este sentido, el coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, confía en que su organización acreditará la suficiente representatividad estatal en base a la nueva norma y, con ello, formar parte del Consejo Agrario a partir de verano, según sus cálculos.
Cortés valoró la nueva norma de representatitividad agraria, que prescinde de un proceso de consulta pública estatal, pero la ve "insuficiente" para conseguir los objetivos que pretende.
Por su parte, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) aseguró que "lamenta el camino recorrido para llegar a un procedimiento para la determinación de la representatividad" agraria que, según apuntó, no les satisface.
No obstante, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ya firmó el acuerdo e 43 medidas para el sector agrario tras las tractoradas con Unión de Uniones, además de UPA, mientras ASAJA y COAG declinaron hacerlo.
Unas elecciones que conllevaban “dificultades”
Según el BOE, la necesidad de este cambio se justifica porque la anterior Ley de representatividad (12/2014, de 9 de julio) se basaba en la celebración de un mecanismo de consulta pública nacional “exhaustivo“ pero que conllevaba ”dificultades“ para aplicarlo ”desde las perspectivas material, económica e incluso teleológica”.
Así, “basta referirse al importante despliegue de medios humanos y materiales que requeriría, especialmente dada la previsión de participación presencial en mesas repartidas por todo el territorio nacional, a su elevado coste económico, a las diferencias entre los procesos electorales estatal y autonómicos, que afectan al censo y a la configuración misma de los procesos, lo que podría dar lugar a resultados dispares en un mismo ámbito territorial, y a la duplicidad de consultas en determinadas comunidades autónomas”.
Por todo ello, se ha optado por un sistema “de nueva planta que asegure la efectiva consideración de tal representatividad”, según recoge la nueva normativa.
