Ley de Vigilancia del Suelo

La Unión Europea acuerda una revisión legislativa para restaurar la salud del suelo en todo su territorio de aquí a 2050.

Según el acuerdo informal alcanzado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, la nueva normativa comunitaria prevé reforzar la vigilancia del suelo con el objetivo de mejorar el apoyo a los agricultores.

“Proporcionarles mejor información y ayuda más eficaz, al tiempo que se evitan cargas administrativas y nuevas obligaciones, son las principales características de esta nueva legislación sobre la vigilancia del suelo”, declaró en un comunicado el ponente del texto en la Eurocámara, el liberal eslovaco Martin Hojsík.

El acuerdo, que aún tendrá que ser confirmado oficialmente por el Consejo y por el Parlamento Europeo, parte de una propuesta de la Comisión Europea que se enmarca dentro de la estrategia de contaminación cero de la UE, en donde se estima que entre el 60 y el 70% de los suelos están contaminados, recordó la Eurocámara.

La Ley de Vigilancia del Suelo armonizará las medidas de monitoreo en el mercado único, de forma que todos los países de la UE empleen una metodología y criterios comunes en relación con el estado físico, químico o biológico del suelo.

Los suelos degradados son una de las principales causas de las crisis climática y de biodiversidad, y reducen el suministro de servicios ecosistémicos esenciales, lo que le cuesta a la UE al menos 50.000 millones de euros al año, según la Comisión Europea, que apoyará a los Estados reforzando su programa actual de muestreo, LUCAS Soils, que ofrecerá apoyo financiero y técnico a medida, añadió el Parlamento Europeo.

La normativa prevé que los gobiernos nacionales fijen “objetivos sostenibles no vinculantes para cada criterio”, para tener en cuenta los diferentes niveles de degradación del suelo y las condiciones locales.

“Para proteger a agricultores y silvicultores, la directiva adoptada no impone nuevas obligaciones a los propietarios ni gestores de tierras. En su lugar, obliga a los Estados miembros a ayudarles a mejorar la calidad y la resiliencia del suelo, es decir, su capacidad para seguir desempeñando su papel crucial en el ecosistema”, añadió la Eurocámara.

Esas medidas pueden incluir asesoramiento, formación, promoción de la investigación, la innovación y la concienciación sobre los beneficios de la resiliencia del suelo y se establece que los Estados miembros evalúen “periódicamente las necesidades financieras de agricultores y silvicultores para lograr estos fines”.

Dieciocho meses después de la entrada en vigor de la ley se elaborará una “lista indicativa de sustancias emergentes que podrían representar un riesgo significativo para la salud del suelo, la salud humana o el medioambiente, y sobre las que se necesitan datos“ y que incluirá PFAS (sustancias químicas conocidas como 'contaminantes eternos') y pesticidas.

Más adelante, diez años después de la aplicación de la normativa, la nueva ley exigirá que los países de la UE elaboren una lista pública de sitios “potencialmente contaminados y actúen para remediar cualquier riesgo inaceptable para la salud humana y el medioambiente”.