Despejar incertidumbres para electrificar la automoción

Arturo Pérez de Lucia, director general de Aedive (Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica) y vicepresidente de Avere (Asociación Europea de Electromovilidad).

Tras el anuncio por parte del Gobierno, en diciembre del pasado año, de la extensión de las ayudas del MOVES III hasta junio de 2025 y la continuidad de la desgravación en el IRPF, las matriculaciones han experimentado en enero un crecimiento significativo; en concreto, un 60% en vehículos eléctricos de batería, en general, y de un 100% en el canal de particulares, hasta que el pasado día 22 se reprobó la Ley Ómnibus. Esta medida ha provocado un frenazo casi total del mercado.

Esta situación se contrapone con la entrada en vigor desde el 1 de enero de este año de la normativa CAFE (Corporate Average Fuel Economy), que se erige en un factor crucial. Se trata de una regulación de la Unión Europea que tiene como objetivo principal reducir las emisiones de CO₂ de los vehículos nuevos. A partir de 2025, los fabricantes deberán garantizar que la media de emisiones de sus coches no supere los 93,6 gramos de CO₂ por kilómetro frente a los 115,1 gramos fijados hasta el pasado año. Si no lo hacen, se enfrentan a multas conjuntas en torno a los 15.000 millones de euros.

La mejor vía para cumplir esta legislación, y así evitar la imposición de estas multas millonarias, es incrementar de manera muy notable las ventas de vehículos eléctricos puros (así como de híbridos enchufables), lo que llevará a aumentar las matriculaciones de este tipo de coches.

En este contexto, Aedive ha planteado una serie de recomendaciones al Gobierno, incluyendo medidas fiscales, para poder reactivar un plan de ayudas coherente para la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga, de tal modo que este esquema de incentivos sea más eficiente para que el ciudadano perciba de manera más directa estas ayudas.

Por ello, es importante eliminar la incertidumbre que se ha generado en la ciudadanía respecto a la compra de vehículos, porque actualmente tiene una desorientación importante sobre por qué tecnología apostar. Y tampoco se han lanzado los mensajes adecuados respecto a la movilidad eléctrica, en especial los relativos a tres cuestiones:

• La red de infraestructuras de recarga de acceso público, que hoy en día es más que suficiente para el parque actual de vehículos eléctricos. Contamos con más de 40.000 puntos de recarga. Si bien es necesaria una mayor agilidad en la concesión de permisos y trámites burocráticos, incluyendo la relación con las distribuidoras.
• El precio de los coches eléctricos, ya que hoy en día existen modelos en las diferentes categorías y para todo tipo de bolsillos.
• Y las capacidades tecnológicas de la electromovilidad, que ofrece unas prestaciones y rendimiento extraordinarios.

Por lo tanto, se revela como factor clave mejorar la comunicación a la sociedad acerca de los beneficios de la movilidad eléctrica, aportando información veraz y contrastada. En este ámbito la colaboración público-privada es esencial. El objetivo es combatir la desinformación, los bulos y las mitos —en ocasiones, muy recurrentes en los medios y la redes sociales— que siguen generando desconfianza en la población.

Por otro lado, no hay que perder de vista que el avance de la movilidad eléctrica implica también una gran oportunidad industrial para España, segundo productor europeo en fabricantes de automoción (solo por detrás de Alemania). Nuestro país cuenta con un tejido industrial que exporta más del 90% de los vehículos que produce en gran medida a países y zonas geográficas que entre 2035 y 2040 pondrán fin a la comercialización de vehículos de combustión, lo que hace imprescindible reforzar esta cadena industrial y tecnológica para competir en condiciones con otros mercados.

A esto hay que sumar que España tiene un segmento industrial con un elevado prestigio internacional en el desarrollo y fabricación de componentes de electrónica de potencia, equipos eléctricos e infraestructuras de recarga. También cuenta con gigafactorías, fábricas de reciclaje de baterías, de almacenamiento energético con baterías de segunda vida y reservas de litio, cobalto, cobre, níquel, aluminio y otras materias primas estratégicas. En síntesis, se garantiza toda una economía circular que se completa con el avance en nuevas tecnologías, como el 5G, la digitalización o la inteligencia artificial.

En este punto destacamos un estudio de Aedive sobre el impacto socio económico de la movilidad eléctrica en España, que revela que con cada euro invertido en la electrificación de la movilidad en España se genera 1,8 euros de PIB. La electrificación y las redes para el desarrollo de la industria y los servicios de la movilidad eléctrica crearán más de 500.000 empleos y generarán más de 100.000 millones de euros de PIB hasta el año 2030, teniendo en cuenta el efecto arrastre de esta cadena de valor en 22 ramas de actividad diferentes.

Estamos ante una gran oportunidad como país para conformar un proyecto estratégico y así mantener el liderazgo en automoción y sectores asociados.

Por último, el vehículo eléctrico es un claro eje de eficiencia energética, el único sistema de propulsión que puede interactuar con la red eléctrica para promover las energías renovables, la generación distribuida y el almacenamiento energético.

Por tanto, la electromovilidad abarca varios frentes: motor de crecimiento económico, innovación tecnológica, eficiencia energética e independencia geopolítica, ya que permite reducir la importación de combustibles fósiles de terceros países y generando su propia energía —limpia y autóctona— para alimentar edificación, industria y, por supuesto, movilidad. No podemos perder este tren.