AOP considera que el nuevo gravamen pone en riesgo la competitividad del refino español

La Asociación Española de Operadores Productos Petrolíferos (AOP), de la que forman parte bp, Cepsa, Eni, Galp, Gunvor, Repsol y Saras se opone al nuevo gravamen energético, presentado el jueves 28 de julio vía proposición de ley por PSOE y UP en el Congreso. El colectivo considera que esta nueva tasa pone en riesgo la competitividad de la industria del refino española y generará un impacto negativo “en sus inversiones, sostenibilidad y en empleo en el marco de la transición energética”.

AOP apunta en una nota de prensa que, “aunque la fórmula escogida no grava los beneficios sino la facturación, se justifica en la exposición de motivos con base en unos supuestos beneficios extraordinarios”. El colectivo empresarial subraya que el sector del refino compite en un ámbito global, por lo que compite a nivel internacional. “Por ello, los beneficios no se distinguen por su carácter ordinario o extraordinario, sino que son cíclicos y fruto de unas condiciones de mercado potenciadas por unas inversiones realizadas a riesgo, sin una tarifa regulada que asegure su rentabilidad”.

“Lo que hoy pueden parecer beneficios ‘extraordinarios’, en 2020 fueron pérdidas ‘extraordinarias’, ya que, como consecuencia del compromiso del sector con el país en momentos de dificultad, durante la pandemia se mantuvieron operativas todas las refinerías y abiertas el 98% de las estaciones de servicio, a pesar de caídas de la demanda sin precedentes”. AOP añade que, ante la invasión rusa de Ucrania, las compañías integradas en la asociación “han ofrecido descuentos adicionales a los carburantes a los impulsados por el gobierno para aliviar el esfuerzo de los clientes”.

AOP señala que la industria española del refino “hizo una apuesta en el periodo 2008-2012 distinta a la de otros países europeos y a lo que el ciclo económico parecía recomendar. Mientras en la Unión Europea se cerró el 10% de la capacidad de refino, en España se invirtieron casi 7.000 millones de euros para dotar a las refinerías de más capacidad de conversión y más flexibilidad”.

El colectivo remarca que, desde la invasión de Ucrania por Rusia, “esta apuesta del sector se ha revelado como un auténtico activo estratégico para el país, garantizando la seguridad de suministro. En las dificilísimas y excepcionales circunstancias actuales, España sigue siendo exportadora neta de gasolina y gasóleo, posicionándose en una situación muy distinta a la de otros países europeos”.

“Querer gravar hoy estos beneficios carece de sentido. Basar el nuevo gravamen en beneficios coyunturales solamente tendría sentido si al tiempo se aportasen ayudas ante pérdidas coyunturales, como la vivida en el año 2020. En aquel momento el sector tuvo que afrontar pérdidas para poder garantizar en España el suministro de productos de primera necesidad y la movilidad de los servicios esenciales”, subraya AOP.

El colectivo subraya que los recursos de las compañías del sector “son imprescindibles para seguir acometiendo las inversiones para alcanzar la neutralidad climática, que van a requerir miles de millones de euros en las refinerías españolas, con una apuesta por la industria y el empleo, pese a la incertidumbre normativa en torno a estas inversiones”.

AOP recuerda que tres años después de la presentación de su Estrategia de Evolución hacia los Ecocombustibles, que tuvo lugar en 2019, “las compañías asociadas han demostrado claramente su compromiso con el objetivo de cero emisiones netas y con el futuro del país anunciando inversiones milmillonarias y poniendo en marcha proyectos para que el sistema de refino, que ha demostrado ser uno de los más competitivos y flexibles, sea el más sostenible. Para no poner en riego estas inversiones, es necesario un marco legal estable y un diseño de la transición energética que deje competir a todas las alternativas en igualdad de condiciones”. No obstante, el colectivo presidido por Juan Antonio Carrillo de Albornoz considera que “España tiene un marco jurídico estable y seguro, que protege a ciudadanos y empresas”.

“El contexto es complejo de estudiar y de abordar, por ello, requiere de un mayor esfuerzo de diálogo y análisis. Las decisiones tomadas en otros países europeos no tienen por qué ajustarse a la realidad española”. Por todo ello, AOP “anima a buscar fórmulas propias que garanticen a ciudadanos y empresas un trato justo, equitativo y basado en los hechos”.