Entrevista a Jorge de Benito, presidente de la CEEES

De Benito alerta sobre las consecuencias que puede tener para el sector realizar las inversiones necesarias para cumplir con la ITC 04 en un momento en el cual las administraciones, tanto las europeas como las nacionales, están incentivando el desarrollo de tecnologías y fuentes energéticas alternativas en detrimento de los derivados del petróleo, una situación que describe como “tormenta perfecta”. No obstante, el empresario cántabro considera que las estaciones de servicio seguirán siendo garantes de la movilidad durante las próximas décadas.

Se está produciendo una recuperación de la actividad muy lenta. De hecho, algunas previsiones hablan de que las estaciones de servicio no recuperarán su volumen habitual de ventas hasta el segundo semestre de 2022. Hemos sufrido un golpe muy duro del que nos será muy difícil recuperarnos. Ha sido muy duro que se nos obligara a modificar de nuevo horarios de apertura; estar abiertos sin ventas es incomprensible.

Hablamos de unas caídas medias de ventas de más del 30% con respecto a lo que sería habitual para estas fechas. Los negocios no se encuentran ni al 70% de su rendimiento habitual para principios del mes de julio. Eso sin contar las cifras de muchos de nuestros asociados que tienen negocios alternativos al de carburantes dentro de la misma instalación, como puede ser los de hostelería.

Sabemos que ha habido casos, no sólo de cierres sino de cambios en la propiedad al quedar quebrados por esta situación los anteriores empresarios, aunque lo cierto es que no tenemos los datos totales. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, hay expertos jurídicos que dicen que sí pueden pedirse, aunque otros actores del sector ven más complicado poder realizar esas reclamaciones.

Pues lo cierto es que hemos extraído algunas conclusiones interesantes. En primer lugar, que la Administración por un lado nos anima a diversificar nuestros negocios para que incorporemos nuevas energías de propulsión. Y, sin embargo, por otro lado, ha penalizado a las estaciones de servicio que comercializan energías alternativas, obligándolas a mantener el horario que prestaban antes del estado de alarma, independientemente de que en los alrededores hubiera otras opciones de reabastecimiento. Se trata de un castigo absurdo que no comprendemos y que desincentiva la iniciativa de los empresarios de estaciones de servicio a la hora de invertir en la senda de descarbonización de la economía. En los próximos días celebraremos una reunión monográfica del Comité Ejecutivo de la CEEES al respecto. Quien desconoce su historia está condenado a repetirla.

Pues no lo sé, pero lo que está claro es que ahora hemos de abrir un proceso de reflexión que nos permita aprender de lo que ha sucedido y ver de qué manera podemos competir en un entorno cada vez más difícil, en el que la Administración no actúa precisamente como un aliado de los empresarios que garantizamos la movilidad de empresas y particulares. Pero está claro que muchos de los cambios aplicados durante la pandemia han venido para quedarse.

Desde la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio hemos mantenido intensos y permanentes contactos con los principales proveedores del sector y he de decir que, en la mayoría de las ocasiones, las empresas que nos suministran productos y servicios han estado a la altura de las circunstancias, comprendiendo la situación límite en la que nos encontrábamos y flexibilizando muchas de sus condiciones. Afortunadamente, poco a poco vamos retomando la normalidad.

A pesar de los nubarrones que se ciernen sobre el sector, De Benito, en su faceta de empresario, está realizando inversiones en sus estaciones de servicio para ampliar y mejorar la atención al público.

Compartimos plenamente el propósito de la norma, aunque no podemos estar de acuerdo en los medios propuestos para alcanzar esa meta. Es más, si de verdad se quiere avanzar en la descarbonización de la economía española la Administración debe dejar de restringir nuestra capacidad de maniobra y permitir a los garantes de la movilidad que vayan introduciendo poco a poco los elementos necesarios para completar una transición energética justa. No se trata de imponer, se trata de tomar las medidas adecuadas para favorecer la inversión público-privada y mejorar el medio ambiente, la salud y la economía de nuestro país.

Las expectativas de venta de vehículos eléctricos que manejan las Administraciones europea y nacional son ciertamente descabelladas, sobre todo si tenemos en cuenta que más del 96% de los vehículos que se venden funcionan con productos derivados del petróleo. Una de las carencias del Proyecto de Ley de Cambio Climático y de Transición Energética es que no contempla otras propulsiones que no sean la electromovilidad, obviando tanto el gas en sus diferentes versiones como el hidrógeno. El futuro será multienergético y cada segmento de actividad y cada zona de influencia se decantará por la energía que mejor se adapte a sus necesidades. Una vez más, la Administración trata de imponer en vez de convencer.

Nosotros entendemos que dependerá de la clientela, y quien mejor lo sabrá es el propietario de la estación de servicio. Lo que desde luego no tiene sentido es que la Administración lo imponga, y menos basándose en criterios tan peregrinos como el volumen de litros de derivados del petróleo que se vendan en esa instalación. Menos sentido tiene aún quebrar la libertad de empresa para obligar a los empresarios de nuestro sector a hacer inversiones a todas luces ruinosas.

Por iniciativa propia, la CEEES se la ha trasladado a los responsables de la Administración, que nos han escuchado, pero no sabemos si nos harán caso. En pocos años, si no nos hacen caso, las estaciones deberán hacer inversiones millonarias para adaptarse legislativamente (a la ITC 04) a un negocio que tiene fecha de caducidad y tendrá que hacer también inversiones ruinosas para un nuevo formato de negocio. Es lo que cualquiera calificaría como una tormenta perfecta.

Llevamos años avisando de que nadie vende duros a cuatro pesetas. Y eso lo saben tanto los clientes finales como los empresarios de estaciones de servicio. Si un proveedor ofrece una cuba a un precio anormalmente bajo el peligro es evidente. Allá cada cual con su conciencia y con las consecuencias que este hecho pueda tener en sus negocios y en la imagen que el sector proyecta en la sociedad. Nosotros condenamos enérgicamente este tipo de actitudes y, como he dicho antes, son fáciles de detectar, así se lo hemos trasladado en múltiples ocasiones a la Administración.

Hemos publicado una nota de prensa al respecto, en la que denunciamos lo espurio de ese posicionamiento. Es inconcebible que un organismo público que pagamos entre todos se posicione en favor de un modelo de negocio en detrimento de otro, máxime cuando las afirmaciones vertidas tanto en el blog de la CNMC como en una nota de prensa del Ministerio de Transición Ecológica se dice que las gasolineras desatendidas son más seguras para prevenir la propagación del coronavirus son radicalmente falsas. Sólo las estaciones de servicio atendidas y seguras tienen a disposición de los clientes guantes, limpian y desinfectan permanentemente los surtidores y boquereles y mantienen los aseos abiertos a disposición de los clientes. La distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Y si lo que se quiere es ese formato de negocio, que se adapten las leyes del sector para que una gasolinera sin personal pueda cumplirlas en su totalidad y que se nos indique con claridad que ése es el camino que se quiere para el futuro.

"El futuro será multienergético y cada segmento de actividad y cada zona de influencia se decantará por la energía que mejor se adapte a sus necesidades"