UPI demanda medidas legales para acabar con el fraude en la distribución de carburantes

La Unión de Petroleros Independientes (UPI) solicita la adopción de las medidas legales aún pendientes para acabar con el fraude en la distribución de carburantes. Aunque reconoce “la implicación y el esfuerzo de las Administraciones responsables” en la lucha contra este “problema”, recuerda los graves perjuicios que esta práctica genera.

El colectivo presidido por Anna Bes aprovecha las inhabilitaciones de operadores petrolíferos que se han sucedido en las últimas semanas para realizar un recuento histórico de las altas y las bajas, incluyendo las inhabilitaciones, registradas en el listado oficial de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Tal y como recuerda UPI en una nota de prensa, en las dos últimas semanas han sido inhabilitados varios operadores petrolíferos, una circunstancia que lleva al colectivo a realizar el citado recuento. No obstante, “las inhabilitaciones no pueden asociarse necesariamente con el ánimo de defraudar, ni el cese voluntario de la actividad con la ausencia del mismo”. Pero “la siguiente fotografía sí refleja, de alguna manera, el grado de fraude existente en la distribución de carburantes”.

Los datos recopilados por la UPI fueron extraídos del listado publicado por la CNMC el pasado 26 de febrero de este año. Así, desde el origen del listado publicado por el organismo regulador se registraron en el mismo 273 operadores, de los cuales mantenían su actividad 98, por lo que hasta la fecha indicada cesaron su actividad 175, 66 de los cuales “han sido inhabilitados por incumplimientos muy graves de sus obligaciones”.

Ante esta situación la UPI reitera que la distribución de carburantes es un sector abierto y dinámico y que no existe ningún impedimento para acceder a la actividad. Asimismo, destaca que las Administraciones “están llevando a cabo grandes esfuerzos para atenuar el fraude”, a pesar de lo cual se siguen produciendo prácticas fraudulentas, por lo que “las Administraciones deben seguir en su empeño”.

El colectivo presidido por Anna Bes apunta que “existen posibles medidas legales que podrían reducir el riesgo de fraude”, que “genera enormes perjuicios a las Administraciones”, entre los que cita “la pérdida de recaudación fiscal y de fondos destinados a eficiencia energética, el perjuicio a la sostenibilidad medioambiental y a la seguridad de suministro energético y empobrecimiento de la competencia y concentración de la oferta a largo plazo.”

Por lo que respecta a las operadoras que actúan en el mercado ajustándose a las normas, sufren una “competencia desleal con ventas en condiciones anómalamente inferiores a las de mercado”, generando así un grave perjuicio “a las empresas que cumplen con todas sus obligaciones”.

“Los modus operandi se han ido adaptando y sofisticando para evadir su persecución. Las estructuras comerciales de las empresas defraudadoras se van desplazando de operador en operador según se van cerrando y abriendo empresas con ánimo de defraudar. Muchas de ellas parecen estar bajo una pirámide común”, denuncian en la mencionada nota de prensa fuentes de la UPI.

Finalmente, desde la UPI se reitera que “los compradores que adquieren producto a precios anómalamente bajos están sujetos a la responsabilidad subsidiaria en el pago del IVA no atendido por las empresas defraudadoras (Ley del IVA art. 87.5)”.

Por otra parte, UPI cuenta con un nuevo asociado, el operador Bonarea Energia, constituido en el año 2008. Con esta incorporación el colectivo suma ocho integrantes: Bonarea Energia; Carburants Axoil; Disa Red de Servicios Petrolíferos; Dyneff España; Esergui; GM Fuel Service; Kuwait Petroleum España y Meroil. "Esta ampliación viene a reforzar la representatividad de UPI entre el colectivo de operadores independientes", informaron fuentes de UPI.