Anfac asegura que ningún país europeo cuenta con proyectos legislativos para prohibir los vehículos de combustión
“Las distintas iniciativas en España para vetar la venta o circulación de vehículos con emisiones de CO2 directas, como la futura Ley de Cambio Climático en Baleares, en avanzada fase de tramitación para prohibir la circulación de vehículos diésel a partir de 2025 y todos los vehículos de combustión a partir de 2035, dibujan un panorama para el sector de la automoción inédito en Europa”.
Así da comienzo una extensa nota de prensa difundida por la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) en la que la patronal critica que, aunque los promotores de la futura norma balear “argumentan que estos objetivos se alinean con la línea más prudente de los países europeos, que están aprobando incluso plazos más cortos para esta prohibición, ningún ordenamiento jurídico de nuestro entorno ha aprobado una limitación similar en ninguna norma con rango de ley o vinculante.”
Desde Anfac admiten que “no se puede negar que varios países europeos han anunciado medidas para la descarbonización del parque automovilístico”, pero en opinión de este colectivo, “el fondo y la forma difieren en puntos fundamentales, sobre todo respecto del carácter prohibicionista que presenta el proyecto de Baleares.”
Acciones legislativas no vinculantes
“Pocos países han tomado verdaderamente medidas legislativas con respecto a los programas de incentivos o la finalización de las ventas de vehículos de combustión interna.” Además, añade la patronal automovilística, “en todos los casos la acción legislativa aprobada no es vinculante, sino que las restricciones se articulan a través de documentos estratégicos que señalan objetivos. Las iniciativas en la mayor parte de los países se limitan, en este momento, a promesas o titulares en los medios de comunicación, sin tener una trasposición real a nivel legislativo.”
“Lo que sí se han establecido en varios países europeos han sido limitaciones a la circulación de vehículos de diésel o gasolina en zonas denominadas ‘de bajas emisiones’ en entornos urbanos. Estas restricciones se han fijado”, continúa la nota de prensa de Anfac, “en función, en varios de los casos, de un etiquetado ambiental que discrimina a los automóviles por su potencial contaminador, que depende, fundamentalmente, de su antigüedad.”
“En todos los casos las medidas de restricción vienen acompañadas de abultados presupuestos orientados a la descarbonización del transporte desde distintos puntos de vista: desde ayudas directas a la renovación del parque (con vehículos también de combustión) o a la adquisición de vehículos cero emisiones, hasta el impulso a la instalación de infraestructuras, mejora de la movilidad ciudadana o apoyo a las inversiones industriales”, remarcan desde la patronal.
Anfac resalta que “como venimos haciendo desde que se conoció esta medida, si bien los fabricantes comparten plenamente el objetivo de descarbonización del parque y están haciendo esfuerzos multimillonarios para ampliar sus flotas de vehículos con cero y bajas emisiones, no podemos apoyar medidas basadas en el prohibicionismo y contrarias al principio de la neutralidad tecnológica, principio que refrenda Europa con sus medidas.”