El colectivo enumera los costes incluidos en el margen bruto
La UPI considera que la terminología de la CNMC "confunde al ciudadano"
Revista Estaciones de servicio15/12/2014
Anna Bes es la presidente de la Unión de Petroleros Independientes (UPI).
Bajo el título “La CNMC habla del margen bruto, no del margen real del operador”, la Unión de Petroleros Independientes difundió el pasado 11 de diciembre, jueves, una nota de prensa explicativa en la que acusa a la CNMC de usar una terminología que “confunde al ciudadano”, quien -”leyendo las conclusiones del informe de octubre” del organismo regulador- “extrae la impresión de que las bajadas de las cotizaciones internacionales se han visto compensadas en parte por el aumento de los márgenes de los operadores”. Un conclusión que “es fruto de la desinformación y falta de claridad”.
En una extensa nota de prensa (sobre la cual informamos en nuestro anterior boletín digital), la UPI (en la que participan Disa, Dyneff, Esergui y Meroil) puntualiza que la comparación de los precios antes de impuestos (PAI) “se sigue realizando con los precios que, de cada país de la Unión Europea (UE), publica la Comisión Europea en su Boletín Petrolero semanal, cuando esta información no es homogénea (los Estados miembros utilizan distintos criterios de selección y tratamiento de datos)”.
Esta anomalía fue señalada “en su día por la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE)”, organismo que señaló que “los datos de PVP y PAI correspondientes a la Unión Europea provienen de la publicación semanal “Oil Bulletin” de la Comisión Europea”. La CNE hizo referencia a un informe publicado por la UE en febrero de 2009 (titulado “Survey on the petroleum products’ price data collection published in the weekly oil bulletin”), en el cual se advertía “que la metodología aplicada en la obtención de los datos del "Oil Bulletin" no es homogénea para todos los países miembros”.
La UPI admite que España ha solicitado una armonización de las metodologías utilizadas por los Estados miembros, pero mientras tanto, en los informes de supervisión de precios de los carburantes de la CNMC “ni siquiera se menciona en letra pequeña la falta de armonización como causa de un posible margen de error”.
“Hacer recuento” de los costes
En cuanto a la terminología “márgenes brutos” la UPI estima, tal y como se ha apuntado, que “confunde al ciudadano” y considera que “no basta con la definición que figura en el glosario final de los informes de supervisión (“Margen Bruto: diferencia entre el precio antes de impuestos (PAI) y la cotización internacional de referencia”), sino que hace falta aclarar de manera visible que el margen bruto comprende, además del coste del producto, los otros muchos costes de actividad”.
Otra de las objeciones que plantea la UPI ante los informes de la CNMC, es que, en su opinión, “no se pueden comparar cotizaciones internacionales de referencia y precios de venta al público (PVP) cuando el coste del producto supone menos de la mitad del precio final. Nunca por parte de la CNMC”, subraya el colectivo presidido por Anna Bes, “se recuerda que los impuestos representan aproximadamente la mitad del PVP de los carburantes. Si el ciudadano a día de hoy es ya más consciente de esta realidad, es fruto de la labor didáctica llevada a cabo por el sector petrolero durante años”.
Fuentes de la UPI proponen “hacer recuento” de los costes que se incluyen en el denominado “margen bruto” y que por lo tanto, habría que restar del mismo para llegar al margen neto, que es el real del operador mayorista.
Algunos de estos costes son el del producto (la cotización internacional a ponderar por el tipo de cambio euro/dólar); los gastos logísticos y de transporte (marítimo y terrestre); las tasas y tarifas portuarias; los costes de los almacenamientos portuarios y/o reguladores; los controles de calidad y de cantidad; los relacionados con la comercialización mayorista y minorista (instalaciones y personal) en las estaciones de servicio y/o en los centros de distribución, entre otros.
Finalmente la UPI, que recuerda que “en el 80% de las estaciones de servicio, no son los operadores quienes fijan el PVP”, enumera otros gastos incluidos en el precio final que pagan los consumidores por los carburantes, como los costes financieros; los de los seguros del producto y de las instalaciones vinculadas al circuito; los gastos generales de los diferentes actores que intervienen en los circuitos (operadores, almacenistas, transportistas, distribuidores); las diferencias de cotización euro-dólar durante el período de maduración de la venta (importación y/o refino hasta la comercialización); los márgenes industriales de los diferentes actores que intervienen en los circuitos; las existencias obligatorias de seguridad (92 días de ventas en todo momento); los objetivos obligatorios de biocarburantes; las aportaciones obligatorias al Fondo Nacional de Eficiencia Energética y la tasa de la CNMC para el sector de hidrocarburos líquidos.
En una extensa nota de prensa (sobre la cual informamos en nuestro anterior boletín digital), la UPI (en la que participan Disa, Dyneff, Esergui y Meroil) puntualiza que la comparación de los precios antes de impuestos (PAI) “se sigue realizando con los precios que, de cada país de la Unión Europea (UE), publica la Comisión Europea en su Boletín Petrolero semanal, cuando esta información no es homogénea (los Estados miembros utilizan distintos criterios de selección y tratamiento de datos)”.
Esta anomalía fue señalada “en su día por la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE)”, organismo que señaló que “los datos de PVP y PAI correspondientes a la Unión Europea provienen de la publicación semanal “Oil Bulletin” de la Comisión Europea”. La CNE hizo referencia a un informe publicado por la UE en febrero de 2009 (titulado “Survey on the petroleum products’ price data collection published in the weekly oil bulletin”), en el cual se advertía “que la metodología aplicada en la obtención de los datos del "Oil Bulletin" no es homogénea para todos los países miembros”.
La UPI admite que España ha solicitado una armonización de las metodologías utilizadas por los Estados miembros, pero mientras tanto, en los informes de supervisión de precios de los carburantes de la CNMC “ni siquiera se menciona en letra pequeña la falta de armonización como causa de un posible margen de error”.
“Hacer recuento” de los costes
En cuanto a la terminología “márgenes brutos” la UPI estima, tal y como se ha apuntado, que “confunde al ciudadano” y considera que “no basta con la definición que figura en el glosario final de los informes de supervisión (“Margen Bruto: diferencia entre el precio antes de impuestos (PAI) y la cotización internacional de referencia”), sino que hace falta aclarar de manera visible que el margen bruto comprende, además del coste del producto, los otros muchos costes de actividad”.
Otra de las objeciones que plantea la UPI ante los informes de la CNMC, es que, en su opinión, “no se pueden comparar cotizaciones internacionales de referencia y precios de venta al público (PVP) cuando el coste del producto supone menos de la mitad del precio final. Nunca por parte de la CNMC”, subraya el colectivo presidido por Anna Bes, “se recuerda que los impuestos representan aproximadamente la mitad del PVP de los carburantes. Si el ciudadano a día de hoy es ya más consciente de esta realidad, es fruto de la labor didáctica llevada a cabo por el sector petrolero durante años”.
Fuentes de la UPI proponen “hacer recuento” de los costes que se incluyen en el denominado “margen bruto” y que por lo tanto, habría que restar del mismo para llegar al margen neto, que es el real del operador mayorista.
Algunos de estos costes son el del producto (la cotización internacional a ponderar por el tipo de cambio euro/dólar); los gastos logísticos y de transporte (marítimo y terrestre); las tasas y tarifas portuarias; los costes de los almacenamientos portuarios y/o reguladores; los controles de calidad y de cantidad; los relacionados con la comercialización mayorista y minorista (instalaciones y personal) en las estaciones de servicio y/o en los centros de distribución, entre otros.
Finalmente la UPI, que recuerda que “en el 80% de las estaciones de servicio, no son los operadores quienes fijan el PVP”, enumera otros gastos incluidos en el precio final que pagan los consumidores por los carburantes, como los costes financieros; los de los seguros del producto y de las instalaciones vinculadas al circuito; los gastos generales de los diferentes actores que intervienen en los circuitos (operadores, almacenistas, transportistas, distribuidores); las diferencias de cotización euro-dólar durante el período de maduración de la venta (importación y/o refino hasta la comercialización); los márgenes industriales de los diferentes actores que intervienen en los circuitos; las existencias obligatorias de seguridad (92 días de ventas en todo momento); los objetivos obligatorios de biocarburantes; las aportaciones obligatorias al Fondo Nacional de Eficiencia Energética y la tasa de la CNMC para el sector de hidrocarburos líquidos.
