El colectivo critica que la CNMC no haga referencia a ellos en sus informes mensuales

La Unión de Petroleros Independientes (UPI), en la que se agrupan los principales operadores petrolíferos independientes del mercado español (Disa, Dyneff, Esergui y Meroil), denuncia en una nota de prensa remitida a los medios de comunicación que “conviene hacer recuento" de los costes incluidos en el denominado “margen bruto y que, por lo tanto, habría que restar del mismo para llegar al margen neto, que es el real del operador mayorista”.

En particular, la UPI se detiene “sobre determinados costes que soportan los consumidores” como parte del PVP de los carburantes, respecto de los cuales la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) “no da ninguna información pública”. Así, cita las existencias obligatorias de seguridad, un coste que incluye “el exceso que existe” en la actualidad de las mismas, en referencia a la parte de existencias obligatorias de seguridad que, por cuenta de los operadores, mantiene la Corporación de Reservas Estratégicas (Cores).

En este sentido, UPI recuerda que “como consecuencia de la fuerte bajada del consumo en los últimos años, Cores viene arrastrando desde 2009 un exceso "in crescendo" de producto que ya supone aproximadamente el 22% del total”. El almacenamiento y la financiación de este superávit “suponen para los operadores un sobrecoste de unos 39 millones de euros que encarece innecesariamente el mantenimiento de las existencias estratégicas en detrimento último de los consumidores y de la competitividad de la economía”.

Otro de los costes sobre los que la UPI llama la atención es el relacionado con los objetivos obligatorios de biocarburantes, en el cual destaca “la elevada carga burocrática inherente al mecanismo de certificación que sirve para controlar el cumplimiento de estos objetivos”.

El colectivo presidido por Anna Bes añade que “es preciso determinar el coste del mecanismo de cuotas de biodiésel, que limita las fuentes de aprovisionamiento de los operadores a las plantas con autorización” para vender este biocarburante apto para el cumplimiento de los objetivos “y la parte que representa en el coste de aprovisionamiento. Todo ello”, resalta la nota de prensa, “debería quedar reflejado en los informes de supervisión de la CNMC”.

UPI también señala el coste que genera la tasa de la CNMC para el sector de hidrocarburos líquidos, que asciende, sólo por las ventas de gasolinas y gasóleos, a “más de 4,6 millones de euros. Una tasa, explica, que también se aplica a las ventas de querosenos, fuelóleos y GLP.

La Unión de Petroleras Independientes continúa y afirma que las aportaciones obligatorias al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que recaen sobre los operadores desde julio de 2014, y se dedicarán a la financiación de actuaciones dirigidas a mejorar la eficiencia energética de los consumidores finales, suponen para el total de los operadores unos 54 millones de euros sólo para este año, mientras que para el próximo “serán del doble, discriminando además entre sujetos obligados y distorsionando la competencia”.

Sobre este coste de naturaleza tributaria, “los operadores tienen una nula capacidad de influencia, ya que no es un coste operativo o un requisito legal”, como sucede con el mantenimiento de existencias de seguridad. “No obstante, al no haberse configurado como un tributo, no se está excluyendo del precio antes de impuestos (PAI), como tampoco se excluye la Tasa de la CNMC”.

Además, la UPI puntualiza varias de las afirmaciones recogidas en la CNMC en su informe de octubre, unas matizaciones que incluiremos en el siguiente boletín digital de Estaciones de Servicio.