'Renovables con el Territorio: una visión compartida' de REDS-SDSN Spain

'Renovables con el Territorio: una visión compartida' es una iniciativa liderada por la Red Española de Desarrollo Sostenible (REDS-SDSN Spain) que tiene como objetivo crear consenso entre empresas, administraciones, agentes sociales y comunidades locales para un despliegue responsable de energías renovables en España. El proyecto, que culminará en 2025, propone una hoja de ruta con 53 medidas orientadas a reducir conflictos, maximizar beneficios sociales y proteger el medio ambiente. Este esfuerzo, respaldado por instituciones europeas y nacionales, marca un paso significativo hacia un modelo energético sostenible y ampliamente aceptado.

El proyecto 'Renovables con el Territorio: una visión compartida' surge como respuesta a los retos del despliegue de energías renovables en España, donde el rápido desarrollo de la energía solar y eólica ha generado tensiones sociales y medioambientales. Liderado por REDS-SDSN Spain y respaldado por la European Climate Foundation, Eudemon Project e INSTA, esta iniciativa busca equilibrar los intereses de todos los actores implicados mediante un enfoque participativo y multisectorial.

El objetivo principal del proyecto es consensuar una hoja de ruta que oriente la implantación de energías renovables hasta 2050. Entre las metas destacadas se incluye la reducción de las controversias que suelen derivarse de la implantación de proyectos renovables, un esfuerzo que también se enfoca en promover el diálogo multisectorial para crear soluciones sostenibles. Además, el proyecto busca definir medidas concretas, agrupadas en 53 propuestas, que garanticen un despliegue eficiente y respetuoso con las comunidades y el entorno.

El proyecto se desarrolla en dos fases principales. La primera fase, que se llevó a cabo entre junio de 2023 y marzo de 2024, incluyó encuentros grupales, entrevistas y cuatro sesiones de diálogo. Estas actividades abordaron temas como las sinergias entre energías renovables y economías locales, los mecanismos de retorno de beneficios a las comunidades afectadas y los criterios para identificar zonas adecuadas para instalaciones. El resultado más destacado de esta etapa fue el diseño de una hoja de ruta con 53 medidas.

La segunda fase, iniciada en junio de 2024, se centra en la difusión de las medidas propuestas. Durante esta etapa, se prioriza la implementación en comunidades autónomas como Aragón, Galicia, Cataluña y Castilla-La Mancha. Además, se han identificado diez acciones clave destinadas a maximizar el impacto político y social de las propuestas elaboradas en la fase anterior.

La hoja de ruta diseñada en el proyecto abarca un conjunto de medidas organizadas en diversas áreas estratégicas que reflejan una aproximación integral al despliegue de energías renovables en España. Estas medidas buscan atender tanto las preocupaciones de las comunidades locales como los desafíos técnicos y ambientales que plantean los proyectos energéticos.

En el ámbito de la participación y la comunicación, se subraya la importancia de establecer protocolos claros para garantizar una interacción efectiva con los actores locales. Estas acciones incluyen la creación de mapas detallados del tejido social en cada región, identificando las necesidades y prioridades de las comunidades implicadas. Asimismo, se promueve la realización de consultas públicas previas a la obtención de permisos, con el objetivo de incorporar las inquietudes de la población en la planificación de las instalaciones renovables, fomentando un diálogo transparente y constructivo entre desarrolladores, ciudadanos y autoridades locales.

En cuanto a los beneficios locales, se plantea la apertura del accionariado de las plantas de energías renovables a los habitantes de las zonas afectadas, así como a los ayuntamientos correspondientes. Esto permitiría no solo un retorno económico directo, sino también un mayor sentido de pertenencia y compromiso de las comunidades con los proyectos. Adicionalmente, se proponen mecanismos para repartir de forma equitativa los ingresos generados, asegurando que los beneficios se distribuyan de manera justa entre las áreas circundantes.

Desde la perspectiva medioambiental, las medidas buscan minimizar los impactos negativos de los proyectos en el entorno natural. Esto incluye priorizar el uso de terrenos degradados para la instalación de parques solares y eólicos, evitando interferir en zonas de alta biodiversidad. Además, se fomenta la aplicación de tecnologías que reduzcan el impacto visual y acústico de las instalaciones, como el diseño de estructuras integradas paisajísticamente y la implementación de sistemas que disminuyan las emisiones lumínicas. Estas acciones se complementan con estudios exhaustivos de biodiversidad, asegurando que los hábitats locales se conserven y se fortalezcan.

En el ámbito del desarrollo local, se destaca la agrovoltaica como una solución clave para promover la coexistencia entre la energía solar y las actividades agrícolas. De esta manera no solo se garantiza el aprovechamiento óptimo del terreno, sino que también se impulsa la diversificación de las economías rurales. Además, se contempla la creación de empleo local mediante estrategias inclusivas que integren la perspectiva de género, fortaleciendo el tejido social y económico de las comunidades donde se implementan estos proyectos.

Cada una de estas medidas ha sido diseñada considerando su viabilidad técnica, social y económica, incorporando un análisis detallado que identifica los responsables de su ejecución, las prioridades temporales y los desafíos potenciales. Este enfoque garantiza que las propuestas no solo sean aplicables, sino que también contribuyan a un despliegue renovable sostenible, eficiente y socialmente aceptado.

El proyecto aspira a transformar la planificación y ejecución de proyectos renovables en España mediante una estrategia centrada en el consenso y la colaboración. Uno de los resultados clave esperados es la reducción significativa de los conflictos sociales y medioambientales asociados a estas iniciativas, logrando una mayor aceptación por parte de las comunidades locales. Esto se complementa con el establecimiento de un marco que garantice beneficios económicos tangibles y redistribuidos equitativamente entre los actores implicados, incluidas las poblaciones directamente afectadas.

En el plano medioambiental, se espera que las medidas propuestas promuevan una integración armoniosa de las instalaciones renovables en el paisaje, respetando la biodiversidad y reduciendo al máximo los impactos visuales y acústicos. Este equilibrio permitirá que los proyectos sean percibidos como aliados del entorno y no como elementos disruptivos. Además, el fortalecimiento de la agrovoltaica y otras iniciativas locales garantizarán que las actividades tradicionales y renovables puedan coexistir de manera mutuamente beneficiosa.

Finalmente, el impacto del proyecto se proyecta más allá de las fronteras nacionales. 'Renovables con el Territorio' tiene el potencial de convertirse en un modelo replicable para otros países que se enfrentan a desafíos similares en la transición energética. Su éxito podría marcar un antes y un después en la forma en que se desarrollan las políticas energéticas sostenibles, integrando la participación ciudadana, la protección ambiental y la innovación tecnológica como pilares fundamentales.

Primera jornada de 2025

Dentro de las acciones de difusión, REDS-SDSN Spain celebró el pasado 21 de enero de 2025 la jornada 'Medidas para una transición energética justa con el territorio' en el Museo del Port de Tarragona, donde se presentaron las medidas propuestas en la hoja de ruta del proyecto. Durante el encuentro se resaltó la importancia de promover el diálogo entre administraciones públicas, sociedad civil, la academia y el sector privado en el despliegue de las energías renovables con el fin de que nadie se quede atrás en la transición energética.

Este evento fue organizado en colaboración con el Port de Tarragona, APPORTT, L'Energètica, EUDEMON project e INSTA - Servicios Jurídicos Ambientales y en él participaron el presidente del Port de Tarragona, Santiago Castellá; el quinto teniente de alcalde y consejero de Medio Ambiente, Espacio Público y Juventud del Ayuntamiento de Tarragona, Guillermo García De Castro; y el representante del Institut Català d'Energia (Icaen), Jaume Margarit.