Soplan vientos de guerra en el sector eólico

La Asociación Empresarial Eólica hizo también una contrapropuesta al Ministerio que, sin embargo, fue rechazada. Aunque el ministro Miguel Sebastián aseguró públicamente que el nuevo marco normativo no saldría adelante sin el consenso del sector.

Y es que desde la AEE el sector eólico ha hecho saber a Industria que, con las modificaciones introducidas en su última propuesta, no se aborda el problema central: que el marco normativo impide la ejecución de nuevos proyectos y el acceso a la financiación, por lo que aboca al sector a la parálisis. En este contexto y dada la proximidad de las elecciones generales, el sector insta al Gobierno elegido el próximo 20 de noviembre a trabajar cuanto antes en el nuevo marco regulatorio para evitar un vacío legal a partir de 2013. AEE está abierta a colaborar activamente con el Gobierno en la formulación de un régimen estable y sostenible que permita al sector ser un motor de la reactivación económica a través de la creación de riqueza y empleo, la inversión en I+D+i, la exportación de tecnología de vanguardia y el freno a las importaciones de combustibles fósiles, entre otras cosas.

Por otro lado, desde la asociación recuerdan al Ministerio de Industria que queda pendiente la inscripción en el Registro de Preasignación de 600 MW de Canarias (como quedó establecido en el Real Decreto 1614/2010), y la habilitación de prórrogas que permitan realizar los más de 1.000 MW inscritos en el Registro que tienen problemas para ser construidos antes de la fecha límite por razones no imputables a los promotores.

Deloitte advierte del riesgo de ‘desmantelamiento’ de la industria eólica

Si 2009 fue un año complicado que supuso un punto de inflexión en el desarrollo del sector eólico en España, en 2010 se prolongó la tendencia de crecimiento negativo. “La inexistencia de unas reglas del juego a partir de 2013 está produciendo una reducción de actividad muy relevante en el sector que, de continuar en los próximos meses, podría suponer para España el desmantelamiento de un sector industrial muy potente y de gran relevancia internacional”. Ésta es una de las conclusiones del Estudio del impacto macroeconómico del sector eólico en España en 2010, elaborado por la firma de consultoría Deloitte recientemente. El informe, concluido antes de que Industria comenzase la tramitación del Real Decreto sobre retribución eólica que ha provocado el rechazo del sector, afirma que, en este contexto, “es necesario definir con urgencia un marco retributivo estable, previsible, que garantice una rentabilidad adecuada de las inversiones que realicen las empresas que apuestan por la energía eólica”. Precisamente, una de las principales quejas del sector sobre la norma propuesta por Industria es que no garantiza esta rentabilidad razonable que, además, es una exigencia de la Ley del Sector Eléctrico.

Debido a la incertidumbre regulatoria, “los promotores han paralizado el desarrollo de nuevas inversiones hasta que se establezca el nuevo modelo retributivo. Esto ha supuesto la caída de la demanda de equipos y componentes hasta niveles de demanda casi irrelevantes”, señala el estudio. Y añade que “en este sentido, revertir la tendencia de crecimiento negativo supondrá no sólo la recuperación del sector eólico, sino también un fuerte empuje para la economía española en su conjunto”.

Cabe recordar que en 2010 la eólica aportó 2.984 millones de euros al PIB español, un 6,9% menos que en 2009. Según los datos aportados por Deloitte, el sector daba empleo (directa e indirectamente) a 30.747 personas a finales de 2010, lo que supone una reducción de casi 5.000 empleos respecto al año anterior. Y, a pesar de las dificultades, en 2010 el sector eólico continuó ahorrándole dinero a la economía española, según el estudio. El ahorro logrado por la sustitución de importaciones de combustibles fósiles ascendió a 1.616 millones de euros. Asimismo, se ahorraron 329 millones de euros como consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero evitadas. Por ello, desde Deloitte señalan que “podría resultar paradójico que, para cumplir los importantes objetivos de aumento de potencia de generación eólica previstos para esta década en España y en el resto de la Unión Europea, el sector eólico español hubiese perdido su posición de liderazgo internacional: se está perdiendo la oportunidad de consolidar un sector industrial de vanguardia, en el que las empresas españolas siempre han sido la referencia”.

El borrador de Real Decreto pone en peligro 12.680 millones de euros de inversión hasta 2020. Así de contundentes se muestran desde la AEE según sus cálculos realizados. El sector considera que, de salir adelante la regulación en los términos propuestos, se instalará un 69% menos potencia de la prevista por las comunidades autónomas, dado que sólo serán rentables los parques que se instalen en zonas con un recurso eólico muy superior a la media. Por ello, solicita al Ministerio de Industria que reconsidere su postura y retire el borrador de real decreto tal y como está planteado.

La inversión total que se realizaría según lo planificado en las comunidades autónomas (en su mayoría, la potencia adjudicada en los concursos eólicos) sería de 18.399 millones de euros1. Sin embargo, la norma en tramitación supondría una moratoria de facto que reduciría la inversión a 5.719 millones, según la estimación realizada por AEE (ver cuadro adjunto).

AEE estima que, bajo esta norma, hasta 2015 sólo serían rentables los parques eólicos de más de 2.800 horas de funcionamiento anual, de los que en España quedan por instalar tan solo unos 500 MW, con los mejores emplazamientos ya ocupados. A partir de 2015, el umbral de la rentabilidad estaría por encima de 2.400 horas. En la actualidad, el parque medio en España funciona 2.100 horas al año.

Según las previsiones de AEE, Cataluña y Castilla y León perderían más de 2.000 millones de euros en inversiones cada una hasta 2020, mientras Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía sufrirían pérdidas de más de mil millones de euros. Aragón, Canarias, Galicia y Comunidad Valenciana también se verían afectadas, ya que tienen parques eólicos adjudicados en concursos. Varios gobiernos autonómicos han expresado su malestar por la situación.

Las estimaciones de AEE apuntan a que, si se instalase la potencia prevista, el empleo en el sector eólico llegaría a 43.000 puestos de trabajo en 2015 y 51.000 en 2020, frente a los 35.000 de finales de 2009 (último dato disponible). Por el contrario, si se aplica la norma propuesta por Industria, se perderán 16.500 empleos, casi la mitad del empleo actual.

La propuesta de AEE sobre la nueva regulación, expresada tanto en las negociaciones llevadas a cabo en los últimos meses con el Ministerio de Industria como en las alegaciones al borrador de real decreto enviadas a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), parte del supuesto de que el sector eólico debe aceptar unas condiciones económicas más restrictivas que las actuales en el presente escenario de crisis económica. Sin embargo, afirman que “lo que el sector no puede aceptar es un sistema que lo aboca a la parálisis, la destrucción de su tejido industrial y la pérdida de riqueza y empleo”.

¹Nota:

Las comunidades autónomas planificaron la mayor parte de los concursos eólicos antes de conocer los objetivos del PANER y, por lo tanto, del PER 2011-20. Por ello, la potencia total planificada supera en alrededor de un 20% los 35.750 MW eólicos previstos en el PER. Los 18.399 millones de euros en inversiones estimados por AEE hasta 2020 incluyen toda la potencia planificada.