El coste de no invertir en redes eléctricas

En pleno proceso de descarbonización de la economía se presentan diversas alternativas para alcanzar el objetivo de los próximos años para adaptarse al cambio climático y, con ello, mitigar los efectos que ya está teniendo sobre la vida humana, animal y vegetal. Algunas de estas soluciones, que se plasman en objetivos cuantificables para los estados miembros de la UE, pueden ser la electrificación de la industria, la generalización del uso de las energías renovables, el vehículo eléctrico, el hidrógeno verde o la implantación general de los derechos de emisión de carbono, entre otros. Todos y cada uno de ellos tienen una justificación y sus defensores cuentan con argumentos sólidos para defender su importancia.

Sin embargo, cuando estamos en un proceso como el actual y se plantean soluciones tan diversas, caemos en el error de no saber priorizar cuáles tienen que ir primero y cuáles después. En este sentido, uno de los primeros pasos es el refuerzo de la red eléctrica para dar cabida a toda la industria que actualmente quiere descarbonizarse y la que vendrá en los próximos años atraída por los precios más competitivos de un sistema eléctrico basado en energías limpias.

Parece obvio que la red eléctrica tiene que crecer de manera acompasada al ritmo que la industria demanda para su descarbonización, pero actualmente no es así. De no tomar cartas en el asunto y solucionar el tema de planificación de la red para adaptarlo a la realidad esa industria no se descarbonizará o se asentará en países que tengan resuelto este tema de infraestructuras básicas, perdiendo nuestra gran oportunidad económica como país.

Así las cosas, desde la Asociación para la Transición Energética (ATE) hemos presentado recientemente un documento en el que se analiza la imperiosa necesidad y urgencia de las redes eléctricas en nuestro país, en el contexto de la doble transición energética y digital en España.

Se trata de un trabajo en el que se llevan a cabo una serie de reflexiones que concluyen que las redes eléctricas constituyen el elemento central que sostiene la transición energética y digital en nuestro país, de manera que, sin garantizar el acceso de la industria a la red eléctrica, la transición hacia las cero emisiones netas y la descarbonización de la economía es imposible de conseguir.

De esta manera, el documento refleja cómo es fundamental disponer de una infraestructura de red que permita llevar la electricidad a todos los puntos de consumo en el momento que lo demanden, ya sea a nivel individual o industrial, del mismo modo que para que puedan circular coches o trenes, se necesitan vías preparadas para tal fin.

Por otra parte, si pretendemos alcanzar los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), resulta imperativo y urgente acompasar el crecimiento de la infraestructura de la red eléctrica (en todos los niveles de tensión) a las necesidades reales, presentes y futuras, teniendo en cuenta que la falta de estas acciones podría retrasar la electrificación de la demanda y la conexión de proyectos renovables, aumentando sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero y poniendo en peligro los objetivos climáticos. En este caso, estaríamos hablando de incurrir en algo que en la ATE hemos denominado como “el coste de no hacer”.

Así las cosas, la ATE y los expertos consultados hemos llegado a la conclusión de que resulta crucial adelantar inversiones para garantizar la disponibilidad del suministro cuando la demanda aumente; teniendo en cuenta que la adaptación de las infraestructuras de transporte y distribución, incluyendo la modernización técnica y digitalización, debe realizarse de manera urgente para cumplir con los objetivos de descarbonización a 2030 y 2050.

En este contexto, es necesario revisar y actualizar el marco retributivo de las redes, así como garantizar la conexión de la industria a las misma, algo para lo que la colaboración público-privada, la innovación tecnológica y la adaptación normativa resultan fundamentales.

De esta manera, entre las acciones inmediatas que se deberían acometer en materia de redes eléctricas para conseguir una transición energética exitosa en España, me gustaría destacar la consecución de una planificación flexible y ágil, que incluya una revisión bianual de los planes de desarrollo de red, con el objetivo de dar respuesta a las nuevas necesidades de conexión.

Además, resulta necesario modernizar y optimizar la normativa de acceso y conexión a la red, agilizando los procesos de tramitación, así como adelantar las inversiones en redes eléctricas, algo esencial para reforzar, modernizar y ampliar las conexiones.

Por otra parte, sería crucial reformar el actual Sistema Retributivo, estableciendo un mecanismo claro y transparente que refleje adecuadamente los costos y riesgos asociados a la gestión de las redes.

Y todo ello, con el compromiso de duplicar la inversión en las redes de distribución que, según nuestros cálculos, debería pasar de los 1.700 millones de euros a 3.500 millones, si lo que se pretende es impulsar la transición energética de una vez por todas.

Como conclusión, me atrevo a decir que la transición energética en España depende en este momento de la fortaleza y adaptabilidad de nuestras redes eléctricas, por lo que resulta crítico actuar con determinación, desde la colaboración de todos los ámbitos implicados, y todo ello con una visión a largo plazo que permita asegurar un sistema eléctrico más limpio, eficiente y sostenible para las generaciones futuras.

La Asociación para la Transición Energética está comprometida y dispuesta para participar en este debate y trabajar en conjunto con todos los actores involucrados en este desafiante y necesario proceso.