La importación de combustibles fósiles en 2013 costó a España 57.100 MEUR, más de 19.500 MEUR de lo que han costado todas las primas a las renovables desde 1998

La Asociación de Empresas de Energías Renovables-APPA denuncia que el Gobierno esté paralizando la generación renovable en España con su política energética mientras que nuestro país arrastra un histórico déficit energético. Efectivamente, según el informe de Comercio Exterior elaborado por el Ministerio de Economía y Hacienda, España importó en 2013 combustibles fósiles por valor de 57.162 M€. La cifra supera en 19.596 M€ lo que han costado todas las primas a las energías renovables desde 1998. Nuestro país exportó el año pasado productos energéticos por valor de 16.164 M€, lo que arrojó una balanza energética negativa de 40.997 M€.
Para APPA es inadmisible y va contra toda lógica que España mantenga una dependencia energética del 75% y el Gobierno haya puesto en una situación crítica al sector de las energías renovables, únicas tecnologías autóctonas y limpias con las que cuenta nuestro país para reducir esa dependencia. Mucho más, cuando ha quedado más que demostrado que cuanta más generación renovable entra en el sistema eléctrico más se reduce el precio de la electricidad y más ahorros consigue nuestro país en importaciones de combustibles fósiles.
Reforma eléctrica fallida
El Gobierno ha hecho suyo el discurso de las grandes eléctricas y ha errado en el diagnóstico al identificar primas a las energías renovables con déficit de tarifa. Sobre esta base, el Gobierno ha enfocado su pretendida reforma eléctrica en cerrar cualquier posibilidad de desarrollo futuro de las energías renovables y sacarlas del sistema eléctrico, política que viene a confirmar la última normativa del sector aprobada, así como la que se encuentra en tramitación.
APPA denuncia que la nueva normativa contempla medidas retroactivas y fuertes reducciones en la retribución de las energías renovables, mientras prevé incrementar o mantener invariables la gran mayoría del resto de costes regulados. “Esto es algo incomprensible en un escenario de contracción de la demanda, en el que se ha aprobado una nueva Ley del Sector Eléctrico, que tiene como pilar fundamental la sostenibilidad económica del sistema”, ha manifestado el presidente de la Asociación, José Miguel Villarig.
APPA denuncia una vez más que el Gobierno sigue sin acometer la tantas veces anunciada reforma del mercado eléctrico, cuya falta de competencia ha sido denunciada por la Comisión Europea y la CNE y que mantiene privilegios de las grandes eléctricas como los llamados servicios de ajuste, cuyo coste se incrementó un 20% en 2013 y que en lo que va de año se han disparado sin ningún sentido, cuando hay menos energía en el sistema. Sólo en 2013, el coste de estos servicios cobrados en su mayoría por las grandes eléctricas ascendió a 1.247 millones de euros.
Renovables, las grandes damnificadas por la Reforma.
La política del Gobierno perpetúa el oligopolio eléctrico por el que las cinco empresas integradas en Unesa tienen un dominio aplastante sobre el mercado eléctrico, que impide cualquier atisbo de competencia. La legislación que emana del Ministerio de Industria parece tener como finalidad salvaguardar los beneficios astronómicos de las eléctricas españolas, muchísimo más altos que los de sus homónimas europeas.
Por el contrario, el Ministerio de Industria en su política anti-renovable parece no tener en cuenta que las empresas de renovables son también empresas, más españolas que las eléctricas de Unesa, y que la industria renovable es también industria. No parecen importarle ni al Ministerio ni al Gobierno las consecuencias de su política sobre un sector que entre 2008 y 2012 ha perdido cerca de 25.000 empleos. Ni la pérdida de liderazgo mundial de las compañías renovables españolas, que se están viendo abocadas a la deslocalización, todas ellas están sufriendo grandes pérdidas en sus balances que ponen en grave riesgo su futuro y muchas de ellas no podrán sobrevivir a los tremendos ajustes que conlleva la reforma.
Tampoco parece importarle al gobierno la situación en que quedan muchos particulares, familias enteras en ocasiones, que invirtieron sus ahorros confiando en la seguridad jurídica de la que había hecho gala España hasta que las sucesivas reformas se abatieron sobre las renovables.
El recibo eléctrico como cajón de sastre
Mientras el Gobierno carga sobre las energías renovables la mayor parte de su reforma, mantiene dentro del recibo de la electricidad partidas que nada tienen que ver con la generación de electricidad. Es el caso del servicio de interrumpibilidad, que el Ministerio pretende enmascarar incluyéndolo en la parte del recibo que viene del mercado y que, en opinión de APPA, es innecesario mantener en las condiciones actuales de cobertura de la demanda.
Es también lo que ya viene sucediendo con los llamados pagos por capacidad, que reciben las centrales de ciclos combinados de gas, igualmente injustificados en su cuantía actual al haber en el sistema eléctrico un gran exceso de capacidad. Las centrales de gas, sin generar, reciben unas subvenciones fijas equivalentes al 40% de su inversión, que están integradas en los llamados costes de energía o de generación… cuando no generan nada.
El Ministerio mantiene también en el recibo otros costes que nada tienen que ver con la generación de energía como los costes extrapeninsulares, cifrados en más de 1.800 millones de euros, que tienen que ver con políticas de vertebración del territorio. Mientras, paradójicamente, el Gobierno sigue sin fomentar en esos territorios el desarrollo de las energías renovables, cuyos costes de generación son muy inferiores a los de la generación fósil.
Privilegios al transporte, distribución, REE y OMIE
El resto de actividades reguladas también mantiene o incrementa en bastantes casos su retribución. Así, la última Orden de Peajes, aprobada el 31 de enero, estableció una retribución total para la actividad de transporte de energía eléctrica (coste de la actividad más el incentivo de calidad) para el año 2014 de 1.674 millones de euros, siendo 70 millones de euros superior a lo previsto para el cierre del año 2013, así como un incremento en la retribución total para la actividad de distribución (coste de la actividad más el incentivo de pérdidas y calidad) para el año 2014 hasta alcanzar los 4.986 millones de euros.
Resulta realmente escandaloso que en un escenario de contracción de la demanda e inexistente instalación de nueva capacidad ordinaria o renovable, se incremente la retribución de estas actividades. Igualmente, resulta incomprensible el aumento en un 30% de la retribución al Operador del Sistema (REE) y en un 8% la del Operador del Mercado (OMIE).
En todo caso, lejos del compendio de cifras que resulte de la aplicación de la nueva normativa, aprobada o por aprobar, la gran enfermedad de la economía española – su fuerte dependencia energética del exterior – no sólo no va a mejorar sino que se va a agravar, toda vez que el Gobierno se obstina en acabar con las energías renovables mientras simultáneamente se aplica en mantener los privilegios del oligopolio de las grandes eléctricas.