Fundación Renovables presenta un informe con nuevas directrices para una transición energética ineludible y urgente

La Fundación Renovables ha presentado en Madrid el informe “Escenario, políticas y directrices para la transición energética”, un documento de propuestas e ideología energética en el que desarrolla las directrices fundamentales para culminarla con éxito y a tiempo. Además, hace un repaso a la evolución de este proceso ineludible y urgente en nuestro país y enjuicia los diferentes textos legislativos nacionales y europeos que tienen relación con él y con las actuaciones frente al cambio climático.
El objetivo de este nuevo informe es sentar las bases que permitan entablar un diálogo y procurar un consenso que abra el camino para implantar una nueva cultura de la energía ante la emergencia de actuar.

El documento insiste en que la transición energética hacia un modelo que cubra la demanda final al 100% con renovables para el año 2050 es urgente e ineludible y una oportunidad para transformar el modelo económico y el tejido productivo de nuestro país. En este sentido, considera que se debe aumentar la estrategia climática presentada por el Gobierno.

En la presentación, el presidente de la Fundación Renovables, Fernando Ferrando, ha pedido una Vicepresidencia de Sostenibilidad y ha insistido en la necesidad de alcanzar un Pacto de Estado que dé prioridad a la energía como un bien común, escaso y de primera necesidad y que responda a una hoja de ruta consensuada a largo plazo sin pérdida de exigencia.

La actual situación de emergencia climática convierte en urgente la actuación sobre las ciudades donde vivimos más del 80% de la población y con graves problemas en la calidad del aire que respiramos. El entorno urbano es el motor para el cambio que debe otorgar a la ciudadanía un papel principal y permitirle poder gestionar y elegir cómo consume o produce la energía.

Este nuevo informe presta especial atención al medio rural, proponiendo también un paquete de medidas que ayuden a incorporar las renovables como elemento de generación de valor e implantar un desarrollo del medio rural más sostenible, adaptado a la climatología y a la disponibilidad de recursos.
Las directrices que propone la Fundación Renovables están organizadas en cuatro grandes líneas de análisis: energía y sociedad; energía y territorio; energía como generadora de valor y transversalidad.

Energía y sociedad

La Fundación Renovables propone abrir un debate social y político para consensuar una nueva forma de relacionarnos con la energía (relaciones sociales, productivas, de empleo, transporte, vivienda, ocio, etc.) que nos permita mantenernos dentro de los límites sostenibles del planeta de acuerdo con un principio de prioridad de usos y estableciendo un calendario de sustitución de las energías no sostenibles por las que sí lo son.

Apuesta por actuar sobre la demanda en una triple dirección: eficiencia, electrificación y renovables, promoviendo la gestión de la demanda de energía con el objetivo de que el consumidor asuma su corresponsabilidad y se convierta en un agente activo del sistema energético.

Ofrece también una serie de propuestas para avanzar hacia el acceso universal a la energía y solucionar el problema de la pobreza energética a través de la creación de tarifas sociales adaptadas en función del nivel de renta; el desarrollo de un plan de rehabilitación de viviendas vulnerables y la consideración de la electricidad como servicio público.

Las nuevas formas de organización energética, como el autoconsumo, son otro gran pilar del cambio. El autoconsumo, además de empoderar al consumidor y facilitar el paso de un modelo centralizado a uno más distribuido, supone una importante diversificación de recursos y de actores empresariales ligados al territorio y a la pequeña empresa. Para esta actividad la Fundación propone la existencia de un objetivo específico del 10% de la energía eléctrica generada a 2030 y del 20% y el 30% para 2040 y 2050 respectivamente.

Energía y territorio

La Fundación Renovables propone orientar los desarrollos urbanos y los procesos de urbanización con criterios de sostenibilidad energética de manera que mejoren la cohesión social y la calidad de vida y del aire. Hay que recobrar la dimensión humana de las ciudades y la idea y escala de barrio, así como poner en el centro a las personas y apostar por la recuperación del espacio público.

En cuanto al sector agrario y ganadero, el informe defiende la electrificación con renovables a través de: autoconsumo y generación distribuida, comunidades energéticas, sociedades de promoción energética mixtas entre agricultores y administración; funcionamiento con energías renovables de todas las instalaciones de riego y ganaderas; sistemas de digestión para el tratamiento de residuos ganaderos en instalaciones extensivas y rehabilitación energética. Todo ello evitando cambios de uso del suelo que conduzcan al abandono de suelos fértiles por instalaciones de producción de electricidad.

El informe defiende una gestión forestal sostenible que emplee la biomasa como fuente local para fines energéticos en el medio rural y reclama una Ley de Silvicultura Sostenible que tenga un carácter finalista y visión estratégica.

Los ayuntamientos deben tener capacidad legal para desempeñar el papel que han asumido en todo este proceso. Para potenciar su labor, la Fundación Renovables reclama modificar la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, de modo que se aumente su capacidad de actuación.

La energía como generadora de valor

La Fundación Renovables defiende un modelo de movilidad urbana bajo en carbono, con cero emisiones de gases contaminantes, más inclusivo y económico, en el que se priorice la accesibilidad a los bienes y servicios frente a las necesidades de movilidad motorizada. En este modelo, la movilidad activa (peatones y bicicletas) y el transporte público colectivo son elementos esenciales.

Asimismo, apuesta por la implantación de los vehículos eléctricos (VE), mayoritariamente para uso compartido y con capacidad de intercambio activo con la red de suministro.

En cuanto a la edificación y rehabilitación propone un programa de actuaciones que contribuya a la rehabilitación energética y mejora de la habitabilidad del actual parque inmobiliario, muy intensivo en recursos materiales, agua y energía durante la fase constructiva.

El documento “Escenario, políticas y directrices para la transición energética” incide, además, en el hecho de que la transición energética es una oportunidad para crear una industria de la eficiencia y la generación renovable. Abre líneas de actividad tanto para la industria de bienes de equipo como para la prestación de servicios de gran valor económico en sectores como el de la eficiencia energética, la instalación de sistemas de generación centralizada renovable o el autoconsumo.

Es necesario también el aprovechamiento de procesos disruptivos. Estos procesos se derivan de la reducción de los costes de la fotovoltaica y las baterías y de la capacidad de generar valor y permitir la toma de decisiones con el “internet de las cosas”.

La transición energética es una oportunidad para actualizar el modelo industrial con un sistema que optimice el consumo de energía y materias primas según los principios de la economía circular, aumente la eficiencia y reduzca el impacto de los ciclos de materiales, agua y energía.

Transversalidad

Esta ineludible transformación de nuestro modelo productivo va a provocar importantes efectos sobre la economía, el empleo y, en definitiva, sobre toda la sociedad bajo unos principios básicos a preservar: que en sentido amplio, la transición energética sea justa intergeneracional, tecnológica, económica y socialmente y esté encaminada hacia una nueva cultura de la energía.

En concreto, hay que mantener un criterio de justicia intergeneracional, principalmente en lo que respecta a la erradicación de los combustibles fósiles y las energías no sostenibles. Es necesario el cierre de las centrales de carbón y nucleares.

Fiscalidad

Una de las grandes herramientas a favor del cambio debe ser la fiscalidad. El informe apuesta por una reforma fiscal en profundidad, que permita modificar –mediante señales adecuadas de precio– los hábitos de consumo de energía y, por tanto, la cobertura de nuestras necesidades energéticas. La política fiscal que defiende en materia energética debe ser activa y finalista en cuanto al gravamen de prácticas no deseables y fomento de las que sí lo son, según el principio de que “quien contamina paga”.

Las líneas de actuación de esta propuesta de fiscalidad abarcan: combustibles, eficiencia energética, emisiones, actividades productivas y no productivas, tratamiento y gestión de residuos, usos de suelo, edificación, plusvalías y deducciones y cargas impositivas (IRPF, Sociedades, IVA, tasas…).

La gobernanza y la participación ciudadana deben regir este proceso de cambio. Encarar la crisis climática requiere de diálogo social y de cooperación multiagente. Es necesario establecer mecanismos, órganos de gobierno e instrumentos que lo permitan, sin dejar a nadie atrás. La transformación de nuestro modelo de desarrollo para hacer frente al cambio climático es una ingente tarea que nos atañe a toda la ciudadanía.