Seguridad jurídica para las renovables, el camino hacia la recuperación económica
Existe base jurídica suficiente para establecer reclamaciones judiciales en el ámbito nacional e internacional para defender las inversiones renovables. La reforma eléctrica adolece de un déficit democrático ya que no se ha escuchado a ninguna de las partes afectadas por decisiones que incumben a millones de consumidores, productores de energía, sectores industriales y a la sociedad en general. La seguridad jurídica y la calidad del medio ambiente son principios de nuestra Constitución y del derecho europeo que obligan a todos los poderes públicos.
El principio de unidad y concentración de las reclamaciones puede reforzar las denuncias que se lleven a cabo y poner de manifiesto la situación de emergencia social que se deriva de la retroactividad aplicada a todas las inversiones renovables. Si el Estado no defiende la seguridad jurídica de las renovables, habrá que defenderla en los tribunales nacionales y europeos.
El Ministro de Industria, desde el pasado mes de julio, ha cambiado cuatro veces de opinión sobre el déficit de la tarifa eléctrica para 2013. En dos ocasiones ha afirmado que no habría déficit y en otras dos que sí habría. Finalmente, el Gobierno incumplió su palabra y no aportó los 3.600 M€ de los Presupuestos Generales del Estado para la reforma eléctrica, con lo que enmendó su propia reforma provocando un déficit de tarifa para 2013 que, si nada lo remedia, se cargará a los consumidores. Paralelamente, sin haber aprobado todavía el decreto de renovables que presentaron en julio, sacaron una nueva versión en noviembre.
Artículo publicado en: FuturENERGY Mayo 2014
