La energía eólica aportará una cuarta parte de la electricidad demandada en Europa para el 2030, según EWEA
La energía eólica podrá cubrir una cuarta parte de la demanda de electricidad europea en el año 2030 si los estados miembros cumplen los objetivos climáticos y energéticos y se alcanzan los 320 GW de potencia instalada eólica, según las previsiones de la Asociación Europea de Energía Eólica (EWEA).
Durante los próximos 15 años, EWA estima que las instalaciones de energía eólica en Europa alcancen 320 GW de capacidad, cubriendo un 24,4% de la electricidad de demanda en la región. Hoy en día los 128,8 GW instalados en Europa pueden satisfacer más del 10% del consumo de la región en un año normal de viento.
Los recientes desarrollos económicos y regulatorios de la UE han modificado significativamente la perspectiva de la energía eólica para los próximos 15 años. EWEA ha elaborado un informe sobre la visión de la industria eólica para el 2030 en Europa, Wind Energy Scenarios for 2030.
De esta capacidad instalada, EWEA estima que 254 GW serán eólica terrestre y 66 GW provenientes de eólica marina. Si este escenario se cumple, la industria eólica europea dará empleo a unos 334.000 personas en 2030.
Sin embargo, EWEA determina que estas previsiones están supeditadas a una serie de factores políticos y regulatorios que incluyen una estructura de gobierno clara para toda la UE con el fin de cumplir el objetivo de energías renovables del 27% para 2030, que fue acordado el pasado año.
Se necesitaría una dirección clara por parte de la Comisión Europea para garantizar que los estados miembros propongan sólidos planes de acción para las energías renovables y continúen en el camino de cumplir el objetivo común.
Según EWEA, hay tres retos clave: una nueva directiva de energías renovables que contenga una sólida base legal para estas energías tras 2020, un mercado de energía reformado y adaptado a la integración de las energías renovables y un revitalizado Sistema de Comercio de Emisiones que proporcione una clara señal a los inversores sobre el precio que supone la contaminación con CO2.