La excepción climática de España
Por: Javier García Breva
Primero fue la Agencia Internacional de la Energía quien anunció que, por primera vez, la economía mundial había crecido en 2014 un 3% sin aumentar las emisiones de CO2. El World Resources Institute confirmó que las emisiones en 2014 y 2015 se estancaron mientras creció el PIB. Entre 2000-2014 esta tendencia se ha cumplido en 21 países, entre los que se encuentra España que, en ese periodo, mientras su PIB creció un 20%, las emisiones se redujeron un 14%.
El caso español es una excepción si se compara con el resto de países. La evolución de las emisiones en España está directamente conectada a la del PIB. Crecen hasta 2008, desde 2008 se reducen hasta 2013, coincidiendo con los años de recesión, y se vuelven a disparar en 2014 un 1,1% y en 2015 un 5% cuando el PIB vuelve a crecer. España no ha desconectado el crecimiento de las emisiones. Cuando el PIB sube, crecen las emisiones y cuando baja, las emisiones caen. La crisis es la responsable de la caída de las emisiones.
Este hecho evidencia que no se han implementado políticas eficaces de reducción de emisiones ni de eficiencia energética y que el crecimiento se supedita al mayor consumo de carbón, gas y petróleo. Esta política quedó expresada en el decreto de enero de 2012, que estableció la moratoria renovable, y en el Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020, que justificaban el parón de las renovables y el ahorro de energía por el hecho de que España estaba adelantada en el cumplimiento de los objetivos de 2020 y que avanzar más sería un obstáculo para la recuperación económica. Fue la misma razón del Ministerio de Industria para votar contra la directiva de eficiencia energética en octubre de 2012.
La Oficina de Javier García Breva analizó en 2014 el trucaje que supone utilizar el PIB en paridad de compra como único indicador de la intensidad energética para frenar las políticas de renovables y eficiencia energética. Las estrategias de rehabilitación y del vehículo con energías alternativas, aprobadas en 2014 y 2015, han promovido el gas como única energía alternativa y la posición de España de retrasar la reforma del mercado de derechos de emisión (RCDE) hasta 2021 permitirá contaminar más cargando el coste a los consumidores. La consecuencia es que las emisiones en España seguirán directamente conectadas al PIB y al uso de hidrocarburos.
Con todos los deberes por hacer, España ha firmado en Nueva York el pasado 22 de abril la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático y se ha comprometido a reducir sus emisiones un 40% en 2030 sobre los niveles de 1990 sin concretar cómo. A partir de julio, la Comisión Europea iniciará las negociaciones para acordar los compromisos de cada país que, a su vez, deberá ratificar el nuevo tratado internacional.
España está muy alejada del objetivo al que se ha comprometido. Oficialmente no hay estimación del esfuerzo que representa reducir un 40% sus emisiones. Con las políticas actuales se duplicarán y crecerán hasta un 80%. España solo cumplirá el acuerdo que acaba de firmar en la ONU cambiando su política energética y la regulación eléctrica de arriba abajo para:
1-Multiplicar por tres la potencia renovable, integrándola en el urbanismo y el transporte, mediante la generación distribuida y dando a las ciudades nuevas competencias en energía.
2-Rehabilitación energética a escala de ciudad para que la nueva edificación y la rehabilitación de la existente cumplan el criterio de edificio de consumo de energía casi nulo con autoconsumo, almacenamiento y balance neto.
3-Electrificación del transporte para que el 100% de los vehículos sean eléctricos con infraestructuras de recarga en edificios y vías de circulación.
La política de regalar derechos de CO2 se debe sustituir por otra que ponga un precio al carbono y que el que contamine lo pague. Es lo que propuso el FMI en la Cumbre de París cuando afirmó que si se suprimieran todas las subvenciones que se pagan al carbón, al gas y al petróleo se reducirían un 20% las emisiones de CO2.
Cambiar el pensamiento oficial y empresarial de que la lucha contra el cambio climático penaliza a la economía española exige una gobernanza que supedite la política económica y energética a los objetivos del clima y establezca un regulador independiente del medio ambiente que supervise y obligue al cumplimiento de la ecocondicionalidad en empresas y administraciones.
El principio de energía sin gases de efecto invernadero está imponiendo una nueva competitividad en la economía mundial. El compromiso que se ha firmado en Nueva York debería terminar con la excepción climática de España. La ratificación del tratado sobre Cambio Climático exigirá un cambio radical de la regulación energética y ambiental.
