La revisión de la directiva europea sobre renovables desde el punto de vista del sector de la bioenergía en España

Si tenemos en cuenta que la biomasa representa más del 80% de toda la energía renovable térmica en la Unión Europea, además de un importante porcentaje de la energía eléctrica producida por energías renovables, una restricción al uso de la biomasa forestal representaría un riesgo enorme para el cumplimiento de los citados objetivos.

La Asociación Española de la Biomasa (AVEBIOM) celebra la publicación del Pacto Verde Europeo, la Ley del Clima y el Paquete Fit for 55. Creemos que gracias a estas decisiones políticas la Unión Europea logra un enfoque estratégico coherente y armado con una panoplia de políticas adecuadas que contribuyen a que nos convirtamos en el primer continente carbono neutral del mundo y alcancemos los objetivos de los Acuerdos de París.

Los bosques son una parte vital en nuestra lucha contra el cambio climático. Juegan un papel doble en la mitigación de las emisiones de carbono, ya que absorben dióxido de carbono de la atmósfera y lo convierten en biomasa, fijándolo en los troncos, raíces, ramas y hojas de sus árboles, y nos proporcionan materias primas para construcción, embalajes, etc., y para obtener biocombustibles solidos renovables, imprescindibles para sustituir a los combustibles fósiles.

Qué puede o no ser considerado “desperdicio o residuo” para su utilización como biocombustible de acuerdo a la Directiva (UE) 2018/2001 (RED II) se establecerá en un Reglamento de Implementación (REDIII) sobre “las reglas para verificar la sostenibilidad y los criterios de ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero y bajo criterios indirectos de riesgo de cambio de uso de la tierra”. Mientras que la lista de la RED II incluye todos los tipos de residuos del sector forestal como la corteza, las copas, las ramas, los pies procedentes de clareos pre-comerciales, el serrín y el licor negro, la nueva lista propuesta en el Reglamento de aplicación solo incluye el “aceite de resina”.

En la práctica, esto no significa que ya no se producirían residuos, sino que simplemente que no se utilizarían para producir energía renovable. Además de comprometer el logro de nuestros objetivos de reducción de carbono en virtud de la Ley del Clima, esto pone en riesgo la inversión futura en el sector de la bioenergía en la UE y puede amenazar también el suministro futuro de biocombustibles sólidos al sector europeo, que aporta la mayor parte de la energía renovable producida en la Unión Europea.

El precio es el factor clave de este principio natural de uso en cascada, de tal manera que las maderas gruesas, con destino a la construcción, carpintería, embalajes, etc., alcanzan en el mercado precios tres o cuatro veces superiores a los de la madera de baja calidad y los restos de cosecha.

La biomasa y los biocombustibles sólidos se obtienen en gran medida a partir de restos de cosecha como copas, ramas, raíces, etc., y de otros procedentes de la industria de la madera como aserraderos e industrias de primera y segunda transformación.

Sólo un 5% de la biomasa utilizada para producción térmica o eléctrica podría haber sido utilizada para usos de más de larga duración. Esto significa que el sector de la bioenergía ya usa la biomasa conforme al uso en cascada, pero proporcionando un margen de flexibilidad en una cadena de suministro compleja que el principio de uso en cascada que propone la legislación que nos ocupa pretende eliminar, lo que aumentaría los costos administrativos y dificultaría el desarrollo normal de la actividad.

La aplicación del principio de uso en cascada a la biomasa, como propone la RED III en ciernes, y la obligatoriedad de realizar auditorías sobre el abastecimiento y la producción suponen un riesgo sin precedentes para nuestro sector. Hacer frente a auditorías anuales para garantizar que la materia prima ha sido sometida a un uso en cascada imposibilitaría la inversión con unas mínimas garantías de rentabilidad. Por lo tanto, vemos imperativo que las auditorías de uso en cascada fueran válidas por no menos de 15 o 20 años para el uso de materia prima como biomasa.

En resumen, creo que estamos en el camino correcto gracias a un marco legislativo sólido apoyado en los argumentos de la Comisión Europea a favor de una acción climática urgente y en un enfoque estratégico coherente plasmado en el Pacto Verde, la Ley de Clima y el Paquete Fit for 55.

Sin embargo, los detalles de las regulaciones revelan que no se ha entendido bien el equilibrio de las fuerzas del mercado del sector forestal, cuyo encorsetamiento complicaría en última instancia y de manera importante el objetivo de alcanzar nuestros objetivos de reducción de GEI.

La Comisión debe trabajar urgentemente de forma conjunta con los miembros de los sectores de la selvicultura y la bioenergía para garantizar la viabilidad de nuestra industria y su rol en la defensa del clima.