Gasindustrial, Acogen, Anfevi, Anffecc, Aop, Ascer, Aspapel, Consejo Intertextil Español, Confevicex, Feique y Unesid alertan ante el rumbo del cambio regulatorio del gas

El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha remitido la propuesta de orden que establece la retribución de la actividad de almacenamiento subterráneo básico y los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas para 2020. En ella el Miteco prorroga los peajes actuales, que estarán vigentes hasta que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publique los nuevos valores en aplicación de la nueva metodología. Once asociaciones denuncian la incertidumbre que genera la propuesta de orden para la prórroga de los peajes y el retraso en la publicación de la circular que debería aprobarse este mes y que vuelve a consulta considerablemente modificada.

La situación de transición de competencias a la espera de la aprobación de varias circulares, unas aún sin pasar por el pleno de la CNMC y otra de vuelta a consulta pública, hacen que la industria viva estos retrasos con seria preocupación e incertidumbre, ya que de dichas medidas depende su competitividad.

Con una demanda de 348 TWh, 2018 registró un superávit de 30 millones de euros; la demanda prevista para 2019 y 2020 será de 390TWh, por lo que según el propio MITECO el saldo será de mayor superávit.

En un escenario de contracción del crecimiento con crecientes síntomas de claro debilitamiento, la industria sigue a la espera de una circular de peajes que le devuelva su competitividad y alinee los costes regulados del gas con los del resto de países europeos con los que compite.

De momento, los peajes no bajan. Entre 2021 y 2026 se continuará pagando una sobre-retribución en transporte tras la modificación de la correspondiente circular y la laminación de la retribución por continuidad de suministro. Y, en cuanto a la circular de distribución, que ha vuelto a salir a consulta pública, de 2021 a 2026 mantiene las sobre-retribuciones por activos ya amortizados, cifrando estos la CNMC en 586,4 millones de euros anuales, de los que solo se actualizan gradualmente 239 millones de euros al final del periodo regulatorio.

En su memoria, la CNMC expone “las empresas distribuidoras están percibiendo de manera global una sobre-retribución anual de 586,4 millones de euros, importe que se corresponde con la retribución por inversión de activos que se encuentran amortizados, y ello con independencia de la retribución que corresponde a los activos puestos en servicio con posterioridad a febrero del año 2002, activos cuya decisión de inversión siempre fue responsabilidad del distribuidor.”

En el resumen de las alegaciones presentadas, la CNMC cita el informe del MITECO, diciendo “el Ministerio señala asimismo que la memoria de la Circular “identifica una sobrerretribución causada por la aplicación reiterada sobre la retribución inicial desde el año 2002 al 2013 de la fórmula de actualización automática incluida en la Orden ECO/301/2002”. Y además, considera que “la sobrerretribución de las actividades reguladas supone trasladar ineficiencias a los precios de venta del gas natural que pagan los consumidores, distorsiona la competencia de esta fuente de energía frente a otros combustibles más contaminantes, dificulta el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones y limita la competitividad de las empresas españolas”.

Durante los últimos 20 años se han estado pagando sobre-retribuciones por conceptos sin contrapartida y activos ya amortizados, se continuarán pagando en el nuevo periodo regulatorio y hasta más allá del 2026. Esta situación incumple los principios de metodología de la Ley 18/2014 Artículos 59 y, sobre todo, 60. E incumple la Ley 34/1998 texto refundido 2015, en su artículo 92, saltándose el principio de eficiencia y otros de igual relevancia, blindando la cuantía de la retribución de las distribuidoras después de 2026 y sine die.

El borrador de la circular de peajes pasó por ACER y volvió con un informe y la recomendación del regulador europeo en el que insta a la CNMC a publicar claramente la comparativa con las tarifas vigentes. En los últimos diez años, los peajes que paga la industria se han incrementado más de un 60%, dañando severamente su competitividad.

La industria espera que la nueva metodología de peajes sea un instrumento eficaz para adaptar el modelo vigente al objetivo de reconducir los evidentes desequilibrios observados y constatados por la CNMC, haciendo que bajen los peajes. ¿Pará que una nueva regulación donde todo queda prácticamente igual que estaba? Los retrasos y vueltas atrás y el anuncio de la prolongación de unos peajes que son los más caros de todos los países con los que se compite industrialmente suponen sin duda un incremento en la preocupación e incertidumbre que se vive en estos sectores vitales para la economía nacional.

La competitividad del gas español ha ido empeorado progresivamente para los consumidores industriales, que soportan precios entre un 20% y un 25% superiores que sus competidores europeos. En costes regulados, los peajes están en España un 45% por encima de los de la media europea: los industriales españoles pagan el doble que los franceses, el triple que los británicos y, en algunos casos, hasta seis veces lo que los alemanes. Sectores como el papelero, siderúrgico, cerámico, cogeneración, químico, vidrio, refino, textil y otros cuyas actividades productivas son intensivas en gas, ven lastrada su competitividad por este sangrante diferencial en los peajes que incide directamente en su rentabilidad y reclaman la pronta resolución del problema ahora que se está diseñando el nuevo marco normativo.

Para estas industrias el gas es estratégico, supone hasta el 60% de su coste energético de producción determinando su competitividad, más siendo sectores exportadores. Los peajes condicionan el coste final del gas, un coste estratégico que frena el desarrollo industrial y una desventaja competitiva para cientos de industriales españoles y para la actividad económica del país en su conjunto.