¿Realmente es el momento de la Eficiencia Energética?
Durante años se lleva hablando de la importancia de la eficiencia energética como uno de los pilares de la sostenibilidad, y no menos de las acciones que se han llevado a cabo para intentar optimizar el consumo energético, reducir la dependencia de los carburantes fósiles y minimizar las emisiones de CO2. No voy a decir que todas estas iniciativas no hayan servido para nada pero lamentablemente en muchos casos se han quedado en buenas intenciones en forma de magníficos informes guardados en un cajón. Quien quiera ser optimista puede ver ciertos indicios que permiten pensar que ha llegado el momento de implantar medidas reales de eficiencia energética y las últimas decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros así lo demuestran.
El 25 de octubre de 2012 se publicó la esperada Directiva Europea 2012/27/UE sobre Eficiencia Energética. Si bien es cierto que España no secundó la votación parece que no nos quedará más remedio que asumir diversos compromisos en reducción de consumo energético, favorecer que se cree un escenario seguro para el desarrollo de las empresas de servicios energéticos y predicar con el ejemplo desde la Administración Pública.
La crisis económica ha hecho que las exportaciones cobren protagonismo y éstas, sumadas a un descenso del consumo interior y especialmente a la importación de bienes de equipo, han puesto de manifiesto que de no ser por nuestro déficit energético la balanza de pagos española tendría un gran resultado. Actualmente nuestro déficit energético es de 45.000 millones de euros, el 4,3% del PIB, manteniendo su tendencia alcista en los últimos años Sin duda una cifra que debería hacer pensar a más de un político no solo por lo que supone económicamente, sino por la amenaza velada que tiene para nuestra seguridad una dependencia tan alta del suministro procedente del exterior. Hace unas semanas escuchábamos la noticia de que el nuevo Secretario de Estado de Energía está dispuesto a acabar con el déficit de tarifa. Eludiendo el debate de si las primas son necesarias o no, o si es de un país serio echar marcha atrás en la regulación de un sector, no hay duda de que tomar medidas es una muestra clara de la intención de solucionar un mal endémico que lejos de minimizarse con el tiempo, cada vez se hace más complejo.
En el Consejo de Ministros del pasado 5 de abril se aprobaba el Anteproyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación. Ya sea por la expectativa de que esta medida devuelva al sector de la construcción más de 100.000 empleos directos, por ir dando cumplimiento a la Directiva Europea de Eficiencia Energética o por el motivo que fuere, debemos aplaudir esta normativa que sin duda, de un modo u otro, llevará a crear empleo y a aumentar la eficiencia energética de nuestros edificios, que hoy por hoy suponen un 17% de la demanda energética nacional. El anteproyecto de ley cuenta con unos fondos de 2.400 millones de euros, 600 de ellos destinados a eficiencia energética, a los que hay que sumar otros 100 millones que el Idae (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) se encargará de distribuir mediante ayudas y financiación blanda.
En este mismo Consejo de Ministros también se aprobó el esperado Real Decreto de Certificación Energética de Edificios, que refunde el hasta hoy vigente de nueva edificación con el borrador que había para edificios existentes. Este Real Decreto habilita medidas encaminadas a la construcción obligatoria de edificios de consumo energético nulo y a implantar medidas de ahorro energético que tendrán visibilidad en el mercado de alquiler y compraventa de viviendas de segunda mano. Desde el 1 de junio de 2013, cuando un edificio o una vivienda sean vendidos o alquilados durante más de cuatro meses, se deberá poner a disposición del comprador o inquilino, según corresponda, un certificado de eficiencia energética, que le permita comparar y evaluar la eficiencia energética del edificio.
A estos inputs podríamos añadir muchos otros relacionados con concursos públicos, movimientos de las principales asociaciones del sector energético, prestigiosos informes de oportunidades energéticas en el sector terciario e industrial y un largo etcétera que podrían volver a cubrirse de polvo si legislación, inspección, seguridad, financiación y mercado no se ponen de acuerdo para atajar de una vez por todas uno de los principales problemas que actualmente tiene la economía española.
