Andimac prevé una caída del 6,2% en 2023 para el sector de las reformas
La Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac) estima que, finalmente, la actividad de reforma caerá un 6,2% en 2023, después de crecer un 3,2% durante el pasado año. Al menos, es lo que se desprende de la actualización de su Observatorio 360, que corrige las previsiones para un sector cuyo valor de mercado se reducirá un 7,6%, tras registrar un crecimiento del 11,6% en 2022.
La patronal empeora sus previsiones para el sector de las reformas ya que, a finalizar 2022, la caída esperada para este año no llegaba al 3%. Ello se debe, mayoritariamente, a la creciente caída del consumo interno –en especial consumo duradero– así como a las subidas de los tipos de interés, que frenan la compraventa de vivienda y, por ende, las mejoras que se realizan sobre ellas. También afecta negativamente que la rehabilitación edificatoria asociada a los FNGEU finalmente tampoco despegue este año. Por último, el ahorro de los hogares con capacidad de gasto ha vuelto a crecer, lo que suele ir en sentido opuesto a las inversiones que se realizan en las mejoras de los inmuebles.
No obstante, Andimac admite que también hay un efecto base marcado por dos años (2021 y 2022) de muy intensa actividad en reforma, lo que también presiona a la baja.
En este escenario, la patronal estima que este año 1,7 millones de viviendas acogerán una reforma media y que el gasto medio por hogar rondará los 850 euros.
Impacto de los fondos europeos
Según este estudio, que la consultora Arthursen elabora cada año para la patronal, la actividad de rehabilitación permanecerá estable respecto a 2022, a la espera de que a final de este año y ya en 2024 se impulse la actividad de rehabilitación edificatoria ligada a los fondos y orientada a lograr reducciones del consumo energético.
Sea como fuere, Andimac considera que España está ante una oportunidad de mejorar de forma clara la calidad del parque edificado en términos de prestaciones. Y para ello es importante que el sector sea capaz de transmitir a los usuarios una visión integral de estas mejoras que, además de reducir los consumos energéticos, mejoran la calidad de vida dentro del hogar.
Por este motivo, y con el objetivo de crear una cultura de la reforma entre las familias y las pequeñas comunidades de propietarios, en un contexto favorable gracias a las ayudas comunitarias, desde la patronal quieren potenciar la figura de los asesores en rehabilitación energética del canal profesional, quienes también podrían contribuir a ahuyentar las amenazas que se ciernen para la ejecución de los fondos europeos.
La patronal viene advirtiendo desde hace tiempo de las limitaciones del actual marco de regulación de las ayudas para la rehabilitación. Entre ellas, la enorme dispersión de las ayudas; la falta de actualización de sus niveles de intensidad estimados a los costes reales de los materiales en 2023 y, a nivel de CCAA, las barreras detectadas ante la ausencia de preconcesiones que prolongan los tiempos administrativos, y no adelantar las ayudas a los propietarios pese a disponer desde hace meses de los recursos en tesorería, lo que impide incentivar la toma de decisión.
También advierte de que en el plano contable los fondos europeos dedicados a rehabilitación ya han sido gastados, aunque todavía no se ha trasladado a la economía real. Y en este sentido incide en la necesidad de fomentar un acuerdo de Estado en materia de rehabilitación que garantice el cumplimiento de los objetivos acordados con Europa.
Desde la Asociación agregan que, tras los fondos, España no puede asumir como país el riesgo de no impulsar medidas intensas en materia de rehabilitación edificatoria, lo que conlleva dotación presupuestaria directa (ayudas a las familias) e indirecta (incentivos fiscales). A su juicio, no hacerlo no sólo no permitirá cumplir los compromisos de descarbonización ligados al ahorro energético, sino que, dado el grado de envejecimiento de nuestros edificios, supone un riesgo creciente de obsolescencia edificatoria y pérdida del valor de los inmuebles. Es decir, riesgo a medio y largo plazo de pérdida del valor real del 70% del ahorro de las familias.
