CEOE urge medidas a Rajoy contra los 45.800 millones de mora pública
Redacción Ciberperfil28/11/2011
Cobrar por los trabajos y servicios prestados a la Administración se ha convertido en prioridad absoluta para los grupos españoles de la construcción, incluso por delante de conseguir nuevos contratos.
El informe que se cocina en CEOE con propuestas para reanimar la inversión productiva, incluye toda una batería de peticiones al próximo Gobierno para tratar de frenar la sangría que supone la mora pública. En ese borrador se recuerda que las Administraciones debían al sector empresarial 45.800 millones a finales de 2010, con un retraso medio en el cobro de las facturas de 170 días. De esa cifra, 22.300 millones corresponden a obra pública, de los que casi 17.000 millones se encontraban ya en situación de mora. Buena parte del resto de esta deuda recae sobre contratos de servicios, prestados en gran parte por las propias constructoras a ayuntamientos.
Para CEOE es "objetivo prioritario" que el Gobierno liquide la citada deuda como revulsivo para la economía y evitar la quiebra de miles de empresas. En el informe que elabora la Comisión de Concesiones y Servicios, que preside David Taguas, a su vez presidente del colectivo de constructoras Seopan, se habla de la "ineficacia" de la Ley de Morosidad (15/2010) "ante el generalizado y persistente incumplimiento por parte del Estado". Los plazos de cobro acumulan retrasos y no se ha habilitado la línea ICO-morosidad Entes Locales a que obligaba el texto legal.
El borrador que circula por CEOE desde el pasado 7 de noviembre apunta que "urge arbitrar medidas financieras y presupuestarias que permitan la liquidación de las deudas pendientes y evitar, en el futuro, las prácticas morosas". Entre las normas que deben modificarse figuran las que "regulan la financiación de las comunidades autónomas y los ayuntamientos". Incluso se llega a recomendar que se exijan "responsabilidades personales" a quienes estén obligados a cumplir y hacer cumplir los presupuestos.
Mientras se ataja el problema, se apuntan medidas transitorias como es la de reconocer a las grandes empresas la posibilidad de "liquidar las deudas tributarias con el Estado mediante la dación en pago de créditos reconocidos y vencidos con cualquier otra Administración". Otro bálsamo sería "la posibilidad de suspender el ingreso del IVA devengado mientras las deudas vencidas y en mora de las Administraciones públicas no se liquiden". Como complemento de las anteriores reflexiones se va a sugerir al próximo Gobierno que se auditen las cuentas de los ayuntamientos "para conocer el verdadero alcance de la deuda municipal".
Los empresarios también buscarán, a la vista del citado compendio de propuestas para el periodo 2011-2016, una moratoria en el pago de las cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores "afectos a un contrato en el que se produzca un retraso en el cobro superior al doble de los plazos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público LCSP". El texto legal marca 40 días a la Administración para atender sus facturas a lo largo de 2012, y de 30 días a partir del 1 de enero de 2013.
El informe Taguas busca que se tenga en cuenta como "causa de disolución de los entes locales "el impago reiterado o la morosidad superior a tres veces los plazos marcados en la LCSP, por entender que se incurre en un "supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales".
Entre las reformas sugeridas también hay lugar para un sistema de resolución de contratos con la Administración en casos de morosidad superior al doble de la que contempla la citada LCSP.
Fuente: Cinco Días
El informe que se cocina en CEOE con propuestas para reanimar la inversión productiva, incluye toda una batería de peticiones al próximo Gobierno para tratar de frenar la sangría que supone la mora pública. En ese borrador se recuerda que las Administraciones debían al sector empresarial 45.800 millones a finales de 2010, con un retraso medio en el cobro de las facturas de 170 días. De esa cifra, 22.300 millones corresponden a obra pública, de los que casi 17.000 millones se encontraban ya en situación de mora. Buena parte del resto de esta deuda recae sobre contratos de servicios, prestados en gran parte por las propias constructoras a ayuntamientos.
Para CEOE es "objetivo prioritario" que el Gobierno liquide la citada deuda como revulsivo para la economía y evitar la quiebra de miles de empresas. En el informe que elabora la Comisión de Concesiones y Servicios, que preside David Taguas, a su vez presidente del colectivo de constructoras Seopan, se habla de la "ineficacia" de la Ley de Morosidad (15/2010) "ante el generalizado y persistente incumplimiento por parte del Estado". Los plazos de cobro acumulan retrasos y no se ha habilitado la línea ICO-morosidad Entes Locales a que obligaba el texto legal.
El borrador que circula por CEOE desde el pasado 7 de noviembre apunta que "urge arbitrar medidas financieras y presupuestarias que permitan la liquidación de las deudas pendientes y evitar, en el futuro, las prácticas morosas". Entre las normas que deben modificarse figuran las que "regulan la financiación de las comunidades autónomas y los ayuntamientos". Incluso se llega a recomendar que se exijan "responsabilidades personales" a quienes estén obligados a cumplir y hacer cumplir los presupuestos.
Mientras se ataja el problema, se apuntan medidas transitorias como es la de reconocer a las grandes empresas la posibilidad de "liquidar las deudas tributarias con el Estado mediante la dación en pago de créditos reconocidos y vencidos con cualquier otra Administración". Otro bálsamo sería "la posibilidad de suspender el ingreso del IVA devengado mientras las deudas vencidas y en mora de las Administraciones públicas no se liquiden". Como complemento de las anteriores reflexiones se va a sugerir al próximo Gobierno que se auditen las cuentas de los ayuntamientos "para conocer el verdadero alcance de la deuda municipal".
Los empresarios también buscarán, a la vista del citado compendio de propuestas para el periodo 2011-2016, una moratoria en el pago de las cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores "afectos a un contrato en el que se produzca un retraso en el cobro superior al doble de los plazos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público LCSP". El texto legal marca 40 días a la Administración para atender sus facturas a lo largo de 2012, y de 30 días a partir del 1 de enero de 2013.
El informe Taguas busca que se tenga en cuenta como "causa de disolución de los entes locales "el impago reiterado o la morosidad superior a tres veces los plazos marcados en la LCSP, por entender que se incurre en un "supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales".
Entre las reformas sugeridas también hay lugar para un sistema de resolución de contratos con la Administración en casos de morosidad superior al doble de la que contempla la citada LCSP.
Fuente: Cinco Días
