El Gobierno calcula que la banca sobrevaloró la vivienda hasta un 30%
El Gobierno continúa negociando estos días con la banca el detalle de los compromisos que aparecerán en el código de buenas prácticas sobre desahucios hipotecarios que Economía espera que las entidades adopten voluntariamente. Aunque el sector parece dispuesto a aceptar la dación en pago -entrega de la vivienda como única condición para saldar toda la deuda hipotecaria- en el caso de familias sin ingresos que vean embargada su vivienda, otros puntos del decálogo están despertando más polémica.
El más discutido es aquel por el que el Ejecutivo insta a las entidades a cubrir parte de la "desvalorización" que han sufrido los inmuebles desde el estallido de la burbuja. Más allá de que esta medida suponga acusar a la banca de haber contribuido al alza de precios, la contestación del sector responde al coste que tendría que asumir: el Gobierno estima que la vivienda se sobrevaloró hasta un 30%.
En concreto, el Ejecutivo considera que los pisos estuvieron sobrevalorados entre un 13% y un 30% durante los años del boom inmobiliario. Así consta en la presentación que el Ministerio de Fomento ha elaborado para atraer inversión extranjera. El ministerio se basa concretamente en una decena de estudios, elaborados por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, la OCDE, el Banco de España, Fedea o el servicio de estudios de BBVA, que estudian la sobrevaloración del precio de los hogares que se produjo de 2002 a 2007.
Aunque los distintos autores hablan de disparidades de entre el 8% y el 30%, el Gobierno da por buena una horquilla, no menos amplia, de entre el 13% y el 30%. Este sobrecoste es el que está presentando Economía a las entidades financieras a la hora de reclamarlas que se hagan cargo de "un determinado porcentaje" de la diferencia que se da entre el precio actual de la vivienda que embargan y la deuda hipotecaria que contrajo el cliente cuando la vivienda valía mucho más. La estimación más reciente, de la consultora Oliver Wyman, habla de 250.000 clientes cuya hipoteca supera el valor de la vivienda.
La pretensión del Gobierno, que las entidades asumirían de forma voluntaria e individual, no ha sentado bien en el sector financiero, al que se responsabiliza directamente de las "deficiencias de tasación". El argumento general de las entidades al oponerse es que la valoración de los inmuebles se produjo en un momento de bonanza económica, y estuvo certificada por las tasadoras, si bien buena parte de estas pertenecen a bancos y cajas.
Fuentes financieras asumen que la falta de acuerdo podría dejar fuera este punto del código. Para superar su rechazo, el Gobierno ofrece a las entidades que incluyan como gastos deducibles las pérdidas que les ocasione aplicarlo.
De salir adelante, supondría que al ejecutar un embargo y subastar la vivienda la entidad, que ya tiene la obligación de pagar un 60% del precio del inmueble, tendría que aportar un porcentaje adicional, restándolo de la deuda pendiente del hipotecado. Si se estableciera que le corresponde cubrir la mitad de la sobrevaloración y esta es, como calcula Fomento, del 30% la entidad pagaría hasta un 15% más, es decir, se adjudicaría la vivienda por el 75% de su valor, reduciendo la carga al deudor.
Fuente: Cinco Días
