Coalición Canaria (CC)
Redacción Ciberperfil17/11/2011
Desde el conocimiento de ser pioneros en políticas de vivienda, CC- NC-PNC propone:
- Suprimir cualquier órgano estatal específico de Vivienda, un departamento vacío de competencias que incrementa el gasto público y duplica, en ocasiones, iniciativas ya creadas por las comunidades autónomas. La vivienda es una materia sobre la que, en aplicación del artículo 148.1.3o de la Constitución Española, todas las comunidades autónomas y, por tanto, la Comunidad Autónoma de Canarias, han asumido competencias exclusivas. Recordemos, en este sentido que la Constitución, en el citado artículo 148.1.3o, señala que las comunidades autónomas podrán asumir competencias en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, y que el Estatuto de Autonomía de Canarias, en su artículo 30.15, establece que la Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda.
Al amparo de las competencias contempladas en el artículo 149.13º sobre planificación general de la actividad económica planteamos el incremento de fondos en materia de vivienda con el objetivo de:
- Dedicar mayores esfuerzos públicos para facilitar el acceso a la vivienda a las familias con menores recursos económicos tanto en propiedad como en alquiler.
- Los jóvenes entre 18 y 35 años es el colectivo de la sociedad española con mayor dificultad para acceder a una vivienda y poderse emancipar. La edad de emancipación es de las más elevadas de Unión Europea, por lo que hay que establecer un programa específico con ayudas adicionales que fomente el acceso a la vivienda en propiedad y en alquiler.
- Incentivar y optimizar el suelo para vivienda protegida.
- En Canarias, la escasez física del suelo, la alta protección del territorio y la orografía hacen necesario que los suelos de la administración Estatal no convenientemente utilizados sean cedidos al Gobierno autónomo para facilitar la ejecución de los Planes de Vivienda.
- Incentivar y fomentar que se movilice el parque de vivienda desocupado potenciado las Bolsas de Vivienda existentes en las Comunidad Autónomas, en concreto de la canaria.
- Exigir colaboración al Gobierno de España para incentivar y potenciar la rehabilitación, mediante la concertación de Planes Integrales en barrios degradados como centros históricos, lo que permitirá optimizar el suelo residencial existente aprovechando los servicios e infraestructuras ya establecidos, lo que supone un importante estímulo para la creación de empleo.
- Fomentar las viviendas sostenibles y accesibles. Se primarán con ayudas adicionales la rehabilitación para mejorar la accesibilidad a las personas mayores de 65 años con menores recursos.
- El acceso a la Vivienda tiene que ser un pilar básico en las políticas sociales, los recursos públicos tienen que destinar- se de manera prioritaria a las familias con menores rentas. Se consideran como colectivos preferentes junto a las familias con menos recursos, a los jóvenes , familias numerosas o con personas dependientes a su cargo, personas con discapacidad oficialmente reconocidas , personas legalmente separadas y divorciadas, mayores de 65 años y víctimas de violencia de género.
- Incentivar y potenciar la rehabilitación y/ó la reposición, tiene que ser una prioridad para los próximos años. Existe un parque de viviendas importante cuya antigüedad precisa de una rehabilitación para adecuarlas a las calidades actuales, mejorando la accesibilidad, eficiencia energética etc. La re- habilitación al igual que la construcción de vivienda nueva genera una importante actividad económica y puestos de trabajo. Rehabilitando viviendas privadas y en el medio rural; así como potenciando la rehabilitación integral de áreas de barrios de nuestros municipios ó de centros históricos se consigue mejorar las condiciones de vida de aquellos núcleos de población que residen en zonas degradadas. Se potenciará la rehabilitación y/ o la reposición mediante subvenciones y medidas fiscales.
- Fomentar el Alquiler. Incrementar la oferta de viviendas en arrendamiento, tanto a través de la construcción de viviendas nuevas como de viviendas existentes, de modo que se amplíe la tenencia de viviendas en este régimen con el objetivo de llegar a la media de la Unión europea.
- Priorizar la movilización el parque de viviendas vacías para incrementar la oferta de acceso a una primera vivienda, principalmente en régimen de arrendamiento y para lograr un uso más eficiente del territorio. Tenemos que seguir incentivando que salgan al mercado el mayor número de viviendas vacías potenciando la rehabilitación, facilitando el acceso a las viviendas existentes, así como fomentando el arrendamiento de dichas viviendas. Se potenciarán las agencias y/o bolsas existentes en las comunidades autónomas creadas con ese objetivo. Desaparecerá la Sociedad Pública de Alquiler evitando duplicidades de recursos públicos.
- Ante la existencia de un stock de viviendas en construcción o terminadas sin vender se seguirá permitiendo la posibilidad de que se puedan calificar viviendas libres en protegidas. Se potenciará que salgan al mercado dichas viviendas, especialmente al mercado del alquiler, satisfaciendo la necesidad de vivienda primando a las familias con menores recursos.
- Deducción fiscal por la compra de vivienda. Deducción fiscal para la adquisición de la vivienda habitual para las unidades familiares cuya renta máxima no supere los 60.000 euros de renta de la unidad familiar. Dicha deducción tendrá diferentes tramos dependiendo del nivel de renta donde se primará a las familias con menores rentas.
- Moratoria de hipotecas. Se podría acoger las personas físicas que para adquirir su vivienda habitual soliciten o hayan solicitado un préstamo hipotecario no superior a los 200.000 euros cuando se haya producido el impago de tres ó más recibos y se encuentren en situación de desempleo. El plazo de la moratoria tendrá un máximo de tres años (siempre que se mantenga la situación de desempleo) y ampliará por el mismo tiempo el plazo de amortización del préstamo hipotecario. Así mismo podrán acogerse a ésta medida los procedimientos de ejecución hipotecaria que estén en curso. Se creará una línea ICO para colaborar en la implantación de ésta medida.
- Dación en pago. Se modificará la ley hipotecaria para que la garantía hipotecaria se limite a la vivienda hipotecada.
- Suprimir cualquier órgano estatal específico de Vivienda, un departamento vacío de competencias que incrementa el gasto público y duplica, en ocasiones, iniciativas ya creadas por las comunidades autónomas. La vivienda es una materia sobre la que, en aplicación del artículo 148.1.3o de la Constitución Española, todas las comunidades autónomas y, por tanto, la Comunidad Autónoma de Canarias, han asumido competencias exclusivas. Recordemos, en este sentido que la Constitución, en el citado artículo 148.1.3o, señala que las comunidades autónomas podrán asumir competencias en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, y que el Estatuto de Autonomía de Canarias, en su artículo 30.15, establece que la Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda.
Al amparo de las competencias contempladas en el artículo 149.13º sobre planificación general de la actividad económica planteamos el incremento de fondos en materia de vivienda con el objetivo de:
- Dedicar mayores esfuerzos públicos para facilitar el acceso a la vivienda a las familias con menores recursos económicos tanto en propiedad como en alquiler.
- Los jóvenes entre 18 y 35 años es el colectivo de la sociedad española con mayor dificultad para acceder a una vivienda y poderse emancipar. La edad de emancipación es de las más elevadas de Unión Europea, por lo que hay que establecer un programa específico con ayudas adicionales que fomente el acceso a la vivienda en propiedad y en alquiler.
- Incentivar y optimizar el suelo para vivienda protegida.
- En Canarias, la escasez física del suelo, la alta protección del territorio y la orografía hacen necesario que los suelos de la administración Estatal no convenientemente utilizados sean cedidos al Gobierno autónomo para facilitar la ejecución de los Planes de Vivienda.
- Incentivar y fomentar que se movilice el parque de vivienda desocupado potenciado las Bolsas de Vivienda existentes en las Comunidad Autónomas, en concreto de la canaria.
- Exigir colaboración al Gobierno de España para incentivar y potenciar la rehabilitación, mediante la concertación de Planes Integrales en barrios degradados como centros históricos, lo que permitirá optimizar el suelo residencial existente aprovechando los servicios e infraestructuras ya establecidos, lo que supone un importante estímulo para la creación de empleo.
- Fomentar las viviendas sostenibles y accesibles. Se primarán con ayudas adicionales la rehabilitación para mejorar la accesibilidad a las personas mayores de 65 años con menores recursos.
- El acceso a la Vivienda tiene que ser un pilar básico en las políticas sociales, los recursos públicos tienen que destinar- se de manera prioritaria a las familias con menores rentas. Se consideran como colectivos preferentes junto a las familias con menos recursos, a los jóvenes , familias numerosas o con personas dependientes a su cargo, personas con discapacidad oficialmente reconocidas , personas legalmente separadas y divorciadas, mayores de 65 años y víctimas de violencia de género.
- Incentivar y potenciar la rehabilitación y/ó la reposición, tiene que ser una prioridad para los próximos años. Existe un parque de viviendas importante cuya antigüedad precisa de una rehabilitación para adecuarlas a las calidades actuales, mejorando la accesibilidad, eficiencia energética etc. La re- habilitación al igual que la construcción de vivienda nueva genera una importante actividad económica y puestos de trabajo. Rehabilitando viviendas privadas y en el medio rural; así como potenciando la rehabilitación integral de áreas de barrios de nuestros municipios ó de centros históricos se consigue mejorar las condiciones de vida de aquellos núcleos de población que residen en zonas degradadas. Se potenciará la rehabilitación y/ o la reposición mediante subvenciones y medidas fiscales.
- Fomentar el Alquiler. Incrementar la oferta de viviendas en arrendamiento, tanto a través de la construcción de viviendas nuevas como de viviendas existentes, de modo que se amplíe la tenencia de viviendas en este régimen con el objetivo de llegar a la media de la Unión europea.
- Priorizar la movilización el parque de viviendas vacías para incrementar la oferta de acceso a una primera vivienda, principalmente en régimen de arrendamiento y para lograr un uso más eficiente del territorio. Tenemos que seguir incentivando que salgan al mercado el mayor número de viviendas vacías potenciando la rehabilitación, facilitando el acceso a las viviendas existentes, así como fomentando el arrendamiento de dichas viviendas. Se potenciarán las agencias y/o bolsas existentes en las comunidades autónomas creadas con ese objetivo. Desaparecerá la Sociedad Pública de Alquiler evitando duplicidades de recursos públicos.
- Ante la existencia de un stock de viviendas en construcción o terminadas sin vender se seguirá permitiendo la posibilidad de que se puedan calificar viviendas libres en protegidas. Se potenciará que salgan al mercado dichas viviendas, especialmente al mercado del alquiler, satisfaciendo la necesidad de vivienda primando a las familias con menores recursos.
- Deducción fiscal por la compra de vivienda. Deducción fiscal para la adquisición de la vivienda habitual para las unidades familiares cuya renta máxima no supere los 60.000 euros de renta de la unidad familiar. Dicha deducción tendrá diferentes tramos dependiendo del nivel de renta donde se primará a las familias con menores rentas.
- Moratoria de hipotecas. Se podría acoger las personas físicas que para adquirir su vivienda habitual soliciten o hayan solicitado un préstamo hipotecario no superior a los 200.000 euros cuando se haya producido el impago de tres ó más recibos y se encuentren en situación de desempleo. El plazo de la moratoria tendrá un máximo de tres años (siempre que se mantenga la situación de desempleo) y ampliará por el mismo tiempo el plazo de amortización del préstamo hipotecario. Así mismo podrán acogerse a ésta medida los procedimientos de ejecución hipotecaria que estén en curso. Se creará una línea ICO para colaborar en la implantación de ésta medida.
- Dación en pago. Se modificará la ley hipotecaria para que la garantía hipotecaria se limite a la vivienda hipotecada.
