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España se consolida como el tercer país peor pagador de toda Europa

Redacción Ciberperfil28/10/2011
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM) presentó ayer un estudio comparativo sobre los plazos de pago de la Administración y las empresas en toda la UE que confirma a España como el tercer país peor pagador de la zona, solo superado por Grecia e Italia. Según los datos recabados por Intrum Justicia, Crédito y Caución y el Banco Mundial, las empresas españolas pagan en un promedio de 99 días, por detrás de las griegas, que lo hacen en 110 días y las italianas, con 103.

En el caso de las administraciones públicas la situación es aún peor porque el plazo medio de pago en España es de 153 días, de nuevo solo superado por las administraciones italianas, que abonan sus facturas en 186 días y las griegas que lo hacen en 163.

El presidente de la plataforma, Rafael Barón, explicó que los datos del estudio parecen corroborar que en los países del sur de Europa (España, Italia, Grecia y Portugal) hay una cultura de pago "basada en que no pagar es de listos", que se debe cambiar por la que impera en el centro y norte del Viejo Continente, "donde las administraciones tienen unos plazos de pago que no superan los 30 días".

Además, Barón recordó la "deuda histórica" que tienen las administraciones españolas con las empresas, "que según han cifrado algunas instituciones sería de unos 48.000 millones de euros" y que sufren sobre todo las pymes, "que son las que llevan el peso de la economía".

Los integrantes de la plataforma reiteraron que la morosidad se ha convertido en un problema estructural de la economía española "que está haciendo que las empresas sean menos competitivas que las de su entorno". Por ello, reclamarán al Gobierno que salga de las urnas el 20-N que ponga en marcha un régimen sancionador para quienes incumplan los plazos legales de pago (75 días a partir de enero, 40 para la Administración pública y 90 para las constructoras de obra civil). Las multas oscilarían entre los 6.000-30.000 euros para las infracciones leves; los 30.001-300.000 euros para los casos graves y que alcanzaran entre 300.001 y 900.000 euros para las sanciones muy graves. Del mismo modo, reclaman que se puedan cerrar empresas de manera temporal si reinciden en faltas muy graves.

Fuente: Cinco Días

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