Seopan considera "inevitable" una reestructuración de la construcción
Redacción Ciberperfil12/01/2011
El presidente de la patronal de grandes constructoras Seopan, David Taguas, anuncia en el anuario de la organización que habrá próximos ajustes de empleo en el sector, así como una nueva oleada de reestructuración empresarial. Taguas critica el plan de ajuste del Gobierno y la aprobación de la Ley de Morosidad.
En España sobran constructoras de obra civil, muchas de ellas tienen insuficiente capitalización como para aguantar lo que queda de crisis y, en general, están soportando muy estrechos márgenes de rentabilidad sobre las ventas. El análisis está firmado por David Taguas, presidente del colectivo de grandes constructoras Seopan, quien ve en la reducción de costes la "única posibilidad" de supervivencia. Y eso, a su juicio, derivará en "ajustes adicionales de empleo en el sector" y en una reestructuración que debe ser "lo más ordenada y eficiente posible".
Un editorial de Taguas, con alta carga crítica, encabeza el anuario del colectivo empresarial que está empezando a distribuirse en estos primeros días de 2011. Algunas de sus opiniones chocan frontalmente tanto con las tesis que maneja el ministro de Fomento, José Blanco, así como con los argumentos de otras patronales de la construcción, entre ellas ANCI presidida por Jaime Lamo de Espinosa, y Aerco, que lidera Javier Sáenz Cosculluela.
Para Seopan, las consecuencias del ajuste presupuestario del Gobierno, con especial énfasis en la inversión en infraestructuras, y la entrada en juego de una Ley de Morosidad que rebaja el periodo de pago para las Administraciones Públicas de 60 a 30 días, constituyen "un doble shock de consecuencias devastadoras para el sector empresarial de la obra civil".
Efectos negativos
El representante de Seopan explica que los recortes de 2010 "se han consolidado en el Proyecto de Presupuestos del Estado de 2011, lo que implica una reducción de la demanda pública superior a 30.000 millones durante los próximos tres años". En el caso de la obra civil, las rescisiones de contratos y aplazamientos en licitaciones afectan negativamente al "crecimiento de la productividad y, por tanto, al de la economía en el medio plazo".
En cuanto a la Ley de Morosidad, Seopan cree que motiva un "shock de oferta negativo que se magnifica en el actual ambiente de reestructuraciones crediticias y de difícil acceso a la financiación de los mercados". David Taguas, ex asesor económico en Moncloa, recuerda que la anterior normativa ya era incumplida sistemáticamente por las Administraciones Públicas pese a que tenían hasta 60 días para pagar a sus proveedores. Ahora, con 30 días, "es difícilmente previsible que pueda cumplirse la Ley de Morosidad". Desde Seopan se subraya que en 2008 el periodo promedio de pago de las Administraciones a las principales constructoras fue de 157 días (248 días en el caso de los Ayuntamientos).
El artículo argumenta que la composición del tejido español de la construcción es incomparable con el de cualquier otra economía industrializada. El excesivo número de empresas responde, a juicio del presidente de Seopan, a "la elevada demanda durante las últimas décadas y a la estructura del Estado".
En cuanto al menguante pastel en juego, en el editorial se señala que en 2008 el beneficio neto de las 72 primeras constructoras del país "apenas representó el 4% de la cifra de negocio". Ello hace que "coexistan grandes empresas fuertemente capitalizadas que han afrontado con éxito los retos de la internacionalización y la diversificación, y medianas y pequeñas que tienen una capitalización reducida, parcialmente como consecuencia de la escasa rentabilidad de capital".
En el capítulo de peticiones, Taguas destaca el impulso del Plan Extraordinario de Infraestructuras y la necesidad de un nuevo marco normativo para el sector concesional.
Fuente: CNC
En España sobran constructoras de obra civil, muchas de ellas tienen insuficiente capitalización como para aguantar lo que queda de crisis y, en general, están soportando muy estrechos márgenes de rentabilidad sobre las ventas. El análisis está firmado por David Taguas, presidente del colectivo de grandes constructoras Seopan, quien ve en la reducción de costes la "única posibilidad" de supervivencia. Y eso, a su juicio, derivará en "ajustes adicionales de empleo en el sector" y en una reestructuración que debe ser "lo más ordenada y eficiente posible".
Un editorial de Taguas, con alta carga crítica, encabeza el anuario del colectivo empresarial que está empezando a distribuirse en estos primeros días de 2011. Algunas de sus opiniones chocan frontalmente tanto con las tesis que maneja el ministro de Fomento, José Blanco, así como con los argumentos de otras patronales de la construcción, entre ellas ANCI presidida por Jaime Lamo de Espinosa, y Aerco, que lidera Javier Sáenz Cosculluela.
Para Seopan, las consecuencias del ajuste presupuestario del Gobierno, con especial énfasis en la inversión en infraestructuras, y la entrada en juego de una Ley de Morosidad que rebaja el periodo de pago para las Administraciones Públicas de 60 a 30 días, constituyen "un doble shock de consecuencias devastadoras para el sector empresarial de la obra civil".
Efectos negativos
El representante de Seopan explica que los recortes de 2010 "se han consolidado en el Proyecto de Presupuestos del Estado de 2011, lo que implica una reducción de la demanda pública superior a 30.000 millones durante los próximos tres años". En el caso de la obra civil, las rescisiones de contratos y aplazamientos en licitaciones afectan negativamente al "crecimiento de la productividad y, por tanto, al de la economía en el medio plazo".
En cuanto a la Ley de Morosidad, Seopan cree que motiva un "shock de oferta negativo que se magnifica en el actual ambiente de reestructuraciones crediticias y de difícil acceso a la financiación de los mercados". David Taguas, ex asesor económico en Moncloa, recuerda que la anterior normativa ya era incumplida sistemáticamente por las Administraciones Públicas pese a que tenían hasta 60 días para pagar a sus proveedores. Ahora, con 30 días, "es difícilmente previsible que pueda cumplirse la Ley de Morosidad". Desde Seopan se subraya que en 2008 el periodo promedio de pago de las Administraciones a las principales constructoras fue de 157 días (248 días en el caso de los Ayuntamientos).
El artículo argumenta que la composición del tejido español de la construcción es incomparable con el de cualquier otra economía industrializada. El excesivo número de empresas responde, a juicio del presidente de Seopan, a "la elevada demanda durante las últimas décadas y a la estructura del Estado".
En cuanto al menguante pastel en juego, en el editorial se señala que en 2008 el beneficio neto de las 72 primeras constructoras del país "apenas representó el 4% de la cifra de negocio". Ello hace que "coexistan grandes empresas fuertemente capitalizadas que han afrontado con éxito los retos de la internacionalización y la diversificación, y medianas y pequeñas que tienen una capitalización reducida, parcialmente como consecuencia de la escasa rentabilidad de capital".
En el capítulo de peticiones, Taguas destaca el impulso del Plan Extraordinario de Infraestructuras y la necesidad de un nuevo marco normativo para el sector concesional.
Fuente: CNC
