La PMcM avala la propuesta del PP
Según datos del Banco de España, la deuda municipal del año pasado alcanzaba los 35.000 millones de euros. En este sentido, el portavoz de la PMcM, Antoni Cañete, asegura que “si fuéramos capaces de inyectar los 30.000 millones de euros de la línea ICO se reducirían inmensamente los plazos medios de pago de la Administración local y, sobre todo, se salvarían multitud de empresas y puestos de trabajo, por lo que esta partida no sería un gasto sino una inversión, porque habría empresas que pagarían impuestos y trabajadores a los que no se les tendría que pagar el paro y, además, estarían cotizando".
Cañete afirma que “no solo sacaríamos a flote el pago de la deuda de los ayuntamientos sino que además comenzaríamos a trabajar en la dirección correcta, ya que no es comprensible que la Administración haya ayudado al sistema financiero con 15.000 millones de euros para el tema del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y que todavía no haya puesto sobre la mesa las ayudas pertinentes para afrontar las deudas que tiene comprometidas con sus proveedores ella misma, ya sea el Gobierno central, los autonómicos o los locales”.
Al no ponerse en marcha la línea ICO, las administraciones han incrementado el plazo medio de pago, tal y como ha reflejado el Informe sobre Morosidad en 2010 elaborado por la PMcM. Por tanto, “es urgente que se trate -de manera específica y como cuestión estratégica del país- el problema histórico de la deuda generada por las administraciones y que se cumplan definitivamente los plazos que estipula la Ley”.
Actualmente, la morosidad “no es un tema colateral sino que se ha convertido en un problema tan trascendental y social que aquel partido político que acometa y se comprometa a hacer frente a los compromisos de pago va a tener detrás organizaciones que le vamos a dar apoyo a esa posición y también contarán con los electores, que lo van a tener en cuenta porque se lo vamos a explicar desde la PMcM”, añade.
Ante la celebración de las próximas elecciones, “estamos convencidos de que aquel que se comprometa públicamente con la lucha contra la morosidad presentando en su programa electoral un asunto tan importante como es -a través de la línea ICO- la financiación de las empresas acreedoras y, por tanto, su viabilidad y competitividad, y que trate correctamente el tema de la morosidad con códigos sancionadores y la creación de un Observatorio que vele por el cumplimiento de la Ley, tendrá sin duda un gran número de votos, tanto por parte de empresarios como de empleados, porque estará salvando numerosos puestos de trabajo”.