Izquierda Unida (IU)
Redacción Ciberperfil17/11/2011
Propuestas de planificación urbana. Alquiler social de la vivienda
Es necesario democratizar la ordenación del territorio y establecer su planificación política con participación del tejido social, que defina necesidades industriales, agrícolas, ganaderas, turísticas, de servicios, etc. Debemos favorecer estrategias para generar una red de ciudades medias y un mundo rural productivo, y de evitar la concentración grandes aglomeraciones urbanas que son insostenibles.
La ciudad es un espacio de relación, de encuentro entre las personas, donde es importante definir la localización de las viviendas, las actividades productivas y las infraestructuras, los usos del suelo, la proximidad y accesibilidad a los bienes, servicios y contactos con las demás personas y la protección del medio físico.
El capitalismo ha generado procesos de polarización social y de polarización territorial: territorios de acumulación de capital, población y medios de producción, frente a zonas destinadas a la explotación de los recursos naturales y al vertido de residuos.
Mientras la concentración financiera y empresarial se efectuó bajo el prisma de la “competitividad”, en la política territorial se aludía a la competitividad entre ciudades, pueblos y territorios relacionándola con el comercio internacional para promover el desarrollo. Pero la realidad ha sido muy diferente y la urbanización intensiva ha mostrado efectos negativos: sobreexplotación de recursos, saturación de sumideros, ex- ceso en el consumo de energía y cambio climático.
Parecería lógico que las economías de aglomeración, las economías de escala, favorecen, frente a la dispersión rural, menores agresiones ambientales en la edificación, la construcción de infraestructuras, transporte y transporte y distribución de energía. Pero es todo lo contrario. En el transporte la efectividad depende del uso del suelo y de la proximidad de las viviendas a los lugares de trabajo, estudio, compras, servicios; dependiendo mucho más de esto que de las infraestructuras o las características tecnológicas de los vehículos...
La ciudad debe ser compacta, equilibrada, destinada a la vida social, diseñada de forma participada y con criterios de sostenibilidad social, económica y ambiental. Donde se garantice la calidad de vida, la libertad y el ejercicio de los derechos humanos desde la corresponsabilidad, recuperando espacios para un proyecto de libertad, solidaridad y responsabilidad ecológica. Se trata de configurar ciudades para vivir, con un óptimo equipamiento colectivo, dotado de servicios públicos de calidad y amplias zonas verdes que unan campo y ciudad.
El alquiler social es el principal camino para la satisfacción del derecho constitucional a la vivienda.
La crisis económica que sufrimos desde 2007 ha hecho que el número de desahucios supere las 140.000 viviendas. La ONU asegura que los embargos en España fueron en 2010 un 197% más que los de 2007 y que 180.000 familias fueron afectadas por este fenómeno en 2009. En especial, aquellas familias en las que uno o varios de sus miembros estaban en paro o habían agotado la prestación por desempleo. Con los desahucios se niega expresamente el derecho a la vivienda establecido en la Constitución, al poner por delante los derechos al beneficio de la entidad financiera o de la propiedad del inmueble. Hoy existen en el territorio español 4.000.000 viviendas vacías, siendo un millón de ellas viviendas nuevas.
Garantizar el derecho constitucional a la vivienda
- Creación de un parque público de viviendas en alquiler moderado con los stocks actualmente detentados por la Banca y los promotores que serían adquiridos por las Administraciones Públicas a precio de coste, utilizando cédulas hipotecarias y otros mecanismos financieros. A ello habría que añadir, las obtenidas por la expropiación de viviendas desocupadas.
- Reforma de la ley de enjuiciamiento civil en materia de desahucios, con la incorporación de la fórmula de la dación en pago como liquidación de la deuda con la entrega del bien hipotecado. Hasta tanto esto se produzca establecer una moratoria que suspenda todos los desahucios de manera que ningún núcleo de convivencia quede sin vivienda, haciendo efectivo el derecho constitucional a una vivienda digna.
- Promulgación de una nueva Ley Hipotecaria que contemple la dación en pago como fórmula para liquidar las deudas hipotecarias, independientemente de las medidas de prohibición del desahucio de trabajadores en paro y de la garantía efectiva constitucional del derecho a la vivienda.
- La dación en pago incluirá a todas aquellas personas que han sido deshauciadas de sus casas o están en trámites de desahaucio como consecuencia de la crisis económica, a las que se les anulará la deuda hipotecaria.
Propuestas para que la vivienda sea un derecho
- Consideramos la vivienda como un derecho y exigimos desarrollar mediante Ley Orgánica el artículo 47 de la Constitución que garantiza este derecho.
- Proponemos que el Estado y las CC.AA. adquieran anualmente un paquete de viviendas construidas y terminadas proporcionales a la demanda de viviendas a precio de coste.
- Fomentar la autoconstrucción de viviendas.
- Moratoria en el pago de las hipotecas a las personas desempleadas.
- Eliminación de la cláusula “suelo” en las hipotecas en vigor y las futuras.
- Todos los desahucios serán suspendidos en el caso de trabajadores y trabajadoras en paro con la finalidad de evitar la ejecución del lanzamiento de la vivienda. Se establecerá un sistema de mediación que permita que los afectados puedan continuar en su vivienda mediante un pago que en ningún caso superará el 30% de sus ingresos.
- Exigimos la dación en pago y que sea esta con carácter retroactivo para las personas deshauciadas o en proceso de deshaucio a consecuencia de la crisis económica, para que no tengan que seguir pagando la deuda hipotecaria de una casa que ya no tienen.
Es necesario democratizar la ordenación del territorio y establecer su planificación política con participación del tejido social, que defina necesidades industriales, agrícolas, ganaderas, turísticas, de servicios, etc. Debemos favorecer estrategias para generar una red de ciudades medias y un mundo rural productivo, y de evitar la concentración grandes aglomeraciones urbanas que son insostenibles.
La ciudad es un espacio de relación, de encuentro entre las personas, donde es importante definir la localización de las viviendas, las actividades productivas y las infraestructuras, los usos del suelo, la proximidad y accesibilidad a los bienes, servicios y contactos con las demás personas y la protección del medio físico.
El capitalismo ha generado procesos de polarización social y de polarización territorial: territorios de acumulación de capital, población y medios de producción, frente a zonas destinadas a la explotación de los recursos naturales y al vertido de residuos.
Mientras la concentración financiera y empresarial se efectuó bajo el prisma de la “competitividad”, en la política territorial se aludía a la competitividad entre ciudades, pueblos y territorios relacionándola con el comercio internacional para promover el desarrollo. Pero la realidad ha sido muy diferente y la urbanización intensiva ha mostrado efectos negativos: sobreexplotación de recursos, saturación de sumideros, ex- ceso en el consumo de energía y cambio climático.
Parecería lógico que las economías de aglomeración, las economías de escala, favorecen, frente a la dispersión rural, menores agresiones ambientales en la edificación, la construcción de infraestructuras, transporte y transporte y distribución de energía. Pero es todo lo contrario. En el transporte la efectividad depende del uso del suelo y de la proximidad de las viviendas a los lugares de trabajo, estudio, compras, servicios; dependiendo mucho más de esto que de las infraestructuras o las características tecnológicas de los vehículos...
La ciudad debe ser compacta, equilibrada, destinada a la vida social, diseñada de forma participada y con criterios de sostenibilidad social, económica y ambiental. Donde se garantice la calidad de vida, la libertad y el ejercicio de los derechos humanos desde la corresponsabilidad, recuperando espacios para un proyecto de libertad, solidaridad y responsabilidad ecológica. Se trata de configurar ciudades para vivir, con un óptimo equipamiento colectivo, dotado de servicios públicos de calidad y amplias zonas verdes que unan campo y ciudad.
El alquiler social es el principal camino para la satisfacción del derecho constitucional a la vivienda.
La crisis económica que sufrimos desde 2007 ha hecho que el número de desahucios supere las 140.000 viviendas. La ONU asegura que los embargos en España fueron en 2010 un 197% más que los de 2007 y que 180.000 familias fueron afectadas por este fenómeno en 2009. En especial, aquellas familias en las que uno o varios de sus miembros estaban en paro o habían agotado la prestación por desempleo. Con los desahucios se niega expresamente el derecho a la vivienda establecido en la Constitución, al poner por delante los derechos al beneficio de la entidad financiera o de la propiedad del inmueble. Hoy existen en el territorio español 4.000.000 viviendas vacías, siendo un millón de ellas viviendas nuevas.
Garantizar el derecho constitucional a la vivienda
- Creación de un parque público de viviendas en alquiler moderado con los stocks actualmente detentados por la Banca y los promotores que serían adquiridos por las Administraciones Públicas a precio de coste, utilizando cédulas hipotecarias y otros mecanismos financieros. A ello habría que añadir, las obtenidas por la expropiación de viviendas desocupadas.
- Reforma de la ley de enjuiciamiento civil en materia de desahucios, con la incorporación de la fórmula de la dación en pago como liquidación de la deuda con la entrega del bien hipotecado. Hasta tanto esto se produzca establecer una moratoria que suspenda todos los desahucios de manera que ningún núcleo de convivencia quede sin vivienda, haciendo efectivo el derecho constitucional a una vivienda digna.
- Promulgación de una nueva Ley Hipotecaria que contemple la dación en pago como fórmula para liquidar las deudas hipotecarias, independientemente de las medidas de prohibición del desahucio de trabajadores en paro y de la garantía efectiva constitucional del derecho a la vivienda.
- La dación en pago incluirá a todas aquellas personas que han sido deshauciadas de sus casas o están en trámites de desahaucio como consecuencia de la crisis económica, a las que se les anulará la deuda hipotecaria.
Propuestas para que la vivienda sea un derecho
- Consideramos la vivienda como un derecho y exigimos desarrollar mediante Ley Orgánica el artículo 47 de la Constitución que garantiza este derecho.
- Proponemos que el Estado y las CC.AA. adquieran anualmente un paquete de viviendas construidas y terminadas proporcionales a la demanda de viviendas a precio de coste.
- Fomentar la autoconstrucción de viviendas.
- Moratoria en el pago de las hipotecas a las personas desempleadas.
- Eliminación de la cláusula “suelo” en las hipotecas en vigor y las futuras.
- Todos los desahucios serán suspendidos en el caso de trabajadores y trabajadoras en paro con la finalidad de evitar la ejecución del lanzamiento de la vivienda. Se establecerá un sistema de mediación que permita que los afectados puedan continuar en su vivienda mediante un pago que en ningún caso superará el 30% de sus ingresos.
- Exigimos la dación en pago y que sea esta con carácter retroactivo para las personas deshauciadas o en proceso de deshaucio a consecuencia de la crisis económica, para que no tengan que seguir pagando la deuda hipotecaria de una casa que ya no tienen.
