Las grandes constructoras presionan para inutilizar la Ley de Morosidad
Redacción Ciberperfil27/01/2011
Las grandes constructoras, agrupadas en la patronal Seopan, vienen criticando con dureza la nueva Ley de lucha contra la morosidad comercial, que prohíbe a las empresas pactar plazos de pago mayores que los legales.
Los intentos del presidente de la asociación, David Taguas -ex director de la Oficina Económica de La Moncloa- no han surtido efecto, por lo que ahora ha pasado a la carga por otros cauces. La organización ha confeccionado una enmienda que demanda que las compañías puedan acordar la demora del abono de sus facturas. Eso sí, siempre que dicho pago se adelantase a través de un tipo de descuento financiero de las facturas llamado confirming o bien "mediante cualquier otra fórmula de financiación".
Exigen introducir dicha modificación en la Ley de Economía Sostenible, ya que la nueva ley es implacable contra el pacto entre las partes, que hasta julio de 2010 perjudicaba a los proveedores y subcontratistas, al encontrarse en inferioridad de condiciones a la hora de negociar. Medio año después de que se aprobara la mejora normativa, las grandes constructoras han chocado con la imposibilidad de incumplir los plazos sin enfrentarse a consecuencias legales.
Una vez constatado que la norma no ofrece fisuras en este ámbito, Seopan, que representa los intereses de empresas como ACS, Ferrovial, FCC, OHL Acciona y Sacyr, entre otros, ha puesto sus cartas sobre la mesa. Quiere que la enmienda modifique el apartado 5 del artículo 211 de la Ley de Contratos del Sector Público. El nuevo texto se colaría en la trastienda del cajón de sastre en que se ha convertido la Ley de Economía Sostenible.
La modificación que pretende Seopan se sintetiza así: "El contratista podrá pactar con los suministradores y subcontratistas plazos de pago superiores a los establecidos en el presente artículo o en otras leyes de carácter general, siempre que dicho pacto no constituya una cláusula abusiva de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 9 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre".
Ello con la condición de que "el pago se instrumente mediante un documento negociable que lleve aparejada la acción cambiaria", cuyos gastos de descuento o negociación corran en su integridad de cuenta del contratista y que suponga que el acreedor perciba el anticipo del importe de la factura en los 60 días siguientes a la entrega de la mercancía o la prestación del servicio. Además, el subcontratista "podrá exigir que el pago se garantice mediante aval". Siete meses de demora La enmienda admite literalmente que se sustenta en los "criterios" de la Ley 3/2004.
Pero ésta es una norma zombi, ya que precisamente es la que se modificó con la nueva Ley 15/2010. Los constructores quieren volver al statu quo anterior, que les permitía demorarse entre 153 y más de 200 días en el cumplimiento de sus obligaciones de pago, según los últimos datos disponibles del Registro Mercantil.
Obviando el cambio legal
Además, los expertos rechazan el confirming, ya que consideran que en la práctica no es una medida equitativa. ¿Por qué? "Una práctica muy extendida es pedirle al proveedor un descuento adicional de entre el 1% y el 3% del importe facturado por darle la posibilidad de cobrar antes", apunta Pere Brachfield, morosólogo y autor del informe Introducción al confirming .
¿Qué justifican los grandes constructores? La enmienda apunta: "Dada la actual situación de la deuda en mora de numerosas administraciones públicas y, en particular, de los ayuntamientos, resulta prudente permitir que los contratistas de obras y servicios que soportan la morosidad de las administraciones públicas, hasta que éstas se pongan al corriente de pago, puedan financiar sus gastos más allá de los plazos que establece la Ley 3/2004".
Con esta argumentación, la enmienda de Seopan obvia de nuevo, deliberadamente, que la norma aplicable no es la 3/2004, sino la 15/2010. La patronal tiene toda la razón cuando dice que la alta morosidad del sector público perjudica a sus contratistas (sobre todo, constructoras). Pero obvia que la nueva Ley de Morosidad permite una salvedad para el sector de la obra civil.
Fuente: CNC
Los intentos del presidente de la asociación, David Taguas -ex director de la Oficina Económica de La Moncloa- no han surtido efecto, por lo que ahora ha pasado a la carga por otros cauces. La organización ha confeccionado una enmienda que demanda que las compañías puedan acordar la demora del abono de sus facturas. Eso sí, siempre que dicho pago se adelantase a través de un tipo de descuento financiero de las facturas llamado confirming o bien "mediante cualquier otra fórmula de financiación".
Exigen introducir dicha modificación en la Ley de Economía Sostenible, ya que la nueva ley es implacable contra el pacto entre las partes, que hasta julio de 2010 perjudicaba a los proveedores y subcontratistas, al encontrarse en inferioridad de condiciones a la hora de negociar. Medio año después de que se aprobara la mejora normativa, las grandes constructoras han chocado con la imposibilidad de incumplir los plazos sin enfrentarse a consecuencias legales.
Una vez constatado que la norma no ofrece fisuras en este ámbito, Seopan, que representa los intereses de empresas como ACS, Ferrovial, FCC, OHL Acciona y Sacyr, entre otros, ha puesto sus cartas sobre la mesa. Quiere que la enmienda modifique el apartado 5 del artículo 211 de la Ley de Contratos del Sector Público. El nuevo texto se colaría en la trastienda del cajón de sastre en que se ha convertido la Ley de Economía Sostenible.
La modificación que pretende Seopan se sintetiza así: "El contratista podrá pactar con los suministradores y subcontratistas plazos de pago superiores a los establecidos en el presente artículo o en otras leyes de carácter general, siempre que dicho pacto no constituya una cláusula abusiva de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 9 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre".
Ello con la condición de que "el pago se instrumente mediante un documento negociable que lleve aparejada la acción cambiaria", cuyos gastos de descuento o negociación corran en su integridad de cuenta del contratista y que suponga que el acreedor perciba el anticipo del importe de la factura en los 60 días siguientes a la entrega de la mercancía o la prestación del servicio. Además, el subcontratista "podrá exigir que el pago se garantice mediante aval". Siete meses de demora La enmienda admite literalmente que se sustenta en los "criterios" de la Ley 3/2004.
Pero ésta es una norma zombi, ya que precisamente es la que se modificó con la nueva Ley 15/2010. Los constructores quieren volver al statu quo anterior, que les permitía demorarse entre 153 y más de 200 días en el cumplimiento de sus obligaciones de pago, según los últimos datos disponibles del Registro Mercantil.
Obviando el cambio legal
Además, los expertos rechazan el confirming, ya que consideran que en la práctica no es una medida equitativa. ¿Por qué? "Una práctica muy extendida es pedirle al proveedor un descuento adicional de entre el 1% y el 3% del importe facturado por darle la posibilidad de cobrar antes", apunta Pere Brachfield, morosólogo y autor del informe Introducción al confirming .
¿Qué justifican los grandes constructores? La enmienda apunta: "Dada la actual situación de la deuda en mora de numerosas administraciones públicas y, en particular, de los ayuntamientos, resulta prudente permitir que los contratistas de obras y servicios que soportan la morosidad de las administraciones públicas, hasta que éstas se pongan al corriente de pago, puedan financiar sus gastos más allá de los plazos que establece la Ley 3/2004".
Con esta argumentación, la enmienda de Seopan obvia de nuevo, deliberadamente, que la norma aplicable no es la 3/2004, sino la 15/2010. La patronal tiene toda la razón cuando dice que la alta morosidad del sector público perjudica a sus contratistas (sobre todo, constructoras). Pero obvia que la nueva Ley de Morosidad permite una salvedad para el sector de la obra civil.
Fuente: CNC
