El 60% de los edificios españoles se han construido sin tener en cuenta ninguna normativa mínima de eficiencia energética

La consultora Lowendalmasaï, especializada en la optimización de costes empresariales, advierte de que el 90% de los españoles desconoce el alcance real del nuevo certificado energético que entró en vigor el día 1 de junio y que afectará tanto a empresas como a particulares. Con el objetivo de ayudar con el cumplimiento de la nueva normativa a las empresas, principalmente hoteles, inmobiliarias y patrimonialistas, Lowendalmasaï pondrá en marcha un servicio pionero de asesoramiento en esta materia. “Ponemos el ‘know-how’ de nuestro equipo de consultores a disposición de las compañías españolas para que adquieran la certificación energética de forma ágil y sencilla”, asegura Laura Delgado, directora general de Lowendalmasaï en España.

Laura Delgado, directora general de Lowendalmasaï en España.

Según los datos de la multinacional, el 60% de los edificios españoles se han construido sin tener en cuenta ninguna normativa mínima de eficiencia energética, siendo la primera del año 1979.

Desde el pasado 1 de junio todos los propietarios (empresas o particulares) de edificios, viviendas y/o locales que alquilen o vendan, tienen la obligatoriedad de disponer de un certificado de eficiencia energética.

El certificado energético, que tendrá una validez de 10 años, se condensará mediante una etiqueta energética, la cual ha de figurar en cualquier publicidad que se haga del inmueble y debe ser registrado en el órgano competente de cada Comunidad Autónoma. De este modo cualquier empresa o particular debe saber qué calificación energética tiene el inmueble que pretende comprar o alquilar.

La principal virtud de esta medida, según Laura Delgado, directora general de Lowendalmasaï, será “fundamentalmente la posibilidad de comparar en el mercado las distintas muestras en venta y posicionar favorablemente aquellos inmuebles que cumplan con una mayor eficiencia energética”. Además, "se contribuye a informar de las emisiones de CO₂ por el uso de la energía proveniente de fuentes emisoras en el sector residencial, lo que facilitará la adopción de medidas para reducir las emisiones y mejorar la calificación energética de los edificios".