Alegan "graves deficiencias de funcionamiento"

La organización agraria ASAJA Castilla-La Mancha denuncia que el sistema de seguros no responde a los fines con los que se creó y los agricultores pagan más por unas pólizas con cada vez menos garantías.

ASAJA Castilla-La Mancha ha exigido una revisión íntegra del actual sistema de seguros agrarios que "no responde ni a las necesidades de los agricultores, ni a los fines con los que se creó", según señala en un comunicado.

Según ha explicado la organización agraria, el sistema atraviesa graves deficiencias de funcionamiento motivadas por el encarecimiento de las pólizas y el recorte de garantías y coberturas. "Los agricultores ya no encuentran en el seguro una herramienta útil para estabilizar sus rentas cuando sufren siniestros en sus explotaciones, motivo por el que algunos productores deciden abandonar la contratación", indican.

Por ello, la organización agraria ha solicitado una reunión urgente a nivel nacional en la que intervengan todos los implicados en el sistema: la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro), el Consorcio de Compensación de Seguros Agrarios y los responsables de la materia en los Ministerios de Economía y Agricultura.

El vicepresidente y responsable de seguros agrarios de ASAJA CLM, Pedro Alcolea, ha manifestado que "los agricultores se sienten desprotegidos ante fenómenos como la sequía. Aunque pretendan asegurar al máximo posible su producción, su cobertura y garantías están limitadas. Se gastan más por contratar seguros complementarios o garantías adicionales y les recortan las subvenciones … Y, cuando pasa un siniestro, el agricultor recibe una indemnización ridícula".

En este sentido, se ha referido al seguro de rendimientos. Cuando se contrata un seguro, se cubren los daños de la explotación, a través de un rendimiento individualizado que asigna el Ministerio de Agricultura a cada productor. Estos rendimientos se han ido reduciendo cada vez más. Además, esta modalidad de seguro tiene establecido un límite de producción asegurada y, para poder ampliarlo, se debe contratar un complementario.

Este seguro complementario, aparte de ser más costoso porque no se subvenciona igual, tiene coberturas diferentes y, en cultivos como la uva de vinificación, deja fuera el riesgo de sequía, un desastre que viene siendo habitual en los últimos años.

Por otro lado, el seguro base puede contratarse con una cobertura elegible del 50 o del 70% del rendimiento asignado a cada agricultor, pudiéndose alcanzar hasta el 80% y complementar el seguro con garantías adicionales. Sin embargo, los viticultores que sufren sequía reiterada son excluidos de esta posibilidad.

Tal y como ha explicado el responsable de seguros de ASAJA CLM, “el viticultor puede alcanzar una cobertura de hasta el 80% y asumir, como poco, el 20% de las pérdidas de la producción dañada. Sin embargo, el agricultor que haya presentado varios partes de siniestro, puede ser penalizado no permitiéndole asegurar el máximo alcanzable y asumiendo un porcentaje de pérdidas superior”.

También se han reducido parte de las subvenciones que se aplicaban con anterioridad. En este sentido, ha detallado que, en la contratación de pólizas, las entidades aseguradoras aplican bonificaciones o recargos por siniestralidad. Antes, se aplicaba una subvención sobre el coste total del seguro y, ahora, sólo se aplica sobre el coste inicial de la póliza, dejando sin subvencionar la parte del recargo.

Además, estos incrementos en los precios de los seguros han sido aún más acusados en el caso de las sociedades y otros colectivos, puesto que no se aplican las subvenciones en estas pólizas contratadas.

Por último, desde la organización agraria han criticado las dificultades que encuentran los agricultores cuando están en desacuerdo con las peritaciones de los daños en las explotaciones. Según Alcolea, “en caso de los contradictorios, los agricultores están indefensos para demostrar lo contrario, pues las peritaciones las hacen los técnicos de Agroseguro que responden a sus mismos intereses. Tienen que luchar contra un gran monopolio. Esto no ocurriría si alguien velara también por los intereses de los agricultores o si los peritos fueran independientes”.