ALADYR advierte sobre perjuicio de declarar el agua desalada como bien de uso público

Representantes en Chile de la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reúso de Agua, ALADYR, manifestaron estar preocupados a propósito del proyecto de ley Sobre el Uso de Agua de Mar para Desalinización que ingresó al Senado el 25 de enero de 2018 bajo el boletín 11608-09.

Sin entrar en el debate ideológico que subyace en la discusión de las materias asociadas a las aguas y su uso, los representantes de ALADYR declararon no oponerse a una eventual regulación de la desalinización: Por el contrario, estimaron que puede ser “una iniciativa muy relevante” en la medida que se oriente al fomento de este tipo de inversiones que resultan fundamentales para garantizar la seguridad hídrica, que se ha visto amenazada por el Cambio Climático.

Llamaron la atención sobre varios factores contenidos en el texto jurídico y se ofrecieron como enlace para aportar a la normativa a fin de que beneficie a toda la sociedad y que estimule el crecimiento de la capacidad instalada desaladora como alternativa imprescindible y sostenible para enfrentar la sequía que padece el País.

José Ignacio Zaldívar, representante para asuntos legales de ALADYR, planteó críticas respecto de la pretensión del proyecto de regular la desalinización de agua de mar a partir de concesiones marítimas, declarar el agua desalada como bien de uso público y priorizar el agua desalada para el consumo humano, doméstico y saneamiento.

Respecto al primer punto dijo que una iniciativa hídrica tan importante para la desalación no debe regularse a partir de una concesión marítima puesto que, según su criterio, debería haber un ente encargado de coordinar todos los temas relacionados con los recursos hídricos, independientemente de cual sea su fuente. “Encargarle esta función a la Dirección de Territorio Marítimo (Directemar) no parece lo más adecuado. La Directemar es eficiente administrando el borde costero pero estamos hablando de implementar políticas hídricas. Se necesita un organismo que tenga una visión integral del recurso hídrico que contemple las distintas fuentes que operan en la cuenca como parte de un todo”.

Sobre declarar el agua desalada como bien de uso público, Zaldívar expresó entender que el espíritu del legislador en este sentido es tratar de asimilar la desalación a la situación existente respecto de las fuentes de agua dulce continentales. Sin embargo, opina que se trata de dos realidades “muy distintas” que no pueden ser equiparadas.

“El agua desalada es un producto industrial, no se encuentra en la naturaleza. Para producirla es necesario incurrir en procesos y costos. Pretender atribuirle el carácter de bien nacional de uso público es como decir que el agua embotellada es un bien de uso público y que por tanto no puede comercializarse”. Adicionalmente, resaltó que no se puede dar al agua de mar el mismo trato que a las provenientes de fuentes continentales porque, mientras la última es escasa en Chile, la primera es prácticamente inagotable.

Agregó que las condiciones climáticas, poblacionales y económicas debieran motivar a los líderes a crear incentivos para que la desalación crezca y esté al alcance de todos por medio de estímulos fiscales y subsidios para el uso potable y de saneamiento. Sin embargo, al declarar al agua desalada como bien nacional de uso público, establecen un “enorme desincentivo” a la inversión en el rubro, ya que excluyen a las aguas desaladas del tráfico jurídico privado.

En relación al punto sobre priorizar el agua desalada para consumo humano, doméstico y de saneamiento por sobre otros usos, el representante de ALADYR, quien también pertenece a RCZ abogados, dijo que nuevamente se está tratando al agua desalada como un bien escaso. “La priorización es necesaria cuando el bien en discusión no se encuentra en cantidad suficiente para satisfacer la demanda de los distintos usos alternativos que se le quieren dar al mismo. Esta priorización no es necesaria en el caso del agua desalada porque la materia prima que se utiliza para su producción (el agua de mar) es prácticamente inagotable considerando que Chile tiene más de cuatro mil kilómetros de costa” dijo.

“La desalación para fines industriales y de agua potable pueden coexistir sin necesidad de subordinar una con la otra. La minera puede construir su planta desaladora para producir el agua necesaria para sus procesos industriales y, paralelamente, si hay gente que necesita agua potable para su consumo doméstico, el Estado o una prestadora de servicios sanitarios puede implementar otra planta desaladora para producir agua potable. Incluso podría construir una planta multipropósito más grande, con ambas finalidades, lo que lamentablemente también está prohibido en este proyecto de ley. No debiera haber limitantes en este sentido” completó.

El especialista habló de un cuarto punto de la ley, el cual obliga a los solicitantes de la concesión marítima a declarar la cantidad de agua que requieren y justificar su uso debiendo limitarse al fin señalado y cuyo excedente debe ser restituido al acuífero.

“De nuevo acá se intenta legislar respecto de la desalación como si se tratara de aguas provenientes de fuentes naturales continentales y no del mar. Primero, con esto se impide aprovechar las economías de escala. Mientras mayor tamaño tiene la planta desaladora, como ocurriría con una planta multipropósito, menores son sus costos de producción, haciéndola más accesible a sectores económicos que no pueden pagar un alto costo por el agua.” opinó.

Zaldívar propone reenfocar el proyecto introduciendo medidas para el fomento de la desalación y el reúso a partir del fortalecimiento institucional, favorecer el uso de suelo para estos proyectos como hoy ocurre con otras industrias y la creación de incentivos tributarios para estas alternativas tecnológicas.

“La legislación no tiene que estar reñida con los incentivos a la inversión para ser beneficiosa para los ciudadanos y la sociedad en general. En ALADYR contamos con un grupo internacional de especialistas en la materia que pueden aportar una visión holística a la regulación para que la desalinización prospere de forma ambiental y socialmente sostenible a la velocidad que la necesitamos” concluyó Zaldívar.