Agricultura de conservación para restaurar la naturaleza

La Unión Europea (UE) maneja datos muy preocupantes sobre el estado de los entornos naturales. Por ejemplo, que el 81% de los hábitats se encuentra deteriorado o que una de cada tres especies de abejas y mariposas está en declive. De ahí que en junio de 2022 la Comisión Europea propusiera la aprobación de una ley para recuperar los ecosistemas dañados.

¿Cómo se puede prometer la eliminación de determinadas exigencias medioambientales con una mano y aprobar con otra una vuelta de tuerca verde?

Desde entonces y hasta el pasado mes de febrero, la denominada ley de restauración de la naturaleza ha pasado por no pocas vicisitudes y bastantes contratiempos, pero ha sido finalmente aprobada por el Parlamento Europeo (PE) en una carrera agónica por momentos, hasta el punto de que sus impulsores y defensores no pudieron evitar llamativos actos de satisfacción al conocerse el resultado de la votación: 329 síes, 275 noes y 24 abstenciones.

No llega con su redactado inicial, pues ha tenido que dejar pelos en la gatera antes de materializarse legislativamente, y todavía está por ver la aplicación política última que alcance en los diferentes Estados, pero su mandato es claro: hay que rehabilitar al menos el 20% de las áreas terrestres y marítimas degradadas antes de 2030, el 60% en 2040 y la práctica totalidad de los ecosistemas para 2050.

A pie de campo, en todo caso, no va a ser una ley bien recibida. Por un lado, es hija del Pacto Verde, contra el que la mayor parte de los agricultores y ganaderos mantienen una guerra abierta. Por otro, ha sido aprobada coincidiendo plenamente con las movilizaciones agrarias de las últimas semanas y tras la renuncia de Europa a algunos de los pilares de ese pacto en lo que a agricultura se refiere.

Este hecho ha sido calificado por algunos como una provocación y entendido por muchos como una muestra de la poca convicción con la que las instituciones han ofrecido sus renuncias. ¿Cómo se puede prometer la eliminación de determinadas exigencias medioambientales con una mano y aprobar con otra una vuelta de tuerca verde?, se preguntan.

Para el socialista César Luena, ponente de la ley, ni se trata de una vuelta de tuerca ni mucho menos de una normativa agraria, por lo que toda la polémica en este terreno es innecesaria, aunque interesada: “la ley es una aliada del sector y no una enemiga, como les están haciendo creer [a los agricultores] los grupos conservadores”, denuncia.

Afirma Luena, en primer lugar, que, en relación con los ecosistemas agrícolas, el texto solo recoge un artículo y no tiene “ni una sola obligación directa para los agricultores”. Tampoco hay objetivos cuantitativos ni existe el mandato de conseguir una tendencia creciente en varios indicadores de biodiversidad, tal y como ocurre con otros ecosistemas, como los forestales o urbanos.

“El artículo sobre ecosistemas agrícolas -explica el eurodiputado- se ha debilitado tanto que la sola obligación de los Estados miembros es la de realizar esfuerzos para conseguir mejorar esos indicadores, pero sin estar obligados a un resultado”. Y en este debilitamiento insiste, porque quiere que quede claro: “hemos incluido muchas flexibilidades para la agricultura y la seguridad alimentaria que han quedado reflejadas en forma de freno de emergencia para suspender las provisiones que afectan a la agricultura en caso de amenaza grave”; además, señala que se ha empleado “un lenguaje muy diluido en lo que respecta a las obligaciones de restaurar ecosistemas agrícolas”. Diluido, se entiende, para diluir en él las exigencias.

Lamenta el ponente que haya tanto desconocimiento sobre el texto de la ley y que gracias a ello las falsedades que se dicen sobre ella puedan encontrar receptividad en el sector agrario, ámbito en el que lo que se pretende es “asegurar la propia viabilidad de los campos a largo plazo”, porque si no se actúa ahora, “en unas décadas el número de suelos fértiles en España se habrá reducido de forma alarmante”.

En este sentido, cuanto más se tarde en abordar el problema más difícil será revertir la situación; por eso es “un instrumento necesario y urgente”, asegura. Luena ofrece una cifra para avalar esta afirmación: el 50% del PIB mundial depende de los servicios de la naturaleza, “fíjese si es importante recuperar la salud de la misma y contar con ecosistemas sanos”, remata.

Según el eurodiputado César Luena, si no se actúa ahora, “en unas décadas el número de suelos fértiles en España se habrá reducido de forma alarmante”

Aunque el texto normativo no lo señala expresamente y no hace referencia a ella, estos objetivos coinciden con los que directa o indirectamente persigue la agricultura de conservación a través de sus tres ejes de actuación fundamentales, la supresión del laboreo, el mantenimiento de una cobertura vegetal en el suelo y la rotación o diversificación de cultivos.

CIHEAM Zaragoza acogió en marzo el seminario internacional sobre el futuro de la agricultura de conservación en el Mediterráneo.

Lógicamente, si hablamos de recuperar ecosistemas degradados, atender el suelo donde radican esos hábitats, el suelo agrícola en este caso, es un paso ineludible. En España y en la cuenca mediterránea, según se puso de manifiesto en el seminario internacional sobre el futuro de la agricultura de conservación celebrado a principios de marzo en el CIHEAM, con la agricultura de conservación no solo se evita la degradación del suelo y se mejora su estructura, sino que se conserva mejor el agua, factor clave en todo el Mediterráneo.

López-Francos no alberga dudas sobre la eficacia de estas prácticas frente al cambio climático, uno de los males que la ley europea quiere conjurar. El sistema de conservación frena las emisiones de carbono porque precisa menos uso de maquinaria y, por tanto, quema menos combustible; también porque sus necesidades de abonado son menores y porque la retención de carbono (objetivo expreso de la ley) en las primeras capas del suelo aumenta. Es decir, contribuye a la mitigación, pero también a la adaptación al cambio climático a través de la mejora de la gestión del agua, que será crucial en momentos críticos como los que se esperan.

Por otra parte, si se tienen en cuenta las conclusiones de la primera evaluación de riesgo climático en Europa que acaba de publicar la Agencia Europea de Medioambiente, el valor de la agricultura de conservación crece, pues el europeo es el continente que más rápidamente se calienta y en el sur cabe esperar una considerable disminución de la precipitación total y sequías más severas. Conclusiones que sirven al eurodiputado Luena para hacer hincapié en la necesidad de que “nuestros ecosistemas tengan buena salud porque son fundamentales para nuestra adaptación al cambio climático y para nuestra resiliencia”. De esta salud dependerá la seguridad alimentaria, según indica.

Preguntado por el papel a desempeñar por la agricultura de conservación, afirma que serán los Estados miembros los que decidan sobre las medidas a adoptar, pero que, efectivamente, “esta puede ser una de ellas”. Luena recuerda que en el Anexo VII de la ley se pueden encontrar ejemplos de medidas de restauración y que, entre ellos, figuran, por ejemplo, el cultivo múltiple y la rotación de cultivos.

Veroz es prudente, porque están pendientes “decisiones de tipo político”, pero ve muy alineados los índices reflejados en la ley con la dirección que lleva el tipo de agricultura que representa. Afirma que hay mucha bibliografía internacional que avala a la agricultura de conservación con respecto a la gestión del carbono en suelos. Y no tanta, pero sí suficiente, que habla con respecto los efectos sobre mariposas y polinizadores.

Precisamente, en 2023 se realizó una revisión bibliográfica mundial cuyo informe final habla de estos aspectos y refleja también otros, como el incremento de fauna y microfauna en el suelo, del avistamiento de aves esteparias, de nidificación en tierras de cultivo y de presencia de larvas (luego insectos) en los suelos no labrados.

Así que, aunque no hay mención expresa a ella en la ley, desde Suelos Vivos consideran que puede interpretarse que la agricultura de conservación “está dentro del ánimo de los legisladores”, especialmente porque sí hay referencia a la situación climática, “una línea de trabajo en la que llevamos mucho tiempo colaborando con la Administración”.

Amén de las ventajas técnicas y medioambientales, Veroz recuerda una que en estos momentos puede resultar determinante: la agricultura de conservación es rentable. Lo que significa, en el contexto de la controversia existente en el sector agrario, que su aplicación en el marco de la nueva ley no supondría limitaciones a la rentabilidad de las explotaciones.

Por su parte, desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), confirman a Tierras Agricultura que los beneficios de la agricultura de conservación sobre la biodiversidad de los ecosistemas “son cuantiosos” y que por eso el Plan Estratégico de la PAC “nos ha llevado a plasmar una firme apuesta por la agricultura de conservación a través de determinadas medidas”.

Se refieren, fundamentalmente, a los ecorregímenes centrados en la siembra directa y las cubiertas vegetales, que, ciertamente, tal y como confirma Óscar Veroz, han impulsado estas técnicas de conservación de suelos en muchas áreas del país, lo que permite a su colectivo estar “razonablemente satisfecho”.

El MAPA reconoce que esta forma de cultivo “también supone una herramienta para dar respuesta a las necesidades de restauración y conservación de la biodiversidad en las explotaciones agrícolas europeas”, pero no se manifiesta con respecto al papel que puede jugar en el marco de la ley de restauración de la naturaleza ni en lo referente a posibles políticas nacionales vinculadas a esta.

De momento, la ley es una oportunidad. El tiempo dirá si la agricultura de conservación ha podido aprovecharla bien.