ARAG-ASAJA cuestiona que el acuerdo político alcanzado sobre la PAC

El secretario general de ARAG-ASAJA, Igor Fonseca, ha cuestionado los acuerdos alcanzados por los Estados miembros y el Parlamento Europeo en torno a la futura Política Agraria Común (PAC) 2021-2027 ya que “impondrán, en un momento de incertidumbre y dificultades derivadas de la crisis actual, más exigencias a los agricultores y ganaderos con menos dinero”.

Igor Fonseca ha resumido así la posición que mantiene ARAG-ASAJA ante las nuevas condiciones medioambientales a las que la Unión Europea obligará a los agricultores con una reducción del 10% de los fondos comunitarios para España para los próximos siete años. En concreto, se ha referido a la obligatoriedad que se introducirá en la nueva PAC de destinar un mínimo de un 20% de las ayudas directas a los llamados ecoesquemas, es decir, a los compromisos vinculados a mejorar la protección del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, y el fomento del desarrollo y la energía sostenible.

Ha defendido que el sector no está en contra de una nueva PAC verde. “Lo que pedimos es que estos nuevos compromisos, introducidos sin saber cómo se van a tener que aplicar, ni qué nuevos costes van a suponer para las explotaciones agrarias, cuenten con un presupuesto a la altura y no supongan una pérdida de competitividad para nuestros agricultores y ganaderos, que ya respetan las mayores exigencias que existen a nivel mundial”. Teniendo en cuenta, ha añadido, que el resto de los países terceros que exportan al mercado comunitario sus alimentos lo hacen en otras condiciones en materia fitosanitaria, medioambiental y social que las que deben cumplir los productores europeos.

En este aspecto, Fonseca ha recordado las dudas que de forma paralela la organización mantiene respecto a la efectividad de las nuevas estrategias que también formarán parte del Pacto Verde Europeo (y en las que la Comisión propone reducir para el año 2030 un 50% el uso de fitosanitarios, rebajar como mínimo un 20% el uso de fertilizantes o alcanzar un 25% de tierras agrícolas dedicadas a la agricultura ecológica) ya que cree que en los términos en los que están planteadas “restan competitividad a la agricultura europea, que tiene que competir en un mercado globalizado”.

El secretario general de la organización agraria riojana, Igor Fonseca, ha cuestionado los acuerdos de los Estados miembros y el Parlamento Europeo sobre la Nueva Política Agraria Común.

Por otro lado, el secretario general de ARAG-ASAJA ha valorado como positivo que el acuerdo amplíe a 2040 el control de plantaciones, aunque su organización defiende el 2050 como la fecha más adecuada. “Para nosotros es imprescindible mantener el sistema de derechos de plantación de viñedo, aspecto que consideramos fundamental en La Rioja para proteger nuestro modelo de calidad así como el patrimonio de los viticultores. Y en este sentido, valoramos que a diferencia de lo que anteriormente se planteaba, hayan rectificado”.

No obstante, Fonseca se ha mostrado prudente ante las futuras negociaciones que tendrán lugar en los próximos meses y que servirán para alcanzar el acuerdo definitivo comunitario ya que todavía “quedan muchas cuestiones por decidir entre el Ministerio de Agricultura y las Comunidades Autónomas”.

Por este motivo, ha pedido al Ministerio y al Gobierno de La Rioja que defienda el futuro de los agricultores y ganaderos de La Rioja” a través de una agricultura competitiva que favorezca a quien realmente realiza la actividad agraria, ya que de estos acuerdos dependerán puntos tan clave para el campo riojano como:

• La definición de la figura del “agricultor genuino”, que es el que tendrá derecho a percibir las ayudas directas.
• Si las ayudas directas se abrirán a nuevos sectores.
• El sistema de convergencia de las ayudas y la desaparición de los derechos de pago básico.
• Los sectores que se van a beneficiar de las ayudas asociadas y en qué importe.
• Y los importes máximos de ayuda por explotación.

El Ministerio de Agricultura ha acordado que la próxima PAC se aplicará el 1 de enero de 2023. De este modo, habrá un periodo transitorio (2021 y 2022) durante el cual los agricultores y ganaderos continuarán percibiendo las ayudas conforme al nuevo presupuesto, pero con las reglas de la actual PAC.