Cerca de 90 compañías en 33 países de todo el mundo tienen ya acuerdos para producir las vacunas contra la COVID-19, según Unicef

Cerca de 90 empresas en todo el mundo tienen ya licencias para fabricar las vacunas contra la COVID-19 gracias a los acuerdos de colaboración que se han firmado entre las compañías desarrolladoras y aquellas que tienen capacidad de participar en la producción. En concreto, según los datos que está recogiendo puntualmente Unicef, estos acuerdos han hecho posible que plantas de hasta 33 países en todo el mundo estén fabricando las vacunas contra el coronavirus ya aprobadas o estén preparadas para producir las siguientes vacunas que están en la última etapa de investigación.

Entre la lista de países con compañías fabricantes, según los datos de la Organización de Naciones Unidas, se encuentran India, China, Brasil, Sudáfrica, Argelia, Pakistán, Indonesia, Egipto, Filipinas, Corea del Sur o Venezuela. Dentro de estos acuerdos se incluyen también los que han posibilitado que cuatro compañías en España estén participando también en la producción y aquellos firmados en países occidentales entre grandes compañías competidoras.

Desde la Federación Internacional de la Industria Farmacéutica (Ifpma) -a la que pertenece Farmaindustria- han contabilizado hasta 272 acuerdos de este tipo entre las compañías farmacéuticas con el objetivo de movilizar toda la capacidad mundial posible de producción de vacunas contra la COVID-19. La mayoría de estas colaboraciones (más de 200) implican transferencia de tecnología, lo que no sería posible en ausencia de un sólido sistema mundial de propiedad industrial, según destaca Ifpma. “Este tipo de colaboración ha sido fundamental para ampliar la fabricación de vacunas. En tiempos anteriores a la COVID-19, la capacidad total para producir todo tipo de vacunas era de 5.000 millones de dosis para todas las vacunas. Ahora, sólo para las vacunas contra el coronavirus, los fabricantes han aumentado la nueva capacidad de cero a 10.000 millones de dosis. En cuestión de meses, no de años, buscamos multiplicar la capacidad mundial de vacunas”, señala Thomas Cueni, director general de Ifpma.

Estos acuerdos, recuerda Cueni, permiten la formación conjunta de trabajadores cualificados para conseguir que la calidad esté asegurada. “No sólo hablamos de propiedad intelectual -explica sobre el complejo reto de la producción de vacunas-, sino de compartir conocimiento y de generar confianza. El 70% de la fabricación de vacunas tiene que ver con el control de la calidad, y eso es algo que no puede simplemente imponerse, porque la transferencia de tecnología implica a dos partes que construyen una mutua confianza”.

Las vacunas frente al coronavirus son productos biológicos de alta complejidad, y en algunos casos, además, se trata de vacunas con tecnologías completamente nuevas y condiciones de producción y conservación muy especiales, no experimentadas antes a nivel industrial. Por lo tanto -como apunta el director general de Farmaindustria, Humberto Arnés- es un desafío poder producir a gran escala estas vacunas.

“Hay que resaltar que este tipo de acuerdos de colaboración para fabricar las vacunas se están dando en todo el mundo, incluso entre compañías competidoras -insiste-, porque muy pocas plantas en el planeta están capacitadas para producirlas. Apenas una quincena de compañías farmacéuticas en el mundo se dedica a desarrollar vacunas. Por eso las desarrolladoras han sellado acuerdos de este tipo con toda compañía que tenga capacidad de participar en la producción, buscando un único objetivo: incrementar al máximo la capacidad productiva, ganando tiempo al tiempo y salvaguardando la obligada calidad de la producción”.

Precisamente, este lunes 26 de abril se celebra el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, con el objetivo de dar a conocer la función que desempeñan los derechos de propiedad intelectual e industrial en el fomento de la innovación y la creatividad. La Ifpma recuerda con tal motivo que la protección industrial a través de las patentes es crítica para garantizar que en el próximo futuro dispongamos de nuevos medicamentos. Los derechos de propiedad garantizan que compañías farmacéuticas en todo el mundo se lancen a la incierta carrera de investigar medicamentos, que implica de media diez largos años, grandes costes (unos 2.500 millones de euros) y, sobre todo, alto riesgo, ya que de cada diez mil compuestos analizados en investigación básica apenas uno llegará un día a ser un medicamento disponible.

“Este modelo ha permitido precisamente el hito de que en menos de diez meses hayamos dispuesto de vacunas contra la COVID-19, un coronavirus que sólo hace un año no se conocía. Todo el trabajo investigador de décadas auspiciado por este modelo y la experiencia y liderazgo de la industria farmacéutica, junto a la colaboración en ámbito global, han facilitado este logro sin precedentes. La propiedad industrial es la gran impulsora del progreso terapéutico”, asegura Arnés.