Sefac manifiesta su rechazo absoluto al documento ‘Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19’

La Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (Sefac) solicita al Ministerio de Trabajo y Economía Social que rectifique inmediatamente el documento Prevención de riesgos laborales vs COVID-19, que ha publicado este mes de abril el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). Este documento, que recoge las medidas de prevención necesarias desde el punto de vista laboral en diferentes sectores (comercial, reparto a domicilio, hostelería y restauración, sector sanitario, sociosanitario, clínicas veterinarias, funerario, agrícola, etc.) incluye a las farmacias comunitarias en el sector comercial junto con estancos, droguerías y establecimiento de alimentación (supermercados, fruterías…), entre otros. Esta inclusión refleja una deficiente evaluación de los riesgos laborales de los trabajadores sanitarios de estos establecimientos, poniendo en riesgo su seguridad, así como la adopción de las diferentes medidas preventivas y de protección personal que se requieren, en función de la clasificación establecida por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Sefac considera que la inclusión de las farmacias comunitarias en el sector comercial no solo ignora la legislación vigente, que considera a las farmacias como centros sanitarios privados de interés público, sino que desconoce por completo la labor clínica y asistencial que están haciendo los profesionales que ejercen en las farmacias comunitarias y los riesgos que asumen durante la actual pandemia. No se debe olvidar que los farmacéuticos atienden y dan servicio, fundamentalmente, a pacientes con patologías y capacidad infectocontagiosa y también a distintos colectivos de riesgo. Además, en las farmacias no solo se dispensan medicamentos, sino que también se instruye al paciente para que se los administren correctamente, especialmente en el caso de los medicamentos complejos como inhaladores, insulinas, etc. También se hacen pruebas analíticas sencillas en sangre como glucemias, colesterolemias y medidas de la presión arterial…, para el seguimiento de la efectividad de los tratamientos farmacológicos que requieren toma de muestras o un contacto muy cercano con el paciente.

La exclusión de las farmacias del sector sanitario tiene también implicaciones en la consideración que desde el Ministerio de Trabajo se puedan hacer de las bajas laborales, ya que las bajas producto de la infección por coronavirus no computarían como una baja por enfermedad profesional, sino como una baja convencional, ignorando la exposición al riesgo de muchos farmacéuticos, a los que la Administración, a día de hoy, y a diferencia de otros profesionales que trabajan en servicios esenciales, tampoco les ha facilitado los medios y recursos necesarios para desarrollar su labor en condiciones óptimas de seguridad. Al respecto, Sefac recuerda que, tal y como indican los últimos datos recogidos por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, hasta la fecha han fallecido por COVID-19 un total de 11 profesionales ejercientes en farmacia comunitaria (9 farmacéuticos y 2 técnicos), 493 profesionales de las farmacias están ingresados o guardando cuarentena por coronavirus, 271 farmacias tienen algún trabajador afectado y 48 están cerradas temporalmente.

Por todo ello, Sefac solicita que se rectifique cuanto antes el documento y se incluya en el sector sanitario a las farmacias comunitarias y reitera al Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas su total predisposición a seguir trabajando como hasta ahora para mejorar la atención de los pacientes y la población durante la pandemia a través de distintas acciones: educación sanitaria, provisión de materiales de protección, dispensación de medicamentos con entrega a domicilio para pacientes vulnerables, acercando los medicamentos de diagnóstico hospitalario a los pacientes de riesgo e, incluso, colaborando en la realización de test de anticuerpos en la población.

Por último, Sefac se une a las peticiones de otros profesionales sanitarios en su solicitud para la realización de test rápidos serológicos que permitan identificar a trabajadores sanitarios que puedan estar infectados por COVID-19.