El Gobierno español declara la emergencia climática
El Consejo de Ministros celebrado el 21 de enero aprobó el acuerdo de Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental en España, en el que se compromete a adoptar 30 líneas de acción prioritarias, cinco de ellas en los primeros 100 días, para combatir el cambio climático con políticas transversales. Entre ellas, la remisión al Parlamento del proyecto de Ley de Cambio Climático, la definición de la senda de descarbonización a largo plazo para asegurar la neutralidad climática en 2050 y la creación de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático que incluirá la participación de los jóvenes.
El Ejecutivo declaró la emergencia climática y ambiental dando así respuesta “al consenso generalizado de la comunidad científica” que reclama acciones urgentes para salvaguardar el medio ambiente, la salud y la seguridad de la población, informaron fuentes de La Moncloa en una nota de prensa.
El acuerdo marca como “único camino posible” alcanzar la neutralidad climática en 2050, “un objetivo que constituye una oportunidad para avanzar en la modernización, innovación y mejora de la competitividad de la economía española, generando empleo de calidad”, aseguran fuentes del Ejecutivo.
El acuerdo “encauza el proceso de transformación en positivo de nuestra economía y de nuestra sociedad, que se basa en la ciencia y en el principio de prudencia económica, contribuyendo a asegurar las oportunidades de los más jóvenes, la justicia intergeneracional y una mayor equidad y disminución de la desigualdad en las generaciones actuales.”
En este sentido, la Declaración subraya que la emergencia climática promoverá respuestas que acompañen a aquellos sectores, colectivos y territorios más directamente amenazados por los impactos físicos o los cambios exigidos por la seguridad climática, “con el fin de garantizar una transición justa y no dejar a nadie atrás.”
La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, responde a los medios en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 21 de enero. Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa.
Primeras medidas en los primeros cien días
Las primeras medidas para hacer frente a este desafío se materializarán en los primeros cien días de acción de Gobierno. Se trata del marco regulatorio fundamental sobre el cual se inspirará al resto de acciones que han de acometerse “en todos los niveles de la Administración”.
En ese plazo, el Ejecutivo se compromete a presentar ante las Cortes Generales un proyecto de ley “que garantice alcanzar las emisiones netas cero no más tarde de 2050, impulsado para ello un sistema eléctrico 100% renovable, un parque de turismos y de vehículos comerciales con emisiones de 0 gramos de CO2 por kilómetro, un sistema agrario neutro en emisiones de CO2 equivalente, y un sistema fiscal, presupuestario y financiero compatibles con la necesaria descarbonización de la economía y de la sociedad”.
Otras de las medidas que se impulsarán en esos primeros cien días de acción del nuevo Ejecutivo serán la definición de “la senda de descarbonización a largo plazo de nuestro país, que asegure el objetivo de neutralidad climática a más tardar en el año 2050”.
También se presentará el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, en el que se incluirá el sistema nacional de observación del clima y la elaboración de un menú de indicadores de impacto. Asimismo, se reforzarán los mecanismos de participación ya existentes con una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático, que será paritaria e incluirá la participación de los jóvenes. La transformación del modelo industrial y del sector servicios se propiciará mediante Convenios de Transición Justa y de medidas de acompañamiento.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero (en el centro de la imagen); la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera (a la izquierda); y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias (a la derecha), durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa.
25 líneas prioritarias
La Declaración recuerda que la región mediterránea, de la que forma parte España, está considerada uno de los ‘puntos calientes’ globales en materia de cambio climático, “que incide directa e indirectamente sobre un amplio conjunto de sectores económicos y sobre todos los sistemas ecológicos españoles”.
El cambio climático, añaden fuentes del Gobierno central, está “acelerando el deterioro de recursos esenciales para nuestro bienestar como el agua y el suelo fértil, y amenazando la calidad de vida y la salud de las personas. Todo ello obliga a aprovechar las sinergias entre las políticas de la lucha contra el cambio climático y la conservación de la naturaleza, ambas fundamentales para garantizar el bienestar y supervivencia de la humanidad”.
Con este espíritu, y junto a las primeras medidas que pondrá en marcha el Ejecutivo en sus primeros cien días, la declaración de emergencia climática define otras 25 líneas prioritarias que marcarán la acción transversal de la Administración Pública, en todos sus niveles, frente a la emergencia climática y ambiental.
Así, se incorporarán medidas que integren la variable del cambio climático en las políticas económicas, de consumo, de movilidad, de vivienda, de cooperación internacional, de educación o de salud. En cuanto a estas dos últimas políticas sectoriales, “el acuerdo compromete al Ejecutivo a aprobar un Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad antes de que acabe el año y a poner en marcha un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente.”El acuerdo destaca la necesidad de implementar políticas inclusivas que garanticen que nadie se quede atrás como consecuencia de estos cambios, actuando frente a la pobreza energética y asegurando la participación activa y en igualdad de condiciones de las mujeres en la transición energética.
Imagen de la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa.
Una evidencia recogida en el Foro Económico Mundial de Davos
Con la Declaración de Emergencia Climática y Ambiental, el Gobierno español reconoce la prioridad otorgada a este asunto “en un contexto de grandes riesgos económicos y sociales por los impactos del cambio climático”, una evidencia recogida en el informe anual del Foro Económico Mundial de Davos, que cita “la falta de ambición en la mitigación y adaptación al cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos como las dos amenazas de mayor magnitud para la economía global” o el Nuevo Pacto Verde que pondrá en marcha la Comisión Europea.
Asimismo, el acuerdo pone énfasis en acentuar sinergias con las políticas de desarrollo rural, de protección de la biodiversidad y el impulso de las oportunidades para la transición energética, para generar nuevo empleo verde. En este contexto, el Gobierno elaborará la Estrategia de Lucha Contra la Desertificación y la Estrategia Nacional Forestal, y presentará en la Conferencia de Presidentes de 2020 la Estrategia frente al Reto Demográfico para facilitar la mejor coordinación entre administraciones.
Otra parte de las medidas está centrada en asegurar la transformación del sector financiero público y privado para garantizar su viabilidad y la estabilidad del sistema. El primer paso será elaborar un Plan Nacional de Acción de Finanzas Sostenibles y un programa de emisión de bonos verdes por parte del Tesoro Público. También se fomentará la coherencia de las inversiones públicas con los objetivos del Acuerdo de París, además de integrar la variable del cambio climático en la política fiscal. En este sentido, el acuerdo marca como línea de acción no otorgar nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil y se analizarán los vigentes, salvo casos justificados por razones sociales o tecnológicas. En esta misma línea, no se autorizarán nuevas solicitudes de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos, ni para las actividades de ‘fracking’.
La Declaración recoge la necesidad de adoptar la Estrategia de Economía Circular y una Ley de Residuos que aborde el problema de los plásticos de un solo uso, para alcanzar “residuo cero” en el horizonte 2050. También la adopción de una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público, así como medidas para que los municipios de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones de manera urgente.
Además, antes de 2021, se presentará la Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030 para aumentar la resiliencia del sector a los efectos del cambio climático. También se establece el objetivo de alcanzar el 30% de superficie marina protegida en 2030.
Desde el Ejecutivo se asegura que los primeros pasos de esta transformación ya se han puesto en marcha. En particular, hace referencia al PNIEC 2021-2030, que sitúa a España en la “senda correcta” para lograr que la generación eléctrica sea 100% renovable en 2050, eliminando, en la próxima década, una de cada tres toneladas de CO2 emitidas actualmente. Para ello, en 2030 se habrá duplicando el consumo final de energía renovable y, en el caso de la electricidad, el 74% será “de origen limpio”. “Se trata de un esfuerzo coherente con el aumento de la ambición a 2030 anunciado por la Comisión Europea: incrementar el actual objetivo de reducción de emisiones a 2030, un 40% para el conjunto de la Unión Europea (UE), a una horquilla entre el 50% y el 55%”.
