El Gobierno no reabrirá el almacén de gas Castor

A la vista de estos informes, el Gobierno ha decidido que la instalación de almacén de gas Castor no vuelva a operar, por lo que se estudiará qué hacer con esta infraestructura, situada frente a las costas de Vinaroz (Castellón), informaron fuentes del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

En rueda de prensa celebrada el pasado 3 de mayo, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, los profesores Rubén Juanes (del MIT) y John H. Shaw (de la Universidad de Harvard) y el director de Infraestructuras de Enagás, Claudio Rodríguez, explicaron las principales conclusiones de los estudios.

Los análisis se iniciaron en octubre de 2015 y fueron realizados por un equipo de siete profesores del Massachusetts Institute of Technology y de la Universidad de Harvard en las disciplinas de geomecánica, sismología y geología estructural.

“Se trata de un exhaustivo estudio post mortem que analiza el origen de la sismicidad inducida durante la inyección de gas en el almacén Castor en el año 2013”, y en él se han empleado nuevos paradigmas que integran los modelos geológico y geomecánico con el análisis de los datos de sismicidad, detallaron fuentes del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Los análisis corroboran que la localización de los sismos coincide con la zona de la falla Amposta y con varias ramificaciones de la misma, y concluyen que dichas fallas fueron sometidas a estrés como consecuencia de la inyección de gas.

Los informes señalan que “no habría podido esperarse que, en su momento con la información disponible y mediante estudios realizados con metodología estándar, se hubiese llegado a estas conclusiones antes de la inyección de gas”.

El almacenamiento subterráneo Castor fue rechazado por colectivos ecologistas como Greenpeace, que llevó a cabo acciones de protesta en la zona.

El 16 de mayo de 2008 se otorgó a Escal UGS (participada en un 66,67% por ACS) la concesión de explotación para el almacenamiento subterráneo de gas natural Castor. El proyecto consistía en la conversión del campo de petróleo abandonado Amposta en almacenamiento subterráneo de gas natural y así hacer frente a las necesidades del sistema gasista previstas en aquel momento.

En 2010 se comenzó la perforación de los pozos de inyección/extracción de gas. El 5 de septiembre de 2013, estando en fase de pruebas y durante la inyección de gas colchón, comenzaron a producirse una serie de sismos en el entorno de la plataforma Castor. El informe asegura que fueron “cientos de terremotos de pequeña magnitud” que se sintieron en la costa de la Comunidad Valenciana.

Doce días después, el 17 de septiembre, se ordenó detener la inyección de gas, pero los sismos continuaron produciéndose hasta el 4 de octubre. Estos hechos motivaron la suspensión de la operación de almacenamiento.

En julio de 2014, Escal UGS presentó la renuncia a la concesión de explotación y en octubre de ese mismo año, el Gobierno encargó a Enagás la hibernación de las instalaciones.

En la actualidad la instalación “se encuentra en situación de seguridad para las personas y el medioambiente, sus pozos están sellados y no existe gas en la plataforma ni en los gasoductos de conexión”, aseguran desde el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, recibió a los responsables del Informe Técnico sobre Castor.

El Proyecto Castor transformó un antiguo yacimiento de hidrocarburos situado en el Mar Mediterráneo, a 22 kilómetros de la costa castellonense, en un emplazamiento para el almacenamiento subterráneo de gas natural. Durante septiembre de 2013, unos días después del comienzo de inyección de gas a gran escala en Castor, la inyección se detuvo después de que se produjeran “cientos de terremotos de pequeña magnitud”.

El objetivo general del análisis elaborado por el MIT y la Universidad de Harvard fue llevar a cabo un estudio integrado de geología estructural, sismología y geomecánica para evaluar el origen y carácter de la sismicidad que tuvo lugar durante los meses de septiembre y octubre de 2013, en relación con las operaciones de inyección en el Proyecto Castor.

Las conclusiones del estudio son claras: reanudar las operaciones de almacenamiento de gas en Castor generaría “un riesgo elevado” de que se produzcan de nuevo sismos. Como consecuencia de las inyecciones de gas, “es probable” que ciertos segmentos del sistema de falla de Amposta se hayan acercado, por lo que “dada la estructura de las fallas, y los antecedentes de desestabilización, existe la posibilidad de terremotos de magnitud significativamente mayor a los registrados”. Los autores de los estudios van más allá, y llegan a evaluar la magnitud del terremoto que se podría producir si se produjera la rotura completa de la falla: mayor o igual a 6,8 en la escala de Richter.

En el informe hecho público se enfatiza que en la evaluación utilizada para su elaboración se han empleado nuevos paradigmas para la integración de geología, geofísica y geomecánica de yacimientos. Por tanto, “no cabría esperar que un estudio realizado con metodologías estándar en la industria hubiese llegado a estas conclusiones antes de la inyección”. Lo que resulta evidente tras este análisis es que es necesario instaurar “nuevos estándares para la cuantificación de riesgos sísmicos asociados a operaciones subterráneas, especialmente en zonas con fallas tectónicamente activas”.

La difusión del estudio motivó varias preguntas al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, en el Senado, quien en el Pleno de la Cámara Alta señaló que el almacén era “un proyecto faraónico que no hacía ninguna falta”. Asimismo, concretó que cuando el PP formó Gobierno “encontró un contrato y un real decreto, elaborados por el anterior Ejecutivo socialista, que eximía de cualquier responsabilidad a la empresa concesionaria”.

Según el titular de Energía, de estar funcionado, el almacén Castor supondría un coste anual de 214 millones con cargo a los consumidores de gas. En la actualidad, el coste del proyecto roza los 96 millones al año: 80 millones por el pago de la indemnización a la concesionaria, Escal UGS, que construyó la instalación; y 15,7 millones por mantener hibernado el almacén. Escal UGS renunció a la concesión en julio de 2014 y recibió una indemnización de 1.350 millones de euros. El ministro reiteró que, aunque el objetivo es desmantelar el almacén, hay que hacerlo “con la máxima prudencia” para evitar nuevos terremotos.