La 2ª versión del PER confirma el frenazo a las energías limpias y autóctonas
28 de julio de 2011
Se mantiene el escenario de eficiencia energética adicional pero sin dar a conocer esas medidas de ahorro de energía. Bien es cierto que el 15 de junio se publicó el borrador del Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia energética 2011-2020, con medio año de retraso, y que parte de la consideración de que España ya ha conseguido en 2010 los objetivos de ahorro de energía que la Unión Europea había fijado para 2016.
Se han eliminado las referencias del primer texto sobre la revisión de las previsiones que habría que modificar en función de las variaciones en el precio del crudo y del gas. Es un plan que se olvida de los escenarios internacionales que son los que determinan nuestros problemas de costes y precios de la energía y de seguridad de suministro.
Se elimina el cupo para los incentivos al calor renovable (solar térmica de baja temperatura) pero se sustituye por el establecimiento de mecanismos suficientes para acotar su desarrollo. Todo un eufemismo para poner límites al mayor potencial de ahorro energético en todos los edificios con nuevas barreras administrativas y en contra de lo que propone la Directiva europea de renovables.
Pero esta visión positiva del potencial de las tecnologías renovables se enfría de inmediato y de forma contradictoria con el cuadro en el que se estima la fecha de competitividad para cada tecnología. El segundo borrador es mucho más negativo que el primero y así, las únicas tecnologías que serán competitivas antes de 2020 son la minihidraúlica (2015), la eólica en tierra (2017) y la eólica marina (2020). La fotovoltaica desplaza su competitividad al 2023 y 2024 y la termosolar al 2026. La geotermia y la biomasa a partir del 2024 y 2027 respectivamente. La única tecnología que ha adelantado la fecha de competitividad, del 2022 al 2020, es la eólica marina con un objetivo casi testimonial de 750 MW, cuando en Europa se prevén 40.000 MW en 2020, y cuando en el propio borrador del PER se habla de la eólica marina como tecnología en estado incipiente.
En esa línea de contradicciones de este segundo borrador se puede leer, como nueva aportación, que la mayoría de las tecnologías renovables presentan costes inferiores a los de un ciclo combinado de gas natural a lo largo de la presente década. Es algo que llevan diciendo las patronales del sector hace más de un año para pedir más objetivos de renovables y aquí aparece en un documento en el que el crecimiento de las renovables se posterga a la próxima década. Si las renovables pueden competir con el gas natural en esta década, ¿a qué se está esperando para definir una estrategia energética diferente y basada en el ahorro de energía y mayores objetivos de renovables?
Se modifican los datos relativos a los costes de las renovables, pero no de manera significativa. Así, el sobrecoste en la tarifa eléctrica de las renovables pasa de 5.000 millones de euros previstos en el primer borrador a 6.275 a precios constantes de 2010 en el segundo. Cualquiera lo firmaría porque sigue siendo un buen dato. Y el peso de las renovables en el sistema será del 13,2% en 2020 frente al 10,1% del primer borrador. Lo malo es el comentario que se hace en el sentido de que una menor apuesta por las tecnologías más caras podría rebajar ese peso. La idea de que hay renovables buenas y renovables malas es un mensaje implícito tanto en el cuadro de fechas de competitividad por tecnologías como en el análisis de costes. No es extraño, pues es un punto de vista que se ha reflejado en numerosas declaraciones de alguna importante compañía eléctrica, como también de alguna fuerza política.
El ahorro de energía y una mayor cuota de renovables y su más próxima competitividad suponen un cambio en el modelo energético actual basado en las fuentes convencionales como el petróleo, el gas, el carbón y la nuclear, que concita y explica todas las resistencias del monopolio eléctrico y de los organismos reguladores que han sostenido y sostienen un sistema derrochador, contaminante y caro para el consumidor. La inviabilidad económica, ambiental y social de esas fuentes va a alumbrar ese cambio y el PER 2011-2020 debería anticiparlo y no retrasarlo.