Aprobado en el último Consejo de Ministros del año

Ante un ritmo de resolución de AACs para los proyectos eólicos que estaba siendo más lento del necesario para cumplir con los hitos establecidos en la legislación, para la Asociación Empresarial Eólica (AEE), la prórroga de 6 meses adicionales para su obtención "es una ayuda importante para reducir el riesgo de que proyectos maduros pierdan el permiso de acceso por no llegar a tiempo".

Adicionalmente, la ampliación del hito final para la obtención de la autorización administrativa de explotación (AAE) "es coherente y necesaria para permitir procesos de financiación y construcción en mejores condiciones para la cadena de valor, sin presiones temporales que pudieran generar distorsiones en precios o mayores riesgos financieros", considera la patronal eólica. Y explican: "con esta ampliación, además, se evita que los proyectos que han venido siendo paralizados por decisiones judiciales - las cuales están siendo anuladas por el Tribunal Supremo -, como es el caso de más de 207 MW eólicos paralizados en Galicia, corran el riesgo de perder su acceso a la red si no cumplen el hito final anteriormente vigente. Para estos proyectos el contador temporal para cumplir el hito no se había parado, pero sí su avance y construcción. En justicia, se les da un mayor plazo para que se puedan reincorporar a la normalidad sin presiones adicionales a las ya vividas tras las paralizaciones cautelares sufridas y finalmente superadas. En este punto, además, se garantiza que aquella industria que ya había firmado contratos a largo plazo (PPAs) con estas instalaciones pueda seguir contando con ellas como suministradores de electricidad competitiva".

También consideran positivo que no se le revoque el permiso de acceso a la red a los promotores de proyectos que hayan terminado su instalación en tiempo y forma, aunque las subestaciones de transporte o distribución donde se tienen que conectar no se hubiesen terminado a tiempo.

Con respecto a la eólica marina, la ampliación hasta 9 años del plazo de validez de los permisos de acceso lo califican de "coherente con las expectativas de tramitación de estos proyectos, la complejidad de los mismos al tratarse de tecnología flotante y la especificidad del mercado eólico marino en España". Disponer de este mayor plazo para poder desarrollar los proyectos, permitirá  a los promotores, a juicio de la asociación, "comenzar a desarrollar con tiempo los mismos y poder incluso decidir entre cuál de las subastas del futuro calendario se encuentra la más adecuada a sus intereses".

Disponer de más plazo para la puesta en marcha de los parques eólicos, desde el punto de vista de la industria eólica ubicada en nuestro país, tiene un efecto de reducción de la presión en la cadena de suministro, que permite reducir la inflación de precios de materias primas y componentes. La situación vigente hasta la fecha implicaba unos riesgos elevados en plazos y costes, que estaban siendo aprovechados por los competidores asiáticos para desembarcar en el mercado europeo. De este modo, se ayuda a la industria europea a competir en un escenario más justo y equilibrado. En este punto es necesario configurar un escenario del permitting que permita maximizar los encargos a la industria europea a la vez que apuesta por aquellos proyectos maduros con visos de llevarse a cabo, evitando prácticas que no aporten valor añadido al desarrollo de la eólica. En este sentido, la aprobación de la posibilidad de establecer hasta un máximo de un 30% de ponderación en las subastas de energía de criterios de adjudicación no económicos es una importante contribución para alcanzar los objetivos del recientemente publicado Paquete Europeo sobre Energía Eólica (Wind Power Action Plan).

En cualquier caso, advierten que el contingente de proyectos que cada año se van a tener que tramitar es enorme, lo que obliga a actuar con eficiencia de esfuerzos. Por ello, el sector eólico anima a dar un paso más e implementar mecanismos adicionales que garanticen que los esfuerzos en la tramitación por parte de las Administraciones públicas se destinan a aquellos proyectos maduros que tienen por objetivo final ser construidos y puestos en operación, impidiendo favorecer aquellas prácticas especulativas que no aportan valor añadido, de manera que los tiempos de tramitación sean los establecidos en la recientemente actualizada Directiva de Renovables de la UE.

En este sentido, el mecanismo de ordenación de la entrada de proyectos contemplado en el RDL 8/2023, por el cual los promotores tienen que indicar en qué semestre van a conectar su instalación a la red para obtener una prolongación de hasta 3 años de su hito de AAE, "es una herramienta útil para acoplar el ritmo de instalación de nuevas instalaciones renovables con el necesario aumento de la demanda eléctrica que pueda venir por nuevas instalaciones industriales de gran consumo eléctrico o el relanzamiento de existentes, aunque podría haber contemplado condiciones adicionales para asegurar la madurez de los proyectos".